El Pleno pide que se garanticen los derechos de los nuevos emigrantes

Aunque las diferencias entre los consejeros hizo que las propuestas de la Comisión Sociolaboral se votaran una a una y no de manera conjunta, finalmente, el Pleno del CGCEE aprobó todos los acuerdos de la Comisión Delegada que incluían la mejora de la asistencia sanitaria, tanto para los residentes en el exterior como para los retornados, el mantenimiento de las pensiones y las prestaciones por necesidad, los derechos de los nuevos flujos migratorios y medidas para incrementar la información sobre el SOVI, así como la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas a la hora de prestar servicio a los retornados.

La Comisión hizo saber al Pleno su “preocupación” por la dificultad para acceder a la asistencia sanitaria de los retornados y sus familias, ya que la última modificación para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ha llevado a que los ciudadanos miembros de la Unión Europea y otros estados miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tengan que inscribirse en el Registro Central de Extranjeros y que las personas de nacionalidad no comunitaria familiares de ciudadanos comunitarios tengan que obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.

La preocupación de la Comisión es que para ambos trámites hay que tener “recursos suficientes” que, según la ley, deben ser “superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a percibir una prestación no contributiva”. La normativa deja una puerta abierta a la flexibilidad, ya que dice que se tendrá en cuenta la situación personal y familiar del interesado.

Según explicó Ángeles Ruisánchez, que actuó de portavoz de esta Comisión, la nueva norma deja en una situación muy complicada a las familias con menos recursos que para poder tener cobertura sanitaria tendrían que acceder a un seguro privado. Además, aseguran que la indeterminación de la norma hace que el acceso a la sanidad dependa “de quien tramita la solicitud”, lo que complica “no solo la asistencia sanitaria de los familiares de población española retornada, sino también a la situación administrativa regular”.

Los acuerdos que fueron respaldados por el Pleno también recogen la necesidad de garantizar los derechos de los nuevos emigrantes españoles y piden que se aprovechen los acuerdos con diferente países que, en su momento se firmaron para regular la inmigración en España, para garantizar los derechos de los migrantes españoles y la igualdad con los trabajadores nacionales del lugar de destino. A través de este instrumento y con la participación de los Consejos de Residentes también se darían a conocer las ofertas de empleo de cada país.

La potenciación de la Red Eures, así como de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo en España y de las consejerías laborales, para poner a disposición de los desempleados las ofertas existentes en el exterior es otra de las peticiones de la Comisión, que recuerda que es necesario la “tutela de las administraciones públicas, tanto de los países de destino, como especialmente de las administraciones españolas (General del Estado y administraciones autonómicas)”, “para garantizar, tanto que las posibles ofertas de empleo en el exterior son de público conocimiento, como los derechos de los migrantes”.

También se propone que los CRE reciban información de la administración y recaben información del país de acogida. Además, los consulados deberían informar por “vía electrónica personalizada” de las reuniones de los CRE y de las informaciones de interés.

El Pleno respaldó por unanimidad la propuesta para reiterar a la Administración  “la necesidad de atender como prioridad las prestaciones por razones de necesidad, las pensiones no contributivas, garantizando la prestación sanitaria y la aplicación de la Ley de Dependencia, conforme a las particularidades de los países de residencia”.

También se recoge “mantener, en la medida que las posibilidades presupuestarias lo permitan, los programas destinados a la atención de la ciudadanía española en el exterior”. También, explican, se deberá prestar “atención especial” a las asociaciones que, desde sus orígenes decimonónicos hasta la actualidad, son un “soporte fundamental” para la ciudadanía en el exterior.

Respecto a la asistencia sanitaria, el Pleno aprobó, con un total de tres abstenciones y sin ningún voto en contra, que los emigrantes puedan, mediante el pago de una cuota, acceder en las mismas condiciones que el resto de españoles a la sanidad pública. De esta manera se evitarían los complicados trámites que se necesitan actualmente y se suprimiría la duración de tres meses con posibilidad de renovar otros tres. También desaparecería la norma que, actualmente, hay en algunas comunidades autónomas y que limitan el acceso de los emigrantes a las urgencias.

Respecto al SOVI, la Comisión Delegada llevó al Pleno la propuesta, que fue aprobada por unanimidad para que la administración tome la iniciativa a la hora de informar de los cambios introducidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 que, recogiendo una petición del Consejo en diferentes mandatos, reconoce explícitamente la pensión SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) prorrateada, garantizando, como mínimo, el cobro de la mitad de la pensión del SOVI a quienes les fuera reconocida dicha pensión totalizando periodos de seguro o de residencia en virtud de normas institucionales.

En concreto, se insta a “la elaboración de instrucciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su difusión entre las direcciones provinciales del INSS para la tramitación y resolución de las solicitudes de reconocimiento del derecho a las pensiones del SOVI en los supuestos de totalización de períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización”.

También se aprobó pedir que “se dicten las instrucciones necesarias para que las pensiones del SOVI prorrateadas se calculen según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, que para cuantificar la prorrata de una pensión del SOVI solamente se tengan en cuenta las cotizaciones efectuadas antes de 1967 en España y en el país o países con el que se prevea la totalización de cotizaciones. En ningún caso, la pensión podrá ser inferior a la cuantía establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, desde el año 2010”.

El Pleno también pidió que el Instituto Nacional de la Seguridad Social revise de oficio las pensiones del SOVI y que las Consejerías de Empleo y Seguridad Social elaboren una hoja informativa con los cambios introducidos.

Además, se aprobó solicitar que los efectos económicos de las medidas anteriores tengan carácter retroactivo a 1 de enero de 2010.

La coordinación de las comunidades autónomas en materia de retorno “para que las distintas realidades no signifique un agravio comparativo” fue otro de los temas llevados por la Comisión Sociolaboral y que el Pleno aprobó por unanimidad, aunque la representante por Asturias, Begoña Serrano, advirtió que la coordinación “está bien” pero que no todas las comunidades tiene programa de retorno y por eso no se puede pedir que tengan los mismos beneficios.