Afirmó que embajadas y consulados se esfuerzan en tener una alta participación

El ministro Borrell repasa el sistema de voto rogado con miembros de la Comisión Constitucional del Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha mantenido este miércoles una reunión con diputados de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados responsables de la reforma de la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

El ministro Borrell repasa el sistema de voto rogado con miembros de la Comisión Constitucional del Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha mantenido este miércoles una reunión con diputados de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados responsables de la reforma de la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). El encuentro ha tenido como objetivo poner de manifiesto el papel que este Ministerio ha venido jugando en el procedimiento de voto para los ciudadanos españoles que se encuentran en el exterior.

El ministro ha repasado el actual sistema vigente de voto rogado en el que las embajadas y consulados juegan un papel muy relevante. Según la normativa electoral, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene encomendadas una serie de actuaciones para el voto de los españoles que residen habitualmente en el extranjero y los que se encuentran fuera de España temporalmente. En este sentido, recordó el especial esfuerzo de organización interna, información a la colonia, aperturas excepcionales y gestiones realizadas ante las autoridades locales responsables de los servicios de correos.

Josep Borrell insistió en que las embajadas y consulados se esfuerzan en posibilitar que la cifra de participación sea lo más alta posible. Sin embargo, el sistema de voto rogado y la actual legislación imponen unos plazos muy ajustados y una gran dependencia de los servicios postales extranjeros.

El ministro ha ofrecido toda la colaboración de este Ministerio en el proceso de reforma legislativa y ha señalado el interés compartido por conseguir un nivel de participación significativamente más elevado que el actual de los cerca de 2,1 millones de ciudadanos españoles que tienen derecho al voto en el extranjero.