El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con familiares de españoles detenidos en Venezuela
El encuentro, en el que también participó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, José Manuel Albares, ocurre en un contexto de máxima fricción tras el asilo otorgado a Edmundo González Urrutia y las recurrentes acusaciones del Ejecutivo venezolano sobre supuestas tramas de magnicidio que involucran a ciudadanos extranjeros.
El caso de Moreno Dapena, detenido tras la interceptación de un buque de exploración científica, y el de los bilbaínos Basoa Valdovinos y Martínez Adasme, señalados de terrorismo, son solo la punta del iceberg de una realidad que afecta a otros once ciudadanos de doble nacionalidad.
Según datos de la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela asciende a 902, evidenciando una táctica de detenciones arbitrarias que España intenta combatir mediante canales diplomáticos que hoy lucen más estrechos que nunca.
Según la agencia de noticias española EFE, Pedro Sánchez prometió que su Ejecutivo agotará todas las instancias para revertir lo que organismos internacionales denuncian como una instrumentalización de la justicia para fines políticos.
