El voto, las pensiones y la sanidad son los principales objetivos de los partidos políticos para el exterior

Representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Rafael Herrera; del PP, Belén do Campo; y del de CiU, Jordi Xuclà, explicaron al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), en el último pleno celebrado por este organismo, las políticas y actuaciones de sus repectivas formaciones para el colectivo de españoles residentes en el extranjero, fundamentalmente en cuestiones como el voto, las pensiones y la sanidad. No acudió ningún representante del Grupo Mixto –en el que están el BNG y CC– que también estaba invitado.

“Estudiamos las necesidades de cada país e integramos en la medida de lo posible el sistema sanitario dentro de cada uno de ellos”, explicó el diputado socialista Rafael Herrera respecto a la política de la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior que desarrolla el Gobierno de Rodríguez Zapatero, señalando que acuñaron la asistencia integral ante el hecho de que el Pami, el sistema sanitario argentino, estaba en bancarrota y resaltando la brevedad de tiempo con la que actualmente se reconoce el derecho a una pensión asistencial para españoles residentes en el exterior, que “no demora más de quince días”.
El diputado socialista, conocedor del Cono Sur americano por las responsabilidades que tuvo como representante del Gobierno español, hizo estas declaraciones al pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, ante el que también aseguró que el Gobierno socialista ha duplicado el presupuesto destinado a los españoles residentes en el extranjero y ha actuado de forma global porque se dieron “cuenta de que los españoles registrados en las instituciones eran el 15 por ciento del total y teníamos que buscar al otro 85 por ciento”.
Rafael Herrera aseguró también que han cubierto ámbitos que estaban desatendidos, como el de los jóvenes y el de las mujeres. En este sentido, se refirió a los diversos congresos de jóvenes españoles y descendientes de españoles que se han celebrado en Argentina, país en el que también dijo que asistió personalmente “a lo de la tarjeta sanitaria de Madrid”, que le dejó excéptico. “Al final nada, se vio que era propagandístico, porque allí no se realizaba”.
En cuanto al procedimiento de voto desde el exterior y la polémica que suscita, Herrera recordó a los consejeros generales que existe una subcomisión parlamentaria encargada del estudio de este tema en la que están representados todos los grupos parlamentarios del Congreso.
Para Herrera, la consolidación del estado del bienestar social en España desde la Transición pasaba por cuatro reformas fundamentales: el derecho a la educación, la sanidad universal, la garantía de las pensiones y el apoyo a la dependencia y, dijo, las cuatro se han hecho con gobiernos socialistas, los tres primeros con Felipe González como presidente y el cuarto con Rodríguez Zapatero.
El diputado socialista también resaltó que entre los años 1996 y 2004, en los que gobernó el PP las pensiones asistenciales para los españoles residentes en el exterior crecieron alrededor de 3.000 y entre 2004 y 2007, gobernando el PSOE, lo hicieron en alrededor de 20.000.


