Feijóo considera inasumible para España el coste que supone dar la nacionalidad a todos los ‘nietos’ que la solicitan
Al líder de la oposición no le salen las cuentas para que España pueda prestar los servicios públicos a los que tendrían derecho los nietos de exiliados del franquismo que solicitaron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática –conocida como ‘Ley de nietos’–, que cifra en 2,6 millones, por lo que propone “parar” y estudiar su “impacto económico” para tomar las medidas “adecuadas”.
“España no está preparada para atender 50 millones de personas”, dijo Alberto Núñez Feijóo en su intervención, el jueves de esta semana, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en relación al incremento de población por la llegada de inmigrantes en los últimos años que van a ser regularizados y a los que habrá que sumar los que obtengan la nacionalidad por la ‘ley de nietos’, que se podrán beneficiar igualmente de los servicios públicos del Estado de bienestar.
A su entender, y en lo que tiene que ver con el proceso de regularización de inmigrantes, un país, como es el caso de España, no puede en siete años aumentar “su población en siete u ocho millones de ciudadanos”, y “en año y medio, no puede incrementar su censo electoral en dos millones y medio de personas”, añadió, en relación con los descendientes de exiliados que podrían pasar a engrosar la lista del CERA (censo del exterior), una vez obtenida la nacionalidad.
La razón principal es que “nuestros servicios públicos no tienen las infraestructuras” necesarias para hacer frente a los costes que supondría asumir la nacionalidad de todo este colectivo, explicó Núñez Feijóo, porque llevaría implícito concederles la “tarjeta sanitaria”, “el cheque educativo” y el tener “derecho a una pensión no contributiva” en el caso de los que decidan instalarse en España. Eso supondría “darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas” e implicaría “un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado de Bienestar”, alegó.
El aspirante a gobernar España tras las próximas elecciones generales –que, de no adelantarse a este año, serán en 2027– considera que “dar un pasaporte a una persona es un acto de enorme trascendencia jurídica, económica social”, por lo que, ante el panorama que describe, propone “parar, ver el impacto económico que esto supone, hacer la memoria económica de esta decisión” y tomar las medidas “adecuadas”.
Su propuesta, como aspirante a La Moncloa, es “la defensa de aquellos nietos que sí tienen derecho” a la nacionalidad, así como “la defensa de la legalidad”, de la “transparencia” y del “Estado de bienestar”.
Apuesta por una ley de nacionalidad integral
El líder del PP defiende que todos los hijos y nietos de españoles que salieron durante la Guerra Civil y la dictadura tengan derecho a la nacionalidad, pero no solo los que lo hicieron por razones políticas, sino también económicas o familiares, de ahí que considere “sectaria” la Ley de Memoria Democrática –que se propone recurrir si llega al Gobierno, tal y como anunciaron desde el partido tras la aprobación de la misma, en julio de 2022– y en su lugar, aboga por una ley de nacionalidad que aborde de manera integral la adquisición de ese derecho con garantías.
En el PP consideran que el Gobierno está actuando con “arbitrariedad” al permitir que, como consecuencia de este proceso, adquieran la nacionalidad personas que no recuerdan el lugar de procedencia de sus antepasados, lo que lleva a pensar en qué circunscripción podrán ejercer el derecho al voto. “¿En la que decida el Gobierno?”, se preguntó. Eso demuestra, continuó Feijóo, que está habiendo “mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías” en todo este proceso, aseguró, por lo que se mostró partidario de dar la nacionalidad a los que acrediten de manera “muy clara” el parentesco.
Gestión del procedimiento por empresas cubanas
El líder del partido conservador también aludió al contrato que el Ejecutivo español firmó con las empresas cubanas Palco e Ineco –vinculadas al Gobierno cubano– para que contraten a decenas de empleados que presten ayuda al consulado español en La Habana en labores como la gestión de los expedientes presentados por los que se quieren acoger a la ‘Ley de nietos’ en este país.
“Qué saben las empresas cubanas del Código Civil español”, se preguntó Núñez Feijóo en su intervención en la Menéndez Pelayo, donde adelantó que van a pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores “información” al respecto y a reclamar los expedientes íntegros para comprobar si hubo irregularidades o ampliaciones de alcance no previstas en la ley.
Una instrucción que modificó la Ley de Memoria Democrática
Otro de los asuntos a los que aludió tiene que ver con la instrucción (orden administrativa interna) dictada posteriormente a la aprobación de la ‘ley de nietos’ – que “no tuvo nuestro apoyo”, aclaró Feijóo– en la que intervino Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el tiempo que ejerció como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Dicha instrucción, aseveró, “modificó el objetivo de esta ley” y amplió la concesión más allá de los descendientes de los exiliados “a cualquier ciudadano que pueda acreditar que tiene un ascendiente español”. Pero “una instrucción no puede modificar el objeto de una ley”, aclaró el líder popular, que situó a su partido en la defensa de “la legalidad”.
El conocimiento de esta circunstancia llevó a la asociación Hazte Oír a querellarse por delito de prevaricación contra la hermana del ministro, que actualmente ocupa el cargo de secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
