El Consulado General en Caracas realizó un acto de concienciación contra la Violencia de Género

| 02 Diciembre 2019 - 13:57 h.
Parte de los participantes en este reivindicativo acto.
Parte de los participantes en este reivindicativo acto.

En el Día Internacional contra la Violencia de Género, el Consulado General de España en Caracas realizó un acto de conmemoración y de concienciación el pasado 25 de noviembre, presidido por el cónsul general, Juan José Buitrago de Benito, y con presencia de sociedad civil venezolana. 

En el acto estuvieron presentes los cónsules adjuntos, Julio Navas López y Mario Crespo Ballesteros; la canciller Marina Álvarez Fidalgo; e Isolda Elena Heredia de Salvatierra, coordinadora general del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, personal del Consulado General y público presente.

El cónsul general recordó que en casos de violencia de género el Consulado General puede ayudar, dando paso a la canciller del Consulado, Marina Álvarez Fidalgo, quien dio lectura a una declaración del Gobierno de España con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, interviniendo también la coordinadora general del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

El comunicado expresaba que: “Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia hacia las mujeres por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres”.

“Este año 2019 se celebran 40 años de la aprobación de la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que España ratificó en 1984, y que insta a los Estados a adoptar políticas y medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. También en el ámbito de Naciones Unidas, España apoya el mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y apoya las resoluciones sobre la materia adoptadas en el consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas”.

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York, contempla la igualdad de género entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5) y, entre sus metas, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”. 

“En diciembre de 2019 se cumplirán 15 años de la aprobación, por unanimidad por el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que representa un hito en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. Una ley pionera en el mundo que ha convertido a España en un referente a nivel internacional. Por primera vez, un instrumento normativo aborda la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar abarcando tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, incluyendo la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, como la respuesta punitiva ante las manifestaciones de violencia. La citada ley orgánica proporciona una respuesta legal global que abarca tanto las normas procesales, mediante la creación de nuevas instancias como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, como las normas sustantivas penales y civiles, incluyendo aspectos relativos a la formación de los todos los agentes, sanitarios, policiales y jurídicos, encargados de atender y proteger a las víctimas”.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas y de la existencia de normas a nivel internacional, nacional y regional que garantizan el principio de igualdad de género y la prohibición de cualquier acto de violencia basado en el género, aún existe una brecha entre los principios consagrados en dichas normas y la práctica, entre la igualdad de género legal y la real y efectiva. Pese a los esfuerzos realizados hasta ahora, la violencia contra las mujeres persiste hoy en día. En España, en 2019, se ha alcanzado la trágica cifra de más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003. Una violencia que se ha cobrado la vida de 1.027 mujeres y, desde 2013, de 34 niños y niñas menores, como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres, y que, asimismo, ha dejado huérfanos a 275 menores por el asesinato de sus madres”.

“Por ello, es necesario seguir impulsando medidas que permitan prevenir la violencia contra las mujeres, en España y fuera de nuestras fronteras, fomentando la educación en valores de igualdad y respeto desde las etapas más tempranas, la coeducación de las niñas y niños en todas las etapas educativas, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y mejorar los recursos de asistencia y protección a las víctimas, incluyendo a aquellas víctimas españolas que residen en el extranjero, garantizándoles la mejor respuesta institucional ante las situaciones de violencia. Ello exige el compromiso total y global del Gobierno de España, de las instituciones, de las administraciones territoriales y de toda la sociedad en el desarrollo de estas acciones”. 

“Ante el reto de lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres todos tenemos una gran responsabilidad. Administraciones públicas, profesionales de los ámbitos de la seguridad, la justicia, la educación, los servicios sociales y sanitarios, empresas, asociaciones de mujeres, medios de comunicación y, en general, la sociedad civil en su conjunto, tenemos la misión de acompañar a las víctimas y de manifestar nuestro más absoluto rechazo a las actitudes violentas. Para ello, contamos con un instrumento integrador como es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reflejo del consenso social y político en torno a la necesidad de que la lucha contra la violencia contra las mujeres sea un asunto prioritario en la agenda política con el fin de garantizar de forma efectiva el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, sin los cuales no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática”.

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