UN TOTAL DE 1.735 ESTABAN ENCARCELADOS EN EL EXTERIOR A FINALES DE 2014

Cuatro de cada cinco españoles que cumplen condena en el extranjero fueron detenidos por tráfico de drogas

| 23 de mayo de 2015, 16:10

El número de españoles encarcelados en el extranjero a finales de 2014 se elevó a 1.735, según el informe del Defensor del Pueblo, en el que se recoge que cuatro de cada cinco fueron detenidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El país con mayor número de españoles detenidos es Perú, con 327, seguido de Francia (155), Colombia (139), Marruecos (119) y Alemania, que contabiliza 117 españoles encarcelados. El resto de presos se encuentra repartidos por Brasil (82), Ecuador (79), Venezuela (30), Panamá (20) y Grecia, donde figuran tres españoles retenidos en sus cárceles.

La mayoría de los presos españoles en Perú están a la espera de ser trasladados a España, según reza en el informe del Defensor. A fecha 29 de abril de 2014, existían 131 peticiones de traslado, de las cuales 116 todavía no habían sido remitidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que de estas 116 solicitudes, 50 se encontraban pendientes de recabar los requisitos exigidos a fin de completar el expediente; 63 se encontraban pendientes de la exoneración del pago de reparación civil ante el poder judicial, y en tres casos se había denegado la solicitud de exoneración.

Desde comienzos del año 2012 hasta el 4 de diciembre del año 2014, sólo se hizo efectivo el traslado de un ciudadano español desde Perú para cumplir condena en España.

Las dificultades que padecen estos expedientes de traslado obedecen a circunstancias diversas, según el informe, atribuibles fundamentalmente al tiempo excesivo que precisa la coordinación interna entre los distintos organismos intervinientes. Tales dificultades habían sido transmitidas, a través del Consulado español, a las autoridades peruanas en demanda de posibles vías de solución.

 

En Colombia

La mayoría de las detenciones de ciudadanos españoles en Colombia se producen en los aeropuertos internacionales de Medellín, Cali y El Dorado (Bogotá).

Los detenidos españoles se encuentran recluidos en 23 centros penitenciarios diferentes, por lo que dicha dispersión dificulta la correcta prestación de la asistencia consular a los detenidos. Además, algunos se encuentran en zonas particularmente peligrosas, mientras otros están instalados en lugares de muy difícil acceso.

El estado general de las cárceles colombianas “es inadecuado”, asegura el informe, y puntualiza que esta situación “se agrava a causa del hacinamiento, que incide en la peor calidad de la alimentación y en la peligrosidad de su interior”.

Colombia y España tienen suscrito un convenio para el traslado de personas presas. Así, desde comienzos del año 2012 hasta el 4 de diciembre del año 2014, se materializaron con éxito 67 expedientes de traslado para cumplir condena en España de ciudadanos españoles que inicialmente cumplían condena en Colombia.

 

En Marruecos

Por lo que respecta a Marruecos, desde principios del año 2012 hasta el 4 de diciembre de 2014 se habían hecho efectivos 27 expedientes de traslado a España.

Durante el año 2014, tres ciudadanos españoles se beneficiaron del indulto que el rey de Marruecos, Mohamed VI, concedió con motivo del 15º aniversario de su coronación.

Más de la mitad de los internos españoles en Marruecos (35) cumplen condena en la prisión de Tánger, un centro penitenciario que padece graves problemas de hacinamiento y carencia de servicios básicos, como el acceso al agua caliente. Los restantes se encuentran repartidos por Casablanca (8), Tetuán (48), Rabat (25) y Nador, donde se encuentran encarcelados tres españoles.

De las quejas recibidas se deduce que un buen número de los internos españoles en las cárceles de Marruecos padecen enfermedades como depresiones, úlceras, reumatismo o artritis. La atención sanitaria no es suficiente, ya que sólo se cuenta con dos médicos para atender a unos 2.800 internos.

Las quejas recibidas en la institución, de los ciudadanos españoles que cumplen allí condena, se refieren al sistema legal, a la precariedad económica para hacer frente a los gastos que se requieren (alimentación diaria aceptable, medicación, etcétera), inseguridad, desnutrición, insalubridad y hacinamiento.

 

En Venezuela

La mayoría de las reclamaciones recibidas en materia de prisiones en Venezuela se relacionan con la falta de mantenimiento o colapso de los servicios básicos; hacinamiento; violencia entre internos o internas; insuficiencia de personal profesional y técnico para la atención y reinserción social de la población penal; deficiencias en el suministro de alimentos, y en la atención en el área.

A 30 de diciembre de 2014, un total de 30 españoles se encontraban en ese país privados de libertad y desde principios del año 2012 hasta el 4 de diciembre de 2014 se hicieron efectivos 33 expedientes de traslado de Venezuela a España.

 

En Bolivia

Por lo que se refiere a la atención sanitaria que reciben los internos en Bolivia, no es adecuada, lo que unido a un consumo muy extendido de sustancias estupefacientes redunda en un notorio empeoramiento de la salud de los internos.

28 españoles se encontraban privados de libertad en Bolivia a finales del pasado año, de los cuales 7 figuraban en la circunscripción consular de La Paz (Penales de La Paz y Cochabamba), y 21 en la de Santa Cruz de la Sierra, en el Penal de Palmasola, en la que, en 2013 fallecieron 35 personas, incluido un bebé de año y medio, lo que obligó a convocar diversas reuniones desde la Dirección General de Régimen Penitenciario, con el fin de impulsar un programa de reformas.

La cifra de personas de nacionalidad española presas en Bolivia se ha ido reduciendo en los últimos años gracias sobre todo a los sucesivos indultos presidenciales.

 

En Ecuador

Los 79 ciudadanos españoles que se encontraban privados de libertad en las cárceles de Ecuador estaban repartidos entre Guayaquil (41) y Quito (38).

Los reclusos españoles en dichos centros penitenciarios padecen diversas carencias, tales como la alimentación, lo que obliga a los presos españoles a destinar la mayor parte de la ayuda económica otorgada por el Consulado español a la compra de alimentos.

Por otra parte, la asistencia sanitaria es precaria. Los españoles que necesitan ser atendidos en prisión requieren de la obtención de una autorización, y sólo en casos de extrema gravedad y urgencia se autorizan los traslados a los hospitales públicos.

Desde