El PSOE exige al Gobierno que no olvide la atención social de los ciudadanos en el exterior

El PSOE ha emitido un comunicado en el que afirma que “la crisis económica que sufre Europa desde hace unos años, y que vivimos de manera más cruenta los países del sur del continente, está obligando a muchos de nuestros ciudadanos a marcharse al exterior en busca de nuevas oportunidades. De manera mucho más significativa en los últimos dos años, estamos asistiendo a un movimiento migratorio importante, principalmente de nuestros jóvenes, que están abandonando nuestro país ante la falta de oportunidades y la inacción del Gobierno para la creación de planes integrales que aboguen realmente por la creación de un empleo juvenil estable y de calidad”.

Los socialistas se remiten a unos datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que se refleja que en el año 2011 se desplazaron al Reino Unido 4.813 personas, pasando de figurar éstas del CER al CERA; sin embargo, dicen, según datos aparecidos recientemente en prensa, el Gobierno británico cifra en 30.370 el número de españoles que llegaron al Reino Unido entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012.

Datos como los anteriores, han motivado que desde el PSOE sean ya varias las ocasiones en que se ha interpelado al Gobierno sobre estas cifras, sin encontrar respuesta. “Es intolerable –dice el comunicado del PSOE– que el Gobierno, ante las situaciones dramáticas que obligan a salir del país a muchos y muchas ciudadanas para intentar lograr un empleo, se utilicen argumentos como el de la ministra Báñez hablando de ‘movilidad exterior’ o el de la expresidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, que llegaba incluso a asegurar que la fuga de nuestros jóvenes al exterior era ‘motivo de orgullo”.

Desde el Partido Socialista se ha interpelado al Gobierno sobre la posibilidad de que bien desde el Ministerio correspondiente o desde las Consejerías Laborales o las Embajadas de España en el exterior, se soliciten a los ministerios de Empleo, o a aquellas administraciones con competencias en el registro de extranjeros en su territorio, los datos de registro del número de los españoles que se inscriben como demandantes de empleo o solicitantes de ayudas sociales para establecerse en ese país. O bien, si el Gobierno estudia proponer otra metodología que permita conocer realmente los datos “del fenómeno migratorio que estamos sufriendo”.

Carmela Silva, diputada y secretaria federal de emigración del PSOE, pregunta además al ejecutivo de Rajoy si piensa realizar alguna campaña informativa para que esta nueva ciudadanía exterior conozca las necesidades de inscripción en los registros consulares; cuestionando también al Gobierno la posibilidad de realizar alguna estrategia que permita la adaptación rápida y eficaz de nuestros ciudadanos a sus nuevos lugares de residencia ante los recortes de prestaciones que muchos países europeos están llevando a cabo en las políticas de acogida, formación e integración de sus nuevos residentes.

Pero además, “la pasividad del Gobierno en las políticas más sociales en favor de la ciudadanía española en el exterior –dice la nota remitida por el PSOE–, ha llevado a la diputada Carmela Silva a plantear en el Congreso las solicitudes y resoluciones de asociaciones de españoles, CRE y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la necesidad de dar respuesta a la solicitud planteada en septiembre de 2011 por el CRE de Ginebra, en la que se proponía al Gobierno destinar las antiguas instalaciones de la extinta guardería española en Lausanne, a albergar la Casa de España”.

El PSOE recuerda que, más recientemente, han sido la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Ceaee) y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, quienes “han planteado la necesidad de tomar medidas en cuanto a los alojamientos residenciales de nuestros mayores”. Según la Ceaee, en Holanda se está produciendo un fenómeno de complicación de la asistencia a los mayores españoles internados en centros residenciales que, como consecuencia de demencias o Alzheimer, pierden la capacidad de comunicarse en el idioma adquirido por el hecho de su emigración, retomando como única lengua el castellano, lo que supone unos importantes problemas de comunicación. Ante este hecho, se ha preguntado al Gobierno si está valorando, como propone la Ceaee, tomar algún tipo de medida que permita acordar con el Gobierno holandés la posibilidad de habilitar uno o dos centros residenciales donde concentrar a los ciudadanos españoles pudiendo dotar estos de personal bilingüe.

En una misma línea de atención a la ciudadanía exterior con mayor edad, y recogiendo la solicitud planteada por el CGCEE, Silva preguntaba al Gobierno por la posibilidad de “facilitar el retorno de nuestros nacionales a residencias de nuestro país que no estuvieran ubicadas necesariamente en sus comunidades autónomas de origen, ya que debido en muchas ocasiones a la bonanza económica que hemos vivido en nuestro país, sobre todo en las dos décadas anteriores, muchos de estos mayores cuentan ya con descendientes residiendo en España, y de manera muy significativa, en lugares que no se corresponden a la Comunidad de origen o de empadronamiento de sus ancestros. Igualmente, muchos de los españoles que en su momento se desplazaron al exterior, habían vivido previamente una emigración interna, desplazando a sus familias a lugares más industrializados de aquellos de los que se provenía originariamente”. Es por este motivo que se acordó solicitar al Gobierno y a las comunidades autónomas la posibilidad de ofrecer a los retornados una plaza residencial en aquellas comunidades autónomas donde el arraigo sea real y objetivo, y no presupuesto por el lugar de nacimiento.

Esta situación ha llevado a la diputada Carmela Silva a preguntar al Gobierno del PP si tiene previsto impulsar este modelo de intercambio de plazas residenciales en las CC AA para ofrecer así un retorno a donde realmente quieran hacerlo. Si este fuera el caso, el PSOE plantea la necesidad de conocer en qué condiciones de intercambio o solidaridad entre CC AA piensa plantearse este convenio y cuáles serían los datos u actos probatorios válidos que permitieran a los mayores certificar el arraigo objetivo a un lugar distinto al de su nacimiento.