No escudar la reforma del voto en dificultades ténicas
El Grupo Popular estuvo representado por la diputada Belén do Campo, miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Consejo, que fue ponente en el Senado del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Do Campo ya había representado a su Grupo en una ocasión anterior en el CGCEE.
“Me siento parte de la ciudadanía española en el exterior por mi condición de gallega y con familia emigrante en Argentina y también por el apoyo que desde el exterior se dio a la candidatura que me permite hoy que sea diputada”, declaró.
Do Campo recordó que el programa electoral con el que concurrió su formación a las últimas elecciones generales recogía su compromiso con los españoles en el exterior para ampliar sus derechos y facilitar el retorno a los que deseen volver al país, apoyar a sus órganos institucionales de representación y mejorar su ejercicio del voto.
La diputada valoró que “los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad son el envejecimiento de la primera generación de emigrantes y las pensiones, la atención de los jóvenes españoles que están en otros países y quieren mantener sus vínculos con nuestro país, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el ofrecimiento de posibilidades de trabajo en España para aquellos que quieran volver”.
Do Campo desgranó los que consideró los principales problemas de los emigrantes españoles y las soluciones que le ofrece el PP. Señaló la atención sanitaria y las pensiones, indicando que el Gobierno del PP “llevó a cabo un Plan Integral de Salud” para atender a la población más necesitada y proponiendo “otorgar la tarjeta sanitaria a todos los españoles residentes fuera para que puedan disfrutar de las mismas condiciones que los que vivimos aquí”, asunto en el que dijo que la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, ha sido pionera y que en Galicia, el presidente Núñez Feijóo también ha anunciado ese compromiso.
Opinó asimismo que se deben seguir promoviendo convenios de colaboración con entidades de origen español dedicadas a la atención sociosanitaria de los mayores e hizo un reconocimiento a las instituciones creadas por españoles en el exterior como el Hospital Español y la Sociedad de Beneficencia.
En esta materia dijo que seguirán insistiendo al Gobierno para que se promueva una atención integral dirigida a los mayores y los dependientes que están fuera de España. También aseguró que las pensiones no contributivas para el exterior se hallan entre sus prioridades, al igual que el cumplimiento del artículo 18.3 del Estatuto de la Ciudadanía, referido al SOVI.
“Desde el PP, proponemos aumentar la cuantía de las llamadas prestaciones por razón de necesidad (46.831 beneficiarios) para aquellas personas de más de 65 años que estén incapacitados o se encuentren en situación de especial necesidad”, anunció.
Se refirió a las necesidades de los colectivos de mujeres y jóvenes, instando al Gobierno a que establezca medidas específicas para favorecer la igualdad de oportunidades y la formación profesional de las mujeres y que se traslade al exterior programas de formación y de sensibilización en materia de violencia de género. Do Campo anunció que trabajarán para que la participación femenina en los puestos de responsabilidad de las entidades en el exterior se equilibre con la masculina.
En cuanto a los jóvenes, consideró preciso mantener y crear aulas de Lengua y Cultura Española, extendiéndolas también para los adultos, fortalecer el Instituto Cervantes y los cursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como garantizar el aprendizaje de las otras lenguas cooficiales del Estado, mediante un acuerdo entre las administraciones, elevar el número de becas de estudio y garantizar la homologación de títulos.
La nacionalidad fue otra de la cuestiones abordadas por Do Campo, que señaló que el programa electoral del PP para las elecciones autonómicas gallegas que se celebraron el pasado mes de marzo “recoge elaborar una específica Ley de Nacionalidad, demanda reiterada por el Consejo, adaptada a la realidad del siglo XXI”, pues para el PP “la reforma aprobada en el Congreso sobre nacionalidad es restrictiva y discriminatoria”. “De hecho, la Ley se acota para los que salieron hasta el año 1955 y deja fuera a todos los españoles que emigraron antes de 1936. ¿Qué pasa entonces con los nietos de los que se fueron antes o después de las fechas fijadas? No podemos olvidar tampoco que aquellos nietos de abuela emigrante no podrán acogerse a esta reforma, ya que al casarse en el extranjero con ciudadanos de otras nacionalidades, la mujer perdía de forma automática la suya de nacimiento”, planteó.
Sobre la reforma electoral, Do Campo mantuvo que “no vale escudarse en problemas y dificultades técnicas”, preguntándose por qué no se puede implantar el voto electrónico “si los astronautas de la NASA pudieron emitir su voto desde el espacio para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, algo que llevan haciendo desde el año 1997”. Precisó que siguen apoyando el voto por correo “pero recordamos las dificultades que también este voto conlleva”, indicando que en las últimas elecciones europeas 55.284 votos de españoles en el exterior que se enviaron a España no fueron admitidos.
En esta materia la representante del PP recordó que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 15 de junio ofreció al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzar un pacto que permita disponer de un nuevo sistema de voto en la emigración para las elecciones del 2011.
Indicó asimismo que el voto del exterior ha sido uno de los temas en los que su grupo ha hecho más hincapié en esta legislatura, citando varias iniciativas al respecto.


La reciprocidad, un concepto arbitrario
Jordi Xuclà i Costa, diputado de CiU, que forma parte de la Subcomisión parlamentaria que estudia en el Congreso posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, explicó a los consejeros generales que su presencia en el pleno del CGCEE respondía “a la necesidad de que haya unas relaciones fluidas entre los grupos del Parlamento y ustedes”. Valoró que algunos Estados tienen muy bien resuelta la representación de sus nacionales residentes en el extranjero y que en el caso de España los constituyentes no reflexionaron lo bastante sobre su articulación y sólo con el paso de los años se crearon instrumentos para su participación.
“Algunos países tienen diputados por el exterior, cosa que no pasa en España”, apuntó, añadiendo que “tenemos bastantes políticas sectoriales”.
En su repaso por el panorama de las políticas españolas respecto a los ciudadanos en el exterior, que mereció el reproche de algún consejero general por su generalidad y falta de referencia a las reivindicaciones y propuestas del CGCEE, Xuclà indicó que, según la Constitución, España puede firmar acuerdos de reciprocidad con otros países para que sus respectivos nacionales puedan participar en las elecciones municipales del otro, algo que según el diputado catalán se ha impulsado realmente y tiene un fuerte impacto en algunas ciudades.
No obstante Xuclà declaró que a él no le gusta el concepto de reciprocidad por arbitrario, porque, explicó, “al final la decisión de que se pueda votar en España no es una decisión del Parlamento sino de la voluntad de terceros países y permite que gente que lleva muchos años residiendo aquí no pueda hacerlo y otros que llevan menos sí”, opinando que el arraigo debería ser un criterio de acreditación para este derecho.
Recordó que el primer convenio de este tipo se firmó en 1990 con Noruega y que en este año sea han firmado con varios países de América Latina, con Burkina Faso y con Cabo Verde, “donde hay pocos españoles”. Indicó que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, respondió a una pregunta suya diciendo que el Gobierno ha impulsado la firma de estos convenios con 12 países y que pueden ser hasta 15. Según Xuclà, la firma de esos quince convenios pueden incorporar 1.100.000 votantes más en las próximas elecciones municipales.
El representante de CiU opinó que se debería mejorar el sistema de voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e invitó a los consejeros generales a que eleven sus propuestas al Parlamento.
Apreció además que España tiene una de las colectividades en el exterior “más plurales que existen”.