La Cámara gallega acuerda pedir al Gobierno que regularice la situación de los retornados afectados por los cobros de Hacienda

La Cámara gallega aprobó el pasado día 11 por unanimidad en sesión plenaria celebrada  en el Parlamento autonómico las propuestas de los socialistas gallegos en relación con el cobro de cantidades pendientes a los pensionistas retornados por parte de la Agencia Tributaria. Dichas propuestas se centran en solicitar al Gobierno central regularizar la situación de los pensionistas sin considerarlos como defraudadores fiscales, ofertando información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones fiscales; habilitar, en el caso de que tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias, periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente, para evitar un quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas, y eximir del pago de sanciones a aquellos pensionistas que regularicen su situación fiscal. También se pide que se revisen los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo puedan volver a producirse en el futuro y que se tengan en cuenta todos los criterios anteriores para estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunicadas.

La representante socialista, Carmen Gallego, denunció en la Cámara la “estrategia premeditada” que está llevando a cabo la Agencia Tributaria por orden del Gobierno central contra un grupo de personas que “no son millonarias”, sino que perciben poco más de 700 euros mensuales, repartidos en dos pagas: la que perciben del Estado español y la del extranjero, merced a acuerdos firmados en época franquista y ratificados posteriormente, en los que “no queda claro que tengan que pagar la doble imposición”, recordó Gallego. Como ejemplo, aludió a personas que están cobrando 53 euros mensuales de pensión por haber trabajado en Francia a las que la Hacienda estatal les reclama cantidades superiores a las que perciben.

En ese contexto, habla de falta de “información” y exige “justicia”, porque “nadie cree” que los perjudicados por la iniciativa de la Agencia Tributaria, que afecta sobre todo a retornados de Galicia y Andalucía, “se pusiesen de acuerdo para defraudar a la Hacienda pública”.

Ante esta situación, en su proposición no de ley, los socialistas, por iniciativa de seis de sus diputados, entre los que figura Carmen Gallego, exigían al Gobierno central que se facilite información para que los afectados sepan a qué atenerse; que se dispense un tratamiento homogéneo en las distintas oficinas de la Agencia Tributaria; que se les exima del pago de las sanciones y que no se cobre a los afectados los intereses de demora y que si se comprueba que tiene que pagar las cantidades que se les exige, se pueda hacer “en un plazo que no les ahogue”.

Las medidas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara gallega fueron respaldadas por el portavoz de los ‘populares’, Pedro Puy, quien dijo estar de acuerdo con las propuestas, excepto en lo que atañe a eximir del cobro de los intereses de demora, porque estos “vienen avalados por la ley”, dijo, lo que fue aceptado por la diputada socialista.

Los restantes grupos de la oposición (BNG y AGE), que también respaldaron la propuesta del PSdeG, se mostraron especialmente críticos con la actuación del Gobierno central al respecto y la calificaron de “estafa” y “robo a mano armada”.

“Nadie puede pensar que los retornados no quieren pagar impuestos” y la medida de la Agencia Tributaria está afectando a la “parte más débil de la sociedad”, dijo la diputada del BNG, Teresa Paz, quien aseguró que “Galicia necesita de una Agencia Tributaria propia que vele” por los “intereses” de los gallegos.

Por Alternativa Galega de Esquerda (AGE), José Javier Ron Fernández, acusó al Estado de intentar solucionar sus problemas económicos atacando a los pensionistas, “haciendo algo ilegal e injusto”, alegó, y acusó a los ‘populares’ gallegos de estar permitiendo esta situación que para lo único que sirve es para “cubrir los huecos de la banca o de los partidos políticos”.

Puy les respondió reprochándoles sus alusiones a la Agencia Tribuaria. “Que la Agencia Tributaria roba no se puede decir”, dijo, y matizó: “No se pueden decir cosas que afectan a la legitimidad del sistema”.