El PP gallego presenta una iniciativa para que el Gobierno central aborde la batería de problemas que afectan a los residentes en el exterior

El Grupo Popular de Galicia acaba de presentar en la Mesa del Parlamento gallego una proposición no de ley para que la Xunta inste al Gobierno de España a tomar cartas en los cuatro principales asuntos que afectan a los españoles del exterior: la eliminación del voto rogado; la concesión de la nacionalidad a los descendientes de españoles en el exterior en aquellos supuestos que quedaron fuera de la Ley de memoria histórica; la eliminación de las ayudas a los centros y la celebración de elecciones a los CRE.

En el primer punto, y pese a la luz verde del Congreso para que se comience a tramitar la proposición de Ley presentada por PSOE y Podemos sobre la reforma del voto rogado, reitera la necesidad de establecer un sistema de voto para los inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) que ofrezca las mismas garantías que tienen los residentes en el territorio. Al respecto, recuerdan que, un año después de la implantación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), este grupo ya comenzó a reclamar al Gobierno de España la modificación de esta norma para la eliminación del voto rogado.

Ampliación de la nacionalidad

En un segundo punto, se pide avanzar en la modificación de la normativa de nacionalidad, con el fin de que “puedan acceder a este derecho todos aquellos descendientes residentes en el exterior que fueron privados” de la nacionalidad española “por causas injustas o discriminatorias”. Es decir, los que por una u otra razón no expresaron su voluntad de conservarla; los descendientes de mujeres que no pudieron transmitirla con anterioridad a 1978; los mayores de 18 años que precisamente por su mayoría de edad no pudieron ser inscritos por sus progenitores al amparo del proceso extraordinario de la Ley de memoria histórica, lo que causa diferencias entre hermanos de una misma familia, entre otros supuestos que quedaron al margen de esta ley.

Sobre este asunto, el Gobierno ha echado para atrás el pasado mes de febrero las enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y ERC para ampliar los supuestos de concesión de la nacionalidad española a la colectividad en el exterior por considerar que supondría un incremento en gastos de personal de los presupuestos que el Gobierno no parece dispuesto a asumir.

Según reza en el escrito que el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática remitió a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, “la necesidad de dar cobertura en medios materiales y personales a la tramitación de nuevas solicitudes de opción de la nacionalidad española por las personas beneficiarias” de esta medida llevaría implícito la incorporación de 79 nuevas contrataciones en oficinas consulares, para lo que habría que disponer de más de 1,4 millones de euros, así como de tres cónsules adjuntos en México, Buenos Aires y La Habana, con un coste adicional de 529.398 euros. En total, habría que destinar 1.963.570 euros para atender a los demandantes que, suponen, sería un número similar al de los que pidieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley de memoria histórica, que ascendieron a 467.855 personas.

Ayudas a las entidades españolas

Un tercer apartado se refiere a las ayudas a las entidades españolas del exterior por parte del Gobierno central, con las que se está incurriendo en “discriminación y abandono de los españoles en el exterior”, según el texto de los populares gallegos, que piden que se vuelvan a convocar, reforzando las partidas, “especialmente aquellas de carácter social, así como las destinadas a personas en situación de necesidad”. Al respecto, consideran que su situación se vio “en muchos casos agravada con la pandemia del Covid-19”, por lo que piden, además, se atiendan también aquellos casos de necesidad que no se engloban en las Prestaciones por Razón de Necesidad garantizadas en la Ley.

La proposición incide en la “eliminación de casi la totalidad de las ayudas a entidades y personas del exterior” por parte del Ejecutivo en la presente legislatura, así como en los “continuos pasos que está dando” para reducir o hacer desaparecer “la representación de los españoles del exterior en los órganos sectoriales consultivos”, en referencia al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Elecciones a los CRE

Un último apartado en el que inciden tiene que ver con las elecciones a los CRE (Consejos de Residentes Españoles), que están siendo cuestionadas por buena parte de la colectividad, ya que la pandemia puede agravar todavía más la escasa participación para concurrir a esas elecciones. El PP de Galicia propone en este caso “el aplazamiento” de los comicios hasta que “existan condiciones de garantía sanitaria adecuadas”. Como argumento esgrimen, por una parte, que debe garantizarse el derecho de voto de todos los españoles convocados, y, por otra, asegurar una representación adecuada en unas elecciones “al máximo órgano consultivo del Gobierno de España en materia de emigración”. La baja participación podría suponer “que no se pudieran constituir CRE en muchos países del mundo, lo que supondría una falta de representación”.

La proposición no de ley fue presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pedro Puy, por iniciativa de los diputados Raquel Arias, Marisol Díaz, José Antonio Armada, Alberto Pazos, Noelia Pérez, Paula Prado, José Manuel Rey Varela y Ana Belén García.