El CGCEE desmiente que la ‘ley de nietos’ limite el acceso a la nacionalidad a los exiliados y niega regulaciones “exprés”
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) emitió, este jueves 16, una nota para aclarar aspectos relacionados con la polémica surgida en torno a la adquisición de la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que, según sostienen sus máximos representantes, ha derivado en “informaciones falsas o inexactas”.
Así mismo, cuestiona las “propuestas planteadas por distintas formaciones políticas”, entre las que destaca Vox, que piden “limitar el derecho al sufragio de la ciudadanía española residente en el exterior” al voto en urna.
En lo que respecta a la llamada ‘ley de nietos’, el órgano consultivo aclara en un primer punto que el acceso a la nacionalidad de los españoles en el exterior a través de su disposición adicional octava “no se limita a supuestos de exilio político, sino que contempla diversos supuestos relacionados con la transmisión de la nacionalidad española expresamente previstos por el legislador”. Su finalidad, aclara, “es corregir situaciones históricas que impidieron o dificultaron la transmisión de la nacionalidad española a determinados grupos de descendientes de españoles en el exterior”.
Asimismo, también asegura que esta ley –que se aprobó en junio de 2022 y cuya disposición adicional octava estuvo activa desde octubre de ese año hasta octubre de 2025– “se ha desarrollado mediante criterios interpretativos dirigidos a garantizar una aplicación homogénea por parte de los registros civiles y oficinas consulares, evitando diferencias en la aplicación de una misma norma”.
También aclara otro de los puntos objeto de la polémica, asegurando que “no se está realizando ninguna ‘nacionalización exprés” para fomentar la participación en los procesos electorales, sino que “la tramitación de los expedientes continúa desarrollándose a través de procedimientos administrativos y requerirá aún varios años para completarse, debido al elevado número de expedientes” que están “pendientes de resolución”.
Participación más baja que antes de implantarse el voto rogado
Por lo que respecta al derecho del sufragio, el Consejo General aclara que “la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es una consecuencia jurídica derivada de la legislación electoral vigente para la ciudadanía española que reúne los requisitos establecidos”, y que “la participación electoral de la ciudadanía española residente en el exterior continúa situándose por debajo de los niveles registrados antes de la implantación del voto rogado en 2011”.
Como consecuencia, frente a las voces que piden que se impida el voto por correo desde el exterior, defiende el derecho de la ciudadanía en el exterior a ejercer sus derechos políticos “en igualdad de condiciones que el resto de las españolas y españoles”, por lo que entre sus objetivos está el “seguir fomentando la participación del electorado en el exterior”.
Asegura también que, desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el CGCEE “ha venido realizando un seguimiento continuado de su aplicación y ha trasladado públicamente sus posiciones y propuestas en materia de nacionalidad mediante diversos comunicados e iniciativas”.
Prosigue, afirmando que el Consejo ha defendido “reiteradamente la necesidad de avanzar hacia una solución estable y permanente en materia de nacionalidad para la descendencia de españoles en el exterior, superando el carácter temporal de las medidas actualmente vigentes”. Por ello, “elaboró una propuesta de reforma del Código Civil, presentada en ambas Cámaras”, que “invita a todas las fuerzas políticas a estudiar”, con el objetivo de “alcanzar una solución estable y permanente para la descendencia de los españoles en el exterior”.
El CGCEE, un órgano independiente
En respuesta a las informaciones que aseguraban que su presidenta había sido “colocada” en el cargo por el PSOE, se asegura que el organismo “ha mantenido” su posición “con independencia de los distintos gobiernos y mayorías parlamentarias que se han sucedido en España”. Porque “nuestro compromiso es con los derechos de la ciudadanía española en el exterior y sus descendientes”, puntualiza.
Prueba de ello es que el Consejo General –cuyos miembros son electos, así como su presidenta, y desempeñan sus funciones sin percibir retribución alguna– mantiene relaciones institucionales con las administraciones públicas, entidades y formaciones políticas que solicitan su participación, invitando igualmente a dirigentes de todas las fuerzas con representación parlamentaria a sus plenos y actividades.
Por este motivo, lamenta que, “en el marco del debate público, se estén difundiendo informaciones o interpretaciones que cuestionan los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior y de sus descendientes sin reflejar adecuadamente el contenido de la legislación vigente ni la trayectoria histórica de esta institución”.
Tras recordar que “la ciudadanía española residente en el exterior debe poder ejercer plenamente los derechos y deberes inherentes a su condición de ciudadanía”, asegura que el Consejo General “continuará desarrollando su labor como órgano consultivo y asesor en las materias que afectan a la ciudadanía española residente en el exterior, trasladando sus propuestas a las instituciones con el objetivo de contribuir a la mejora” de los derechos del colectivo y de “su participación en la vida pública española”.
