SE PRETENDE ACONSEJARLES SOBRE SUS DERECHOS COMO “COLECTIVO VULNERABLE” DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Emigración y el Instituto Galego de Consumo asesoran al inmigrante
El secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, y la presidenta del Instituto Galego de Consumo, Nava Castro, firmaron este martes un acuerdo de colaboración destinado al colectivo inmigrante en materia de consumo para el desarrollo de actuaciones informativas, formativas y de orientación.
El secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, y la presidenta del Instituto Galego de Consumo, Nava Castro, firmaron este martes un acuerdo de colaboración destinado al colectivo inmigrante en materia de consumo para el desarrollo de actuaciones informativas, formativas y de orientación.
El objetivo del convenio -que se extiende a lo largo del último trimestre de 2009- es asesorar a la población extracomunitaria de los procedimientos existentes para el cumplimiento de sus derechos como consumidores y usuarios, y como “colectivo vulnerable”, en la resolución de conflictos cotidianos más frecuentes a los que se enfrentan, especialmente en lo referido al reenvío de remesas, otros servicios bancarios o contratación telefónica.
A través de cuatro foros formativos –en las localidades de Ribeira, Lugo, Sanxenxo y Ribadavia- se tratará de impulsar la adaptación de la población extranjera extracomunitaria a los hábitos de consumo y al conocimiento del mercado en Galicia para favorecer, así, su integración social.
Así mismo, se darán a conocer al colectivo las vías de reclamación y denuncia para exigir el cumplimiento satisfactorio del servicio al que, como consumidor y usuario, tiene derecho.
El inmigrante cuando llega a Galicia, lo primero con lo que se encuentra, en la mayoría de los casos, es con la necesidad de superar las barreras culturales e idiomáticas. A esta realidad, ha de sumarse un proceso de adaptación a prácticas comerciales distintas, que supone, un necesario conocimiento de sus nuevos derechos como consumidores y usuarios.
El alquiler de la vivienda, contratación de viajes, servicios financieros, compras financiadas, compras ‘on line’, son algunos de los distintos productos y servicios dirigidos de modo específico o preferente al colectivo, que puede considerarse, desde el punto de vista del consumo, como “vulnerable”.
Envío de dinero a la familia
Galicia cuenta hoy con 95.568 personas extranjeras. La crisis económica de los últimos 18 meses, repercutió negativamente en el mercado laboral, que en el caso de la población extranjera alcanzó una tasa de desempleo del 28,4%. En la actualidad 1.057.600 extranjeros se encuentran en paro, de los que más de 500.000 sobreviven sin ningún tipo de ayuda.
El grado de ‘bancarización’ de este colectivo aún no es muy alto: Sólo el 32% tiene la nómina domiciliada; sólo el 8,5% tiene concedido un préstamo; sólo el 25% tiene tarjeta de crédito.
El envío de remesas, aunque es un negocio atractivo para las entidades financieras, es también un enganche para ‘bancarizar’ una población que demanda de otros productos como cartillas de ahorro, medios de pago, hipotecas, préstamos personales, seguros de decesos y repatriaciones, entre otros.
Estadísticamente, en los dos primeros años de estancia la población inmigrante se centra en lograr un trabajo estable, con el fin de poder enviar dinero a la familia. Será a partir del quinto año de residencia cuando el colectivo comienza a contratar planes de pensiones, financiar estudios de sus hijos o solicitar préstamos hipotecarios –se estima que un 20% están hoy en esta situación-.
El objetivo del convenio -que se extiende a lo largo del último trimestre de 2009- es asesorar a la población extracomunitaria de los procedimientos existentes para el cumplimiento de sus derechos como consumidores y usuarios, y como “colectivo vulnerable”, en la resolución de conflictos cotidianos más frecuentes a los que se enfrentan, especialmente en lo referido al reenvío de remesas, otros servicios bancarios o contratación telefónica.
A través de cuatro foros formativos –en las localidades de Ribeira, Lugo, Sanxenxo y Ribadavia- se tratará de impulsar la adaptación de la población extranjera extracomunitaria a los hábitos de consumo y al conocimiento del mercado en Galicia para favorecer, así, su integración social.
Así mismo, se darán a conocer al colectivo las vías de reclamación y denuncia para exigir el cumplimiento satisfactorio del servicio al que, como consumidor y usuario, tiene derecho.
El inmigrante cuando llega a Galicia, lo primero con lo que se encuentra, en la mayoría de los casos, es con la necesidad de superar las barreras culturales e idiomáticas. A esta realidad, ha de sumarse un proceso de adaptación a prácticas comerciales distintas, que supone, un necesario conocimiento de sus nuevos derechos como consumidores y usuarios.
El alquiler de la vivienda, contratación de viajes, servicios financieros, compras financiadas, compras ‘on line’, son algunos de los distintos productos y servicios dirigidos de modo específico o preferente al colectivo, que puede considerarse, desde el punto de vista del consumo, como “vulnerable”.
Envío de dinero a la familia
Galicia cuenta hoy con 95.568 personas extranjeras. La crisis económica de los últimos 18 meses, repercutió negativamente en el mercado laboral, que en el caso de la población extranjera alcanzó una tasa de desempleo del 28,4%. En la actualidad 1.057.600 extranjeros se encuentran en paro, de los que más de 500.000 sobreviven sin ningún tipo de ayuda.
El grado de ‘bancarización’ de este colectivo aún no es muy alto: Sólo el 32% tiene la nómina domiciliada; sólo el 8,5% tiene concedido un préstamo; sólo el 25% tiene tarjeta de crédito.
El envío de remesas, aunque es un negocio atractivo para las entidades financieras, es también un enganche para ‘bancarizar’ una población que demanda de otros productos como cartillas de ahorro, medios de pago, hipotecas, préstamos personales, seguros de decesos y repatriaciones, entre otros.
Estadísticamente, en los dos primeros años de estancia la población inmigrante se centra en lograr un trabajo estable, con el fin de poder enviar dinero a la familia. Será a partir del quinto año de residencia cuando el colectivo comienza a contratar planes de pensiones, financiar estudios de sus hijos o solicitar préstamos hipotecarios –se estima que un 20% están hoy en esta situación-.
