EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL COMPARECIÓ EN EL CONGRESO

Carlos Granados recuerda que el voto telemático puede ser una de las soluciones para los votantes del exterior

| 08 Junio 2017 - 14:19 h.
Carlos Granados, durante su comparecencia en el Congreso.
Carlos Granados, durante su comparecencia en el Congreso.

El presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, ha comparecido este miércoles en la Comisión Anticorrupción del Congreso de los Diputados, donde ha recordado que el organismo arbitral que preside elaboró una serie de posibles soluciones para superar los problemas que genera el voto rogado, entre ellas la de introducir el uso del voto telemático para el voto CERA.

Durante su intervención, Granados ha puesto en valor algunas de las mejoras que se han introducido en la Ley Electoral, que data de 1985, si bien se ha detenido en la reforma de 2011 que reguló el voto de los españoles en el exterior (CERA) y el de los residentes temporales ausentes (ERTA), dado los problemas que se han planteado desde su implantación.

 

Financiación de los partidos

El presidente de la JEC también ha abogado por que el organismo arbitral y las juntas provinciales se desvinculen del control de la financiación electoral de los partidos durante los cien días posteriores a los comicios.

Según ha explicado, aunque en España el examen de los gastos electorales corresponde al Tribunal de Cuentas, éste lo lleva a cabo cien días después de los comicios, que es el plazo máximo que tienen las fuerzas políticas para presentar su contabilidad.

Granados considera que estas previsiones legales resultan “poco coherentes” porque los miembros de la JEC (en su mayoría magistrados del Supremo) no tienen una dedicación plena y porque su personal es “muy reducido”, y porque, además, las juntas electorales provinciales no tienen carácter “permanente” y sólo trabajan en el periodo electoral.

Por ello, el presidente de la JEC ha insistido en que ve “inviable” que las juntas electorales puedan llevar a cabo esa labor de control y, además, apunta que resulta “paradójico” que se les asigne esa competencia cuando quien se encarga de fiscalizar la contabilidad y gastos electorales de los partidos es el Tribunal de Cuentas, que cuenta, según ha remarcado, “con amplios medios y recursos”.

A su juicio, tiene “escaso sentido” esa separación de funciones. “La lógica dice que quien tiene que fiscalizar los gastos de las formaciones políticas sea la institución que más medio tiene para ello”, ha señalado Granados, sugiriendo que podría plantearse la atribución al Tribunal de Cuentas de todas las funciones que la Ley Electoral confiere en materia de gastos electorales.

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