El CRE de Berna recibe y divulga las respuestas de los políticos a sus inquietudes
El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación suiza de Berna-Basilea está recibiendo y divulgando las respuestas que se derivan de sus encuentros con responsables políticos, tanto nacionales como autonómicos, a los que hace entrega de un documento con diversas propuestas de su interés. Es el caso de las respuestas a un grupo de preguntas realizadas al Gobierno en el Congreso de los Diputados por la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Olaia Fernández Dávila, que el CRE ha divulgado recientemente.
Estas respuestas son vistas por el CRE como el resultado de la estrategia que puso en marcha a principios del año pasado de contactar con todos los representantes políticos o cargos institucionales españoles que pasen por su demarcación, para trasladarles sus inquietudes y un documento que recoge sus propuestas, “para que los Consejos de Residentes, como órganos básicos de participación institucional, sean tenidos en cuenta y ocupen el espacio para el que fueron creados, de una parte, y de otro lado, para hacer llegar los problemas a quienes tienen capacidad para resolverlos o presionar para que así sea”.
Según el secretario del CRE, José Raimundo Insúa, algunos de estos representantes políticos optaron a lo largo del año pasado “por dar respuestas personalmente, en una visita por sí mismos o por delegación, y otros enviando lo realizado en base a la reunión mantenida y al documento entregado”.
Este último, dice, es el caso de la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila, que presentó en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito, “fruto de la reunión mantenida con el Consejo el 15 de febrero en Basilea”.
En ella, Fernández Dávila recibió el documento con 21 propuestas “que afectan a los españoles en general”, elaborado por el CRE, identico al que, informa, también entregó al líder del PP, Mariano Rajoy (reunión del 8 de febrero en Berna), y al vicesecretario general del PSOE, José Blanco (reunión del 15 de febrero en Zurich).
Un documento de interés
Como prueba de los resultados de su labor, el CRE resalta que en el enunciado de sus preguntas Fernández Dávila manifiesta que “se nos ha trasladado una serie de problemas que afectan a estos residentes en el exterior, y que están perfectamente reflejadas en el documento que nos ha hecho llegar el Consejo de Residentes Españoles en el Exterior, Demarcación Consular de Berna-Basilea. Un documento que recoge las demandas de los emigrantes y que el Gobierno debería tener en cuenta a fin de procurar las soluciones más adecuadas”.
También subraya que, “además de la eterna pregunta y siempre motivo de debate, sobre la asistencia sanitaria a los emigrantes retornados”, la diputada pregunta sobre:
“1. ‘(...) Programas de Apoyo y Ayudas a la Inserción Laboral; programas dirigidos a las personas que trabajan en el sector servicios y que por problemas de salud deben abandonar el mercado laboral, aunque el seguro de invalidez suizo les niega o no les reconoce el derecho a una prestación de invalidez. Estas personas carecen de cualquier otro tipo de apoyo económico y en un momento dado se ven excluidas del mercado laboral suizo (...)’.
2. ‘(...) la necesidad de ayudas para los jóvenes que no tienen acceso a las Becas de Formación Superior y que, por algún motivo, quedan excluidos del sistema suizo de formación profesional. Precisamente con este tipo de ayudas se permitiría cursar dicha formación en el Estado español, lo cual facilitaría su integración laboral y también el retorno. En la misma línea se hace necesaria una convalidación equitativa a nivel profesional, facilitando y acelerando los trámites de convalidación (...)”.
Las preguntas
Las preguntas a las que se refiere el CRE fueron presentadas por Fernández Dávila en el Congreso de los Diputados en junio del año pasado.
Una de ellas se refiere “a la necesidad de aprobar becas para jóvenes españoles residentes en el exterior”, que no tienen acceso a becas para la formación superior y que han quedado excluidos del sistema suizo de formación profesional, para que cursen su formación en España, “lo que facilitaría su integración laboral y también el retorno”, línea en la que “se hace necesaria una convalidación equitativa a nivel profesional, facilitando y acelerando los trámites de convalidación”.
En concreto, la diputada pregunta si conoce el Gobierno la situación de los jóvenes españoles en Suiza que no tienen acceso a las becas de formación superior y que además quedan excluidos del sistema suizo de formación profesional, sobre la disposición del Gobierno de estudiar ayudas destinadas a estos jóvenes, la consideración que le merece la posibilidad de otorgar estas ayudas para que realicen su formación en España, si cree que esto facilitaría su integración laboral y retorno, su opinión sobre la demanda del CRE de mejorar la convalidación profesional de manera que sea más equitativa y si tiene el Gobierno en consideración la necesidad de facilitar y acelerar los trámites de convalidación.
