DURANTE LA VISITA AL PAIS DEL SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, FRANCISCO JAVIER ELORZA
España pide a Venezuela acelerar la solución en los casos de expropiaciones
El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Francisco Javier Elorza, solicitó a las autoridades venezolanas que “aceleren” los trámites de todas las reclamaciones de ciudadanos españoles afectados por la invasión y expropiación de propiedades.
El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Francisco Javier Elorza, solicitó a las autoridades venezolanas que “aceleren” los trámites de todas las reclamaciones de ciudadanos españoles afectados por la invasión y expropiación de propiedades.
Durante la visita a Caracas, de 48 horas de duración, Elorza manifestó ante los medios de comunicación: “He pedido que se trabaje con todos los expedientes para que de aquí a las Navidades, si es posible, se ultime una respuesta satisfactoria a la mayor parte de los casos”. Estas declaraciones las ofreció tras su entrevista con el presidente del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), Juan Carlos Loyo.
Hasta la fecha, existen 63 casos de reclamaciones por invasiones o ocupaciones, de los cuales 51 conciernen a fincas agrícolas y 12 propiedades urbanas o industriales que no son competencia del INTI, según ha indicado la propia institución.
A esos 63 casos se suman otros 22 en espera de tramitación, lo que elevaría a 85 el número de casos actualmente en contencioso, aunque se pudo conocer que se han recibido otros 8 casos que aún no han sido trasladados al INTI, según fuentes consulares.
Elorza también mantuvo una reunión con la procuradora del Gobierno venezolano, Gladys Gutiérrez, y el viceministro para Europa, Alejandro Fleming. Dijo que se debe “intentar a toda costa desinflar este contencioso, rebajar el periodo de espera que hay en estos momentos, con la inseguridad e incertidumbre que genera” para los afectados.
Señaló que hasta ahora se ha realizado un trabajo bilateral entre el presidente del INTI y el cónsul general de España, José Matres Manso, “caso a caso” y “estado por estado” –señalando concretamente a los estados Yaracuy y Anzoátegui, donde se encuentra la mayoría de afectados–, considerándolo un proceso “muy lento y gradual”.
En las conversaciones mantenidas durante su visita a Caracas, el secretario general subrayó a sus interlocutores la necesidad de tratar los casos pendientes en su conjunto para dirimirlos antes de final de año.
Elorza indicó que su viaje estaba previsto con antelación, pero que ha “coincidido” con la visita a España del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, quien se reunió el viernes 25 de julio con el Rey Juan Carlos, en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca, y con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de La Moncloa en Madrid. “Tanto el Rey como el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero han concluido con el presidente Chávez un acuerdo para solucionar lo antes posible los actuales casos de ocupación, de invasión y de expropiación de que son objeto ciudadanos españoles residentes en Venezuela”, señaló. “A mí me ha tocado simplemente poner en marcha este acuerdo”, destacó.
Elorza dijo que fue recibido en un clima de “franca colaboración”, tanto por el presidente del INTI como por la procuradora general de la República, principales responsables en los casos de expropiaciones de propiedades urbanas e industriales.
En la reunión con el viceministro para Europa, se abordaron también otras cuestiones bilaterales así como las preocupaciones venezolanas sobre las políticas de inmigración de la Unión Europea.
“Esperamos y confiamos que el gobierno del presidente Chávez, a la vista del espíritu del acuerdo de Palma y de Madrid, suscrito hace apenas unos días, dé las instrucciones oportunas para buscar una solución satisfactoria y razonable” a los casos que afectan a los españoles residentes en Venezuela, comentó.
Al solicitar al responsable del INTI que se acelere el proceso, Elorza explicó asimismo que, en sus entrevistas con los afectados, había constatado desesperación y cansancio por la dilación en las tramitaciones, y por el hecho de que se les solicitaban nuevos documentos, retrasándose la gestión de los expedientes correspondientes.
Francisco Javier Elorza subrayó que existe un acuerdo entre Venezuela y España de protección de inversiones –firmado en 1997 y en vigor– que “deja muy claro” que la indemnización –en caso de expropiaciones– debe ser “pronta, adecuada y efectiva”.
Agregó asimismo que las indemnizaciones deberán ser pagadas en moneda extranjera –en este caso en euros– y “con prontitud” para evitar las pérdidas por la inflación. Indicó también que “no todos los casos son objeto de expropiaciones” y que hay unos en los que el Estado venezolano reconoce la titularidad, aunque el proceso es largo. Lamentó, en este sentido, el daño económico que supone para las explotaciones la ocupación de la finca mientras se resuelve el contencioso y la necesidad de resolver esta situación.
