La Justicia de Países Bajos decreta el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht
España podría perder la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos si se lleva a efecto el embargo decretado por el Tribunal de Distrito de La Haya en relación con la deuda que el Gobierno español tiene contraída con un fondo de inversión de renovables japonés.
El inmueble, situado en el centro histórico de la localidad holandesa de Utrecht y valorado en unos 10 millones de euros, podría servir para satisfacer la reclamación que realizó el fondo Blasket Renewable Investiment, que deriva del caso Eurus Energy –filial del grupo Toyota–, al que España le adeuda alrededor de 100 millones de euros, tras el cambio de la normativa de retribuciones a las renovables que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en el año 2013 para hacer frente a la crisis que amenazó la estabilidad económica del país.
Un total de 27 acreedores tienen abiertas 50 demandas a España por este concepto y por una cuantía que superaba los 10.000 millones de euros. Tras una rebaja del 85%, quedó fijada en 2.309 millones. Las cantidades siguen sin satisfacerse pese a los laudos arbitrales favorables a los inversores extranjeros en materia de energías renovables que denunciaron a España en cortes de arbitraje internacionales.
Blasket Renewable Investiment solicitó ejecutar la sentencia en los Países Bajos y el Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el embargo sobre una propiedad española en territorio neerlandés para asegurar el cobro de la deuda.
La Administración española, que tiene neutralizadas casi el 99% de las multimillonarias reclamaciones presentadas por los recortes a las renovables, fue formalmente informada el pasado 20 de abril de la resolución del Tribunal neerlandés, sin que se aviniese a efectuar el pago de la cantidad reclamada.
El Gobierno español asegura que litigará en defensa de los intereses del país
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aseguró que España, como viene haciendo con las diversas denuncias de inversores afectados, se mantiene firme en la defensa de los intereses nacionales del país, por lo que se opondrá y litigará también en contra del embargo de un inmueble que está registrado a nombre del Instituto Español de Emigración y es propiedad del Estado español desde 1976.
Los acreedores consideran que al tratarse de un ente cultural que alberga eventos y conferencias, un eventual recurso por parte de la Administración española alegando inmunidad soberana sobre el edificio tendría escaso recorrido.
Otros activos susceptibles de embargo
Hasta 400 activos españoles en el extranjero son susceptibles de embargo por este concepto, y van desde buques de Navantia en Australia hasta el mismísimo ‘Falcon’ del presidente del Gobierno. También podría verse afectada la Selección Española de Fútbol para el Mundial que se jugará este verano en Estados Unidos, donde los tribunales han dado la razón a siete de las empresas acreedoras y le han reconocido a España una deuda de 688 millones de euros. Las últimas informaciones al respecto reconocen que un juez ha puesto el foco en todos los movimientos del equipo español con proveedores, patrocinadores y en alojamientos.
