Las fechas que se establezcan y no el concepto de exilio serán las determinantes en el acceso a la nacionalidad
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración mantuvo, en declaraciones realizadas el pasado miércoles, que la instrucción para el acceso a la nacionalidad que prepara el Ministerio de Justicia englobará en el concepto de exiliados a todos los que salieron de España, tanto por razones políticas como económicas en una determindas fechas, que todavía no han sido concretadas, pero comenzarán en 1936.
Es decir, que serán esas fechas –seguramente coincidentes con el período de mayor exilio político– las que determinen qué nietos de españoles cuyos padres no tengan esa nacionalidad pueden acceder a ella.
La consideración que se dé al concepto de exiliado, que figura en la llamada Ley de la Memoria Histórica, por si dejase fuera a los nietos de los emigrantes económicos ante los de los exiliados políticos, fue de nuevo objeto de polémica la semana pasada.
El primer supuesto
Rumí considera que no se ha entendido bien lo que significa esta reforma para el acceso a la nacionalidad y por ello todo el interés se centra en el punto que se refiere al reconocimiento a los nietos de exiliados y se obvia el primer supuesto de la ley, que valora como el más importante, y reconoce durante un tiempo la posibilidad de optar a la nacionalidad española a los hijos de padre o madre que hubiese sido originariamente español, sin requerirles que también hayan nacido en España.
“Ese supuesto que es tan profundo y tan generoso no es suficientemente conocido”, en valoración de Consuelo Rumí. Además, indicó, este supuesto beneficiará también a muchos nietos que quizá no puedan acogerse al otro por carecer de la documentación necesaria.
La secretaria de Estado confirmó que se está ultimando la instrucción por parte del Ministerio de Justicia, que tendrá que estar en vigor antes de que finalice el año, para ajustarse a la ley, e informó de que su Secretaría está pidiendo que la norma sea clara para que resulte aplicable de forma homogénea en todos los consulados y no quede a merced de interpretaciones y que se arbitren las medidas necesarias para que la Administración española no requiera a los interesados la documentación que ya obra en su poder, para agilizar los trámites y ganar eficacia en la gestión.
Sin cifras
Rumí siguió negándose a hacer una estimación de los posibles beneficiarios de esta normativa, por considerarla meramente especulativa. Sí dijo que, frente al millón y medio de personas que consideraba un medio de comunicación la semana pasada, a ella la Asociación de Hijos y Nietos de Españoles le trasladó durante su reciente estancia en Argentina que podrían ser alrededor de medio millón de personas en todo el mundo y de ellas 300.000 en Argentina.
Es decir, que serán esas fechas –seguramente coincidentes con el período de mayor exilio político– las que determinen qué nietos de españoles cuyos padres no tengan esa nacionalidad pueden acceder a ella.
La consideración que se dé al concepto de exiliado, que figura en la llamada Ley de la Memoria Histórica, por si dejase fuera a los nietos de los emigrantes económicos ante los de los exiliados políticos, fue de nuevo objeto de polémica la semana pasada.
El primer supuesto
Rumí considera que no se ha entendido bien lo que significa esta reforma para el acceso a la nacionalidad y por ello todo el interés se centra en el punto que se refiere al reconocimiento a los nietos de exiliados y se obvia el primer supuesto de la ley, que valora como el más importante, y reconoce durante un tiempo la posibilidad de optar a la nacionalidad española a los hijos de padre o madre que hubiese sido originariamente español, sin requerirles que también hayan nacido en España.
“Ese supuesto que es tan profundo y tan generoso no es suficientemente conocido”, en valoración de Consuelo Rumí. Además, indicó, este supuesto beneficiará también a muchos nietos que quizá no puedan acogerse al otro por carecer de la documentación necesaria.
La secretaria de Estado confirmó que se está ultimando la instrucción por parte del Ministerio de Justicia, que tendrá que estar en vigor antes de que finalice el año, para ajustarse a la ley, e informó de que su Secretaría está pidiendo que la norma sea clara para que resulte aplicable de forma homogénea en todos los consulados y no quede a merced de interpretaciones y que se arbitren las medidas necesarias para que la Administración española no requiera a los interesados la documentación que ya obra en su poder, para agilizar los trámites y ganar eficacia en la gestión.
Sin cifras
Rumí siguió negándose a hacer una estimación de los posibles beneficiarios de esta normativa, por considerarla meramente especulativa. Sí dijo que, frente al millón y medio de personas que consideraba un medio de comunicación la semana pasada, a ella la Asociación de Hijos y Nietos de Españoles le trasladó durante su reciente estancia en Argentina que podrían ser alrededor de medio millón de personas en todo el mundo y de ellas 300.000 en Argentina.
