20 años del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Con el vencimiento del V Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que comenzó siendo Consejo General de la Emigración (CGE), se cumplen veinte años –un poco más, fue creado en 1990– de existencia de este órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que en su recorrido ha conocido a cuatro presidentes electos: Pedro Lagares, José Luis Rodríguez Pardo, José Manuel Castelao Bragaña y Francisco Ruiz, por orden cronológico –los dos últimos habían sido previamente consejeros generales de la Emigración por sus países de residencia, Argentina y Suiza, respectivamente– y un primer presidente en funciones, el secretario de Estado Segismundo Crespo, en sus comienzos.
Sus integrantes representan a los españoles residentes en el extranjero, elegidos de entre los miembros de los Consejo de Residentes Españoles en ciudades de los cinco continentes; a las federaciones de asociaciones de emigrantes con mayor representatividad, a las principales organizaciones empresariales y sindicales, a las comunidades autónomas españolas y a los departamentos de la Administración pública con competencias que repercuten en el ámbito migratorio, en especial a los ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores, que ocupan sus dos vicepresidencias y la Secretaría General.
Desde que se creó el CGCEE –entonces CGE– el número de españoles inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) –que registra a los electores españoles que están en el extranjero–, ha pasado de 201.353 en 1991 a 1.477.446 a 1 de agosto de 2011, lo que supone un incremento de más del 733%. El Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) sólo entre enero de 2009 y enero de 2011 ha pasado de 1.471.691 a 1.702.778 censados, lo que supone un incremento del 16% en dos años.
La normativa básica que fregula al CGCEE, constituida por el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, y el Reglamento de funcionamiento, aprobado por el II Pleno del V Mandato del Consejo, atribuyen al Consejo, entre otras, la función de “ser informado de la actuación de los órganos de la Administración competentes en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y retornados” y le concede el derecho a solicitar audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación del colectivo al que representa.
Este derecho se plasma en el Informe que la Dirección General de la Ciudanía Española en el Exterior elabora, bajo el nombre de Informa de la Secretaría, para entregar a los consejeros que asisten a cada Pleno. En él se detallan las actuaciones del Ministerio en beneficio de la ciudadanía española en el exterior en orden a la prestación por razón de necesidad (41.000 beneficiarios en 2010), asistencia sanitaria (22.500 beneficiarios), pensiones a ‘niños de la Guerra’ (2.300 perceptores), ayudas asistenciales extraordinarias (1.675 concesiones) o los más de 18 millones de euros otorgados a unos 13.500 beneficiarios en el marco de los Programas de Subvenciones convocados en el ejercicio 2011. Son significativas en este marco las cifras de las Becas ‘Reina Sofía’ (100 becas por importe total de 500.000 euros) o las que tienen como finalidad promover el asociacionismo de jóvenes (175.000 euros para 37 acciones) y mujeres (340.000 euros para 37 acciones).
En cuanto al derecho a solicitar audiencia a las Cortes Generales, el CGCEE lo ha ejercido varias veces ante el Congreso de los Diputados en este mandato, ante la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que restringió y modificó las condiciones de voto de los residentes en el exterior, pero sin conseguir la deseada audiencia.
Logros
A lo largo de su andadura, el CGCEE ha producido multitud de resoluciones sobre muy diversos temas que afectan a la emigración y ha tenido la satisfacción de importantes logros, como el reconocimiento de las pensiones asistenciales para los españoles que residen en el exterior –España es el único país que exporta estas prestaciones–, el incremento del CERA con el volcado de los Libros de Matrícula Consular, las prestaciones sanitarias, las Aulas de Lengua y Cultura Española y programas de formación y el más reciente Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Las pensiones asistenciales supusieron un hito por el hecho en sí y por la forma de conseguirlo, que marcó la manera de actuar del Consejo. Se consideró una actuación prioritaria tanto por parte de los consejeros por países de América, donde realmente existía la necesidad –“se nos están muriendo nuestros mayores en América por necesidades que no pueden cubrir”, urgieron–, como por la de los países europeos, donde las necesidades eran otras pero reconocieron aquella como prioritaria.