En otra ocasión la diputada se interesa por la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, en especial en lo relativo a la asistencia sanitaria, y pregunta qué procedimientos tienen que seguir los emigrantes retornados a la hora de tramitar el derecho a la prestación sanitaria y si deben afrontar algún coste al respecto, como una cantidad de dinero por tramitar la tarjeta sanitaria.
Según Fernández Dávila, en algunos casos se ha requerido un desembolso económico para tramitar la tarjeta sanitaria y pregunta si esto se atiene a la legalidad y la norma en la que se recoge esta circunstancia. Se interesa también por las gestiones que ha realizado el Gobierno con las comunidades autónomas para garantizar la formalización de esta tarjeta y por si “está justificado que se cobre a los emigrantes retornados una cantidad económica por tramitar su derecho a la prestación sanitaria cuando en ninguna de las normas legales se contempla tal hecho”.
En otra ocasión la diputada se interesa por las ayudas para la inserción laboral de personas “que trabajan en el sector de servicios y que por problemas de salud deben abandonar el mercado laboral, aunque el seguro de invalidez suizo les niega o no les reconoce el derecho a una prestación de invalidez”.
En este caso pregunta la opinión del Gobierno acerca de incluir a los españoles residentes en Suiza con problemas de salud en programas de apoyo y ayudas a la inserción, si sabe que el régimen suizo les niega el seguro de invalidez y cualquier tipo de prestación una vez que se ven obligados a abandonar el mercado laboral por problemas de salud y la disposición del Gobierno a atender estos casos de manera que los españoles residentes en el exterior no queden en situaciones de abandono.
Respuestas
En sus respuestas a las preguntas formuladas por Fernández Dávila, el Gobierno dice conocer la situación de los jóvenes españoles residentes en el exterior en general y en Suiza en particular, así como la de los demás colectivos españoles residentes en este país y que “ha adoptado todas las medidas posibles para evitar situaciones de abandono”.
En materia educativa recuerda que convoca anualmente ayudas para la promoción educativa en el exterior de quienes carecen de recursos suficientes, a través de acciones para la formación en el exterior y que las Becas Reina Sofía conceden ayuda económica para realizar estudios universitarios en España. En cuanto a la inserción laboral, indica que en el Programa de Jóvenes hay ayudas para participar en programas de formación para el empleo o formación profesional, como la hay asimismo en el Programa de Mujeres.
Sobre la protección de la salud de los españoles residentes en el extranjero, indica que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior consagra este derecho “en los términos que reglamentariamente se establezca que, en todo caso, tendrá por finalidad la equiparación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud” y que el Estado promoverá una atención integral de la salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos suficientes.
En consecuencia, dice, se ha regulado el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para retornados y pensionistas y trabajadores por cuenta ajena, españoles de origen, residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional, lo que se ha hecho precisamente para exonerar de la aportación de un certificado del país de residencia de que no procede la exportación de la prestación de asistencia sanitaria “a los españoles de origen retornados procedentes de Suiza cuando no tienen la condición de pensionistas de la Seguridad Social suiza”, ya que, explica, conforme al ordenamiento helvético, los españoles que abandonan definitivamente Suiza y no tienen la condición de pensionistas causan baja en el seguro suizo de enfermedad y no tienen derecho a la exportación de la asistencia sanitaria al fijar su residencia en España.
Resalta que esta prestación no supone coste alguno para sus beneficiarios pues se sufraga con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. “En todo caso, no se tiene conocimiento de que a los solicitantes de esta prestación se les haya exigido desembolso económico alguno para normalizar la tarjeta”, precisa.
En lo que se refiere al derecho a las prestaciones de invalidez a cargo de la Seguridad Social suiza, indica que está supeditado a los requisitos de la legislación de ese Estado, “por lo que la denegación probablemente se deba a que los interesados no reúnen dichos requisitos”. En este punto recuerda también que los reglamentos comunitarios de coordinación Seguridad Social se aplican a los estados miembrtos de la Unión Europea, a los del Espacio Económico Europeo y a Suiza, por lo que los españoles residentes en Suiza tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales de ese Estado.
Según la información del Gobierno, los convenios de asistencia sanitaria para atender a los españoles que residen en el exterior y carecen de ella “han experimentado un extraordinario aumento desde 2005 y han pasado de un colectivo de 19.282 beneficiarios atendidos en 2005 a 50.472 en el año 2008”, con un gasto superior a los 13 millones de euros.
“El esfuerzo económico realizado en los últimos años ha permitido incrementar notablemente la extensión de esta cobertura, pasando de los 7,7 millones de euros en 2006 a 14 millones de euros en 2007 y a los 13,2 millones en 2008”.
