Los residentes en el exterior piden la equiparación fiscal en arrendamientos, sucesiones y donaciones

El celebrado el pasado mes de mayo en Madrid (el V y último del VIII Mandato) volvió a incidir sobre esta cuestión con el fin de que se garantice la “igualdad de trato, la neutralidad tributaria y el cumplimiento del artículo 63 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la libre circulación de capitales”.

La propuesta 274, que formaba parte del total de 27 incluidas  en la Comisión de Derechos Civiles y Participación y que fue presentada por iniciativa de las representantes de República Dominicana, Qatar y EE UU, Ana Carolina Blanco, Nera Agúndez y Susana Martínez de Castro, respectivamente, trataba precisamente de modificar el marco normativo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), así como del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), con el fin de “equiparar el tratamiento fiscal de los españoles residentes en el exterior al de los residentes fiscales en España, con independencia de su país de residencia”.

Dicha propuesta persigue, en el caso de las rentas inmobiliarias (uso propio, alquiler y transmisión) permitir a los españoles no residentes deducir los mismos gastos que los contribuyentes del IRPF, aplicar la reducción general del 50% sobre el rendimiento neto y unificar los tipos impositivos, evitando que los españoles extracomunitarios tributen al 24% sin deducciones. Esta medida lograría equiparar el tratamiento fiscal de los españoles residentes en terceros países con el de los residentes en la UE/EEE en renta imputada, rendimientos del alquiler, ganancias patrimoniales y exención de reinversión en vivienda habitual.

En el supuesto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), se busca consolidar la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que garantizan la aplicación de las reducciones autonómicas a todos los no residentes, incluidos los extracomunitarios.

Como beneficios de la propuesta –que fue respaldada con el 87% de los miembros del Pleno– se habló de la equiparación efectiva de los españoles residentes en el exterior con los residentes en España en materia de arrendamientos e ISD; cumplimiento del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y alienación con la jurisprudencia del TJUE y del TS; reducción de la carga fiscal sobre el patrimonio y la renta generada en España; fomento de la inversión y el mantenimiento de bienes inmuebles, y seguridad jurídica para contribuyentes e instituciones tributarias.

El presidente de la Comisión, David Casarejos, quien recordó que en el actual mandato se analizaron un total de 111 propuestas sobre derechos civiles, se mostró partidario de “seguir machacando” para conseguir los objetivos de esta demanda que consiste en lograr “los mismos derechos” para los residentes en el exterior de que disfruta “cualquier ciudadano español”. Por su parte, la representante de República Dominicana aseguró que con esta propuesta no se piden “privilegios, sino igualdad real entre españoles”.

Plataforma en línea sobre fiscalidad

En materia de fiscalidad, también se aprobó la propuesta de Pablo Ruisánchez Ortega, consejero por Canadá, dirigida a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda para que se cree una plataforma para los españoles no residentes, que sea más accesible que la página web actual y facilite el conocimiento de las responsabilidades fiscales en España de la ciudadanía española en el exterior.

Igualmente, por iniciativa de este consejero, se aprobó extender a Canadá la Consejería de Finanzas de España en Estados Unidos, cuya función consiste, principalmente, en asesorar y dar asistencia técnica a la jefatura de la misión diplomática en materia tributaria y aduanera, así como presupuestaria y de contabilidad pública.

Visados Schengen

Por iniciativa de la consejera Ana Carolina Blanco, también se presentaron en el pleno dos propuestas relacionadas con los visados Schengen. La primera –respaldada por el 74% de los asistentes–, para cónyuges de ciudadanos españoles residentes en el exterior, con el propósito de priorizar la concesión de visados de mayor duración –preferiblemente de cinco años– en los casos en que el vínculo familiar esté debidamente acreditado y no existan incidencias previas, evitando con ello diferencias sustanciales entre consulados en situaciones equivalentes.

Una segunda, considerada de carácter especial, para facilitar el acompañamiento asistencial y familiar para cuidados de españoles residentes en el exterior. En este caso, estaría destinado a personal doméstico, cuidadores y acompañantes personales de confianza que deban viajar únicamente junto a ciudadanos españoles residentes fuera de la Unión Europea, bajo un compromiso formal de acompañamiento y retorno conjunto.

Habilitación de un registro de parejas de hecho en consulados

Independientemente del origen o del tipo de relaciones familiares, la Constitución española garantiza el registro de parejas de hecho en España. Por iniciativa del consejero Xurxo Martiz Crespo (CIG), la Comisión de Derechos Civiles sometió a la aprobación del Pleno la habilitación de un registro de parejas de hecho también en los consulados, para los que cada vez se demanda asuman más funciones. Para muestra, la iniciativa del consejero por Canadá, Pablo Ruisánchez, quien propuso la implementación de medidas para facilitar la obtención del certificado de antececentes penales desde dichas oficinas consulares.

A propuesta de los consejeros, se deberá asimismo permitir a los ciudadanos españoles en el exterior realizar, al menos, algunos de los trámites necesarios en su consulado más cercano, aunque no sea el correspondiente a su demarcación consular.

Asimismo, se solicita permitir el acceso telefónico a los consulados y mejorar la calidad del servicio, creando para ello una central de comunicación –call center–, para atender las consultas y para comunicar por teléfono con todos los consulados del mundo.

Otra de las propuestas relacionadas con los consulados consistió en pedir que se dote de infraestructuras, equipamiento y personal a cada sección consular en las embajadas de España para atender de manera adecuada a todos los residentes españoles que lo necesiten por razón de urgencia.

Reino Unido demanda un cuarto consulado

La ampliación del número de consulados en algunos países y la implantación de otros nuevos, asunto recurrente en la mayoría de los plenos, volvió a presentarse como una necesidad en el celebrado el pasado mes de mayo en Madrid. Así, se pidió el establecimiento de una oficina consular permanente o designación consular de España en Belfast (Irlanda del Norte), y la urgente adecuación estructural del Consulado General de España en Edimburgo, debido a los problemas que presenta, que no pueden ser subsanados y adecuados a la función que desempeña por tratarse de un edificio catalogado como patrimonio mundial de la Unesco.

Se propuso también la apertura de un cuarto consulado en Reino Unido, ante el crecimiento de población española en el país y la apertura de los consulados generales y oficinas consulares un sábado al mes en toda la red consular.

A propuesta de la presidenta del Consejo y consejera por Alemania, Violeta Alonso, se aprobó eliminar de las oficinas consulares de Fráncfort, Berlín, Hamburgo y Düsseldorf la exigencia de presentar un certificado de empadronamiento alemán expedido en los tres meses anteriores para acreditar el certificado de residencia en la demarcación consular, cuando no se ha producido ningún cambio de domicilio.

Por lo que respecta a los permisos de conducir, se presentaron dos demandas. Una por parte del consejero por Emiratos Árabes, Francisco García Fernández, para que establezca un acuerdo de canje recíproco de permisos de conducir entre España y el país de la península de Arabia. La otra vino de parte del consejero por Canadá, Pablo Ruisánchez Ortega, quien propuso la simplificación de la solicitud de renovación del permiso de conducir español desde las oficinas consulares.

También se presentó y se aprobó una iniciativa relacionada con los pasaportes, a cargo de la consejera por República Dominicana, Ana Carolina Blanco, en la que se pidió el envío de este tipo de documentos por mensajería certificada a solicitud de la persona interesada.

Asimismo, se acordó que se informe a los jóvenes al llegar a su mayoría de edad del derecho al voto, así como de los demás derechos y obligaciones que les asisten por su condición de españoles.