Reunión en el Consulado
En la mañana del lunes 28 de julio, el responsable de Asuntos Consulares y Migratorios mantuvo una reunión en la sede del Consulado General de España en Caracas, a donde asistieron los afectados, el ministro consejero de la Embajada, Ignacio Aguirre de Cárcer; el cónsul general, José María Matres Manso; su adjunta, Victoria Wulf Barreiro; y el cónsul, Jorge Peralta Monparler, para saber de primera mano la situación de los expropiados.
Durante la visita a Caracas, de 48 horas de duración, Elorza manifestó ante los medios de comunicación: “He pedido que se trabaje con todos los expedientes para que de aquí a las Navidades, si es posible, se ultime una respuesta satisfactoria a la mayor parte de los casos”. Estas declaraciones las ofreció tras su entrevista con el presidente del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), Juan Carlos Loyo.
Hasta la fecha, existen 63 casos de reclamaciones por invasiones o ocupaciones, de los cuales 51 conciernen a fincas agrícolas y 12 propiedades urbanas o industriales que no son competencia del INTI, según ha indicado la propia institución.
A esos 63 casos se suman otros 22 en espera de tramitación, lo que elevaría a 85 el número de casos actualmente en contencioso, aunque se pudo conocer que se han recibido otros 8 casos que aún no han sido trasladados al INTI, según fuentes consulares.
Elorza también mantuvo una reunión con la procuradora del Gobierno venezolano, Gladys Gutiérrez, y el viceministro para Europa, Alejandro Fleming. Dijo que se debe “intentar a toda costa desinflar este contencioso, rebajar el periodo de espera que hay en estos momentos, con la inseguridad e incertidumbre que genera” para los afectados.
Señaló que hasta ahora se ha realizado un trabajo bilateral entre el presidente del INTI y el cónsul general de España, José Matres Manso, “caso a caso” y “estado por estado” –señalando concretamente a los estados Yaracuy y Anzoátegui, donde se encuentra la mayoría de afectados–, considerándolo un proceso “muy lento y gradual”.
En las conversaciones mantenidas durante su visita a Caracas, el secretario general subrayó a sus interlocutores la necesidad de tratar los casos pendientes en su conjunto para dirimirlos antes de final de año.
Elorza indicó que su viaje estaba previsto con antelación, pero que ha “coincidido” con la visita a España del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, quien se reunió el viernes 25 de julio con el Rey Juan Carlos, en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca, y con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de La Moncloa en Madrid. “Tanto el Rey como el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero han concluido con el presidente Chávez un acuerdo para solucionar lo antes posible los actuales casos de ocupación, de invasión y de expropiación de que son objeto ciudadanos españoles residentes en Venezuela”, señaló. “A mí me ha tocado simplemente poner en marcha este acuerdo”, destacó.
Elorza dijo que fue recibido en un clima de “franca colaboración”, tanto por el presidente del INTI como por la procuradora general de la República, principales responsables en los casos de expropiaciones de propiedades urbanas e industriales.
En la reunión con el viceministro para Europa, se abordaron también otras cuestiones bilaterales así como las preocupaciones venezolanas sobre las políticas de inmigración de la Unión Europea.
“Esperamos y confiamos que el gobierno del presidente Chávez, a la vista del espíritu del acuerdo de Palma y de Madrid, suscrito hace apenas unos días, dé las instrucciones oportunas para buscar una solución satisfactoria y razonable” a los casos que afectan a los españoles residentes en Venezuela, comentó.
Al solicitar al responsable del INTI que se acelere el proceso, Elorza explicó asimismo que, en sus entrevistas con los afectados, había constatado desesperación y cansancio por la dilación en las tramitaciones, y por el hecho de que se les solicitaban nuevos documentos, retrasándose la gestión de los expedientes correspondientes.
Francisco Javier Elorza subrayó que existe un acuerdo entre Venezuela y España de protección de inversiones –firmado en 1997 y en vigor– que “deja muy claro” que la indemnización –en caso de expropiaciones– debe ser “pronta, adecuada y efectiva”.
Agregó asimismo que las indemnizaciones deberán ser pagadas en moneda extranjera –en este caso en euros– y “con prontitud” para evitar las pérdidas por la inflación. Indicó también que “no todos los casos son objeto de expropiaciones” y que hay unos en los que el Estado venezolano reconoce la titularidad, aunque el proceso es largo. Lamentó, en este sentido, el daño económico que supone para las explotaciones la ocupación de la finca mientras se resuelve el contencioso y la necesidad de resolver esta situación.
Reunión en el Consulado
En la mañana del lunes 28 de julio, el responsable de Asuntos Consulares y Migratorios mantuvo una reunión en la sede del Consulado General de España en Caracas, a donde asistieron los afectados, el ministro consejero de la Embajada, Ignacio Aguirre de Cárcer; el cónsul general, José María Matres Manso; su adjunta, Victoria Wulf Barreiro; y el cónsul, Jorge Peralta Monparler, para saber de primera mano la situación de los expropiados.
