Los consejeros de la emigración reclaman incentivos fiscales para los pensionistas españoles que retornan a sus orígenes
Las políticas de incentivos a los jóvenes y personas en edad productiva para retornar a España están dejando de lado a un colectivo que se siente fuertemente unido a su país por vínculos emocionales y culturales como es el de los pensionistas.
Considerados por la Comisión de Asuntos Sociolaborales como un “colectivo de gran valor potencial”, su retorno, defiende, “representa una inyección directa en renta pasiva, estable y recurrente en la economía española, sin generar un coste directo en el sistema de seguridad social ni en el sistema público de pensiones”.
Como contrapartida, reclama para ellos una deducción fiscal a aplicar durante un periodo de dos años, siguiendo los “baremos, condiciones y obligaciones que determina la autoridad fiscal española” y cumpliendo las “condiciones de permanencia en España que se determinen reglamentariamente”.
Con esta propuesta se pretende “corregir” el “sesgo histórico” en que se ha incurrido al obviar la aportación de los pensionistas a la “economía circular, el consumo local” y también al “desarrollo de zonas con riesgo de despoblación”.
Aplicar la deducción temporal a los pensionistas y jubilados que retornan “generará beneficios multidimensionales que van más allá del ámbito puramente fiscal, impactando positivamente en la economía, la demografía y la cohesión social”, recoge el texto de la Comisión sobre esta propuesta, en el que se detallan los beneficios que esta medida aportaría en tres apartados concretos: beneficios fiscales y para el erario público, beneficios económicos y de estímulo al consumo y beneficios sociales y cohesión.
Beneficios fiscales y para el erario público
Respecto a lo primero, como principal ventaja fiscal se refiere a la “integración de rentas de origen extranjero en la base imponible del IRPF español”, puesto que, “tras dos años de beneficio, el Estado comenzará a recaudar el IRPF sobre una base que, de no producirse el retorno, sería nula”. También advierte un coste fiscal inicial bajo, puesto que la hipotética deducción fiscal durante dos años se compensaría “con creces por la recaudación asegurada durante el resto de la vida del pensionista en España”. Un último punto en cuanto a los beneficios fiscales incide en el incremento de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como en otros impuestos indirectos, como los especiales y sobre transmisiones patrimoniales, derivados del mayor consumo y actividad económica generada.
Beneficios económicos y de estímulo al consumo
El retorno masivo de los pensionistas y jubilados también aportaría una inyección de renta estable gracias a una pensión extranjera que constituiría una fuente de liquidez segura e independiente del ciclo económico español. Asimismo, serviría para dinamizar el consumo en sectores clave como la alimentación, bienes y servicios; en sanidad y ocio, y también en el mercado inmobiliario, con el alquiler o la compra de vivienda. Teniendo en cuenta que los pensionistas tienden a elegir y fijar su residencia en municipios pequeños o con menor densidad de población, su presencia en estos espacios fomentaría igualmente la economía rural y local. Su aportación tendría repercusión en la despoblación de estos lugares y ayudaría a mantener los servicios locales que, de otra forma, “podrían desaparecer”.
Beneficios sociales y cohesión
A los beneficios fiscales y económicos que reportarían se suman los sociales y de cohesión, ya que la medida actuaría como un “gesto positivo de la Administración Tributaria” hacia ellos, “contrarrestando la percepción negativa heredada de pasadas campañas fiscales”, al tiempo que fomentaría un “retorno voluntario y tranquilo”. Por otra parte, serviría para reconocer “explícitamente la aportación potencial de un colectivo que ha sido históricamente excluido de las políticas de fomento del retorno, valorando su papel como vector de capital económico”.
La propuesta, respaldada por el 78% de los consejeros, provocó cierta controversia entre sus partidarios y los que cuestionaron su acierto al reducir el beneficio de la deducción a solo dos años. Los argumentos que esgrimieron estos mostraban sus dudas respecto a la influencia que tendrían la medida sobre unos potenciales beneficiarios que desconocerán si transcurrido ese tiempo podrán hacer frente a las cargas fiscales que rigen en España.