La petición la habían cursado al entonces presidente del Gobierno Felipe González, que les recibía con ocasión de un pleno. Los consejeros habían hecho una estimación del coste que supondría la prestación para, en aquel momento, un número de destinatarios muy concreto, pero a su paso por distintos estamentos administrativos se había ido aumentando hasta llegar al presidente multiplicada por tres. Los consejeros sacaron de su error al presidente, que aceptó poner en marcha esta medida si se confirmaban sus cifras. Al acabar la audiencia los consejeros repasaron sus cuentas, que enviaron a González ese mismo día a La Moncloa y quince días después estaba firmado el Decreto que creaba estas prestaciones y que González no tuvo tiempo de aplicar, por el cambio de Gobierno, de forma que fue puesto en práctica por el Gobierno del PP, recuerda el consejero general por CC OO Luis Lamiel.
Muchos representantes de la emigración han tenido un largo recorrido en el Consejo pero Lamiel es el único que está como consejero titular desde el principio y que no ha faltado a ninguno de sus plenos. En el I y II Mandato fue consejero titular por Suiza, país en el que residió durante muchos años, y en los siguientes, ya retornado, como representante del sindicato CC OO.
En su historia, el CGCEE ha sido recibido varias veces por el Rey y el correspondiente presidente del Gobierno y ha celebrados sus sesiones en varias comunidades autónomas que le invitaron a ello –Galicia lo ha acogido en varias ocasiones– pero la comunidad de referencia para los plenos ha sido la de Madrid, por ser donde se halla la sede de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, a la que está adscrito. Ha sido visitado con frecuencia por el correspondiente titular del Ministerio de Trabajo y una sola vez por un presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El V Mandato
El actual mandato del Consejo, el quinto desde la puesta en marcha de este órgano en 1990, se inició en septiembre de 2007 y finaliza justo con el pleno que se celebra esta semana en Madrid, los días 21 y 22 de septiembre de 2011.
Éste ha sido un mandato significativo por ser el primero tras la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ECEE), por Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que supera conceptual y terminológicamente el concepto tradicional de emigrante e introduce el más amplio de ciudadanía en el exterior, a la que equipara en derechos y deberes con los españoles residentes en el territorio nacional.
También es el mandato en el que se ha promulgado la llamada Ley de la Memoria Histórica, con el reconocimiento de la nacionalidad a los hijos y nietos de la emigración y su impacto en la multiplicación de nuevos ciudadanos españoles en el exterior, que se suma a otras modificaciones anteriores en esta materia para facilitar la recuperación y la opción a la nacionalidad española de los emigrantes y sus descendientes.
Al amparo de la Ley de la Memoria Histórica, según los datos facilitados por el Gobierno, a 1 de abril de 2011 se habían presentado 321.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional 7º de la Ley, de la que ya se habían aprobado a esa fecha casi 190.000 y expedido más de 125.000 pasaportes.
Desde el punto de vista interno, este mandato ha sido también el que ha proporcionado al Consejo, a través del Real Decreto 230/2008, una nueva mecánica de funcionamiento, en cuanto a la presentación, análisis, debate y seguimiento de las propuestas y acuerdos, tratando de agilizar y dar más profundidad a su forma de trabajar.
Una de las principales modificaciones consistió en la creación de una Comisión Permanente, que recibe y estudia las propuestas de los consejeros generales durante todo el año y adopta las primeras decisiones en cuanto a su aceptación, traslado a las administraciones públicas correspondientes o envío para debate a la comisión delegada que le corresponda según la materia que trate –el CGCEE tiene en estos momentos cuatro comisiones delegadas de: Asuntos Educativos y Culturales, Asuntos Sociolaborales, Derechos Civiles y Participación y de Jóvenes y Mujeres–.
El mandato ha tenido también una gran decepción: la modificación de la Loreg que excluyó a los residentes en el exterior de las elecciones municipales que se celebren en España –antes podían hacerlo previa solicitud del voto– y les impuso la solicitud del voto para los restantes comicios, para los que recibían la documentación de oficio.
