Miranda reclama que el retorno sea una política de Estado para acompañar el esfuerzo de comunidades pioneras como Galicia
En su intervención, Rodríguez Miranda destacó que “el retorno debe ser una política de Estado”, especialmente ante la soledad que sufren las comunidades autónomas que, como Galicia, mantienen un compromiso sostenido y profundizo en este ámbito.
El secretario xeral defendió que la garantía de la eficacia de una estrategia de retorno debe basarse en la integridad de la atención y en el acompañamiento a las personas retornadas, así como en la transversalidad de la actuación de los poderes públicos, implicando de manera coordinada todas las áreas de gobierno.
Además, reivindicó una mayor implicación del Gobierno central que permita aumentar la efectividad del trabajo de las comunidades autónomas y de los recursos públicos que ya están siendo utilizados por gobiernos autonómicos como el de Galicia. Asimismo, Miranda recordó que el derecho al retorno se recoge en el artículo 42 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Galicia, y que debe ser traducido en políticas estatales concretas.
Compromiso de la Xunta con la comunidad gallega del exterior
Durante su intervención, Antonio Rodríguez Miranda expuso la experiencia gallega como modelo pionero y eficaz para fomentar el retorno y atraer talento del exterior. Subrayó que, solo en el año 2023, Galicia experimentó un saldo migratorio positivo de 25.738 personas, y que la nueva Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, “con un presupuesto de 450 millones de euros y cerca de 100 medidas”, busca facilitar el regreso de 30.000 gallegos.
El secretario xeral de Emigración hizo hincapié en la importancia de mantener un vínculo constante con la diáspora gallega, a través de programas como los ‘Conecta’, ‘Reencontros’ o ‘Escolas Abertas’, y gracias a una comunicación digital eficaz, que en 2024 consiguió más de medio millón de usuarios únicos en el portal GaliciaAberta y superó los 80.000 seguidores en las redes sociales.
Antonio Rodríguez Miranda concluyó pidiendo una visión conjunta y estatal del retorno: “Galicia ya demuestra con hechos que esta política tiene un impacto social y demográfico real. Ahora hace falta que el Estado asuma también su responsabilidad”.