Durante mucho tiempo los representantes de la ciudadanía española en el exterior y sus organizaciones en distintos países volcaron sus esfuerzos en impedir que se produjese esta reforma, que oscureció en parte la satisfacción que tuvieron con la promulgación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, la primera ley de la democracia dirigida específicamente a este colectivo.
Sus integrantes representan a los españoles residentes en el extranjero, elegidos de entre los miembros de los Consejo de Residentes Españoles en ciudades de los cinco continentes; a las federaciones de asociaciones de emigrantes con mayor representatividad, a las principales organizaciones empresariales y sindicales, a las comunidades autónomas españolas y a los departamentos de la Administración pública con competencias que repercuten en el ámbito migratorio, en especial a los ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores, que ocupan sus dos vicepresidencias y la Secretaría General.
Desde que se creó el CGCEE –entonces CGE– el número de españoles inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) –que registra a los electores españoles que están en el extranjero–, ha pasado de 201.353 en 1991 a 1.477.446 a 1 de agosto de 2011, lo que supone un incremento de más del 733%. El Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) sólo entre enero de 2009 y enero de 2011 ha pasado de 1.471.691 a 1.702.778 censados, lo que supone un incremento del 16% en dos años.
La normativa básica que fregula al CGCEE, constituida por el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, y el Reglamento de funcionamiento, aprobado por el II Pleno del V Mandato del Consejo, atribuyen al Consejo, entre otras, la función de “ser informado de la actuación de los órganos de la Administración competentes en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y retornados” y le concede el derecho a solicitar audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación del colectivo al que representa.
Este derecho se plasma en el Informe que la Dirección General de la Ciudanía Española en el Exterior elabora, bajo el nombre de Informa de la Secretaría, para entregar a los consejeros que asisten a cada Pleno. En él se detallan las actuaciones del Ministerio en beneficio de la ciudadanía española en el exterior en orden a la prestación por razón de necesidad (41.000 beneficiarios en 2010), asistencia sanitaria (22.500 beneficiarios), pensiones a ‘niños de la Guerra’ (2.300 perceptores), ayudas asistenciales extraordinarias (1.675 concesiones) o los más de 18 millones de euros otorgados a unos 13.500 beneficiarios en el marco de los Programas de Subvenciones convocados en el ejercicio 2011. Son significativas en este marco las cifras de las Becas ‘Reina Sofía’ (100 becas por importe total de 500.000 euros) o las que tienen como finalidad promover el asociacionismo de jóvenes (175.000 euros para 37 acciones) y mujeres (340.000 euros para 37 acciones).
En cuanto al derecho a solicitar audiencia a las Cortes Generales, el CGCEE lo ha ejercido varias veces ante el Congreso de los Diputados en este mandato, ante la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que restringió y modificó las condiciones de voto de los residentes en el exterior, pero sin conseguir la deseada audiencia.
Logros
A lo largo de su andadura, el CGCEE ha producido multitud de resoluciones sobre muy diversos temas que afectan a la emigración y ha tenido la satisfacción de importantes logros, como el reconocimiento de las pensiones asistenciales para los españoles que residen en el exterior –España es el único país que exporta estas prestaciones–, el incremento del CERA con el volcado de los Libros de Matrícula Consular, las prestaciones sanitarias, las Aulas de Lengua y Cultura Española y programas de formación y el más reciente Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Las pensiones asistenciales supusieron un hito por el hecho en sí y por la forma de conseguirlo, que marcó la manera de actuar del Consejo. Se consideró una actuación prioritaria tanto por parte de los consejeros por países de América, donde realmente existía la necesidad –“se nos están muriendo nuestros mayores en América por necesidades que no pueden cubrir”, urgieron–, como por la de los países europeos, donde las necesidades eran otras pero reconocieron aquella como prioritaria.
La petición la habían cursado al entonces presidente del Gobierno Felipe González, que les recibía con ocasión de un pleno. Los consejeros habían hecho una estimación del coste que supondría la prestación para, en aquel momento, un número de destinatarios muy concreto, pero a su paso por distintos estamentos administrativos se había ido aumentando hasta llegar al presidente multiplicada por tres. Los consejeros sacaron de su error al presidente, que aceptó poner en marcha esta medida si se confirmaban sus cifras. Al acabar la audiencia los consejeros repasaron sus cuentas, que enviaron a González ese mismo día a La Moncloa y quince días después estaba firmado el Decreto que creaba estas prestaciones y que González no tuvo tiempo de aplicar, por el cambio de Gobierno, de forma que fue puesto en práctica por el Gobierno del PP, recuerda el consejero general por CC OO Luis Lamiel.
Muchos representantes de la emigración han tenido un largo recorrido en el Consejo pero Lamiel es el único que está como consejero titular desde el principio y que no ha faltado a ninguno de sus plenos. En el I y II Mandato fue consejero titular por Suiza, país en el que residió durante muchos años, y en los siguientes, ya retornado, como representante del sindicato CC OO.
En su historia, el CGCEE ha sido recibido varias veces por el Rey y el correspondiente presidente del Gobierno y ha celebrados sus sesiones en varias comunidades autónomas que le invitaron a ello –Galicia lo ha acogido en varias ocasiones– pero la comunidad de referencia para los plenos ha sido la de Madrid, por ser donde se halla la sede de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, a la que está adscrito. Ha sido visitado con frecuencia por el correspondiente titular del Ministerio de Trabajo y una sola vez por un presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El V Mandato
El actual mandato del Consejo, el quinto desde la puesta en marcha de este órgano en 1990, se inició en septiembre de 2007 y finaliza justo con el pleno que se celebra esta semana en Madrid, los días 21 y 22 de septiembre de 2011.
Éste ha sido un mandato significativo por ser el primero tras la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ECEE), por Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que supera conceptual y terminológicamente el concepto tradicional de emigrante e introduce el más amplio de ciudadanía en el exterior, a la que equipara en derechos y deberes con los españoles residentes en el territorio nacional.
También es el mandato en el que se ha promulgado la llamada Ley de la Memoria Histórica, con el reconocimiento de la nacionalidad a los hijos y nietos de la emigración y su impacto en la multiplicación de nuevos ciudadanos españoles en el exterior, que se suma a otras modificaciones anteriores en esta materia para facilitar la recuperación y la opción a la nacionalidad española de los emigrantes y sus descendientes.
Al amparo de la Ley de la Memoria Histórica, según los datos facilitados por el Gobierno, a 1 de abril de 2011 se habían presentado 321.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional 7º de la Ley, de la que ya se habían aprobado a esa fecha casi 190.000 y expedido más de 125.000 pasaportes.
Desde el punto de vista interno, este mandato ha sido también el que ha proporcionado al Consejo, a través del Real Decreto 230/2008, una nueva mecánica de funcionamiento, en cuanto a la presentación, análisis, debate y seguimiento de las propuestas y acuerdos, tratando de agilizar y dar más profundidad a su forma de trabajar.
Una de las principales modificaciones consistió en la creación de una Comisión Permanente, que recibe y estudia las propuestas de los consejeros generales durante todo el año y adopta las primeras decisiones en cuanto a su aceptación, traslado a las administraciones públicas correspondientes o envío para debate a la comisión delegada que le corresponda según la materia que trate –el CGCEE tiene en estos momentos cuatro comisiones delegadas de: Asuntos Educativos y Culturales, Asuntos Sociolaborales, Derechos Civiles y Participación y de Jóvenes y Mujeres–.
El mandato ha tenido también una gran decepción: la modificación de la Loreg que excluyó a los residentes en el exterior de las elecciones municipales que se celebren en España –antes podían hacerlo previa solicitud del voto– y les impuso la solicitud del voto para los restantes comicios, para los que recibían la documentación de oficio.
Durante mucho tiempo los representantes de la ciudadanía española en el exterior y sus organizaciones en distintos países volcaron sus esfuerzos en impedir que se produjese esta reforma, que oscureció en parte la satisfacción que tuvieron con la promulgación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, la primera ley de la democracia dirigida específicamente a este colectivo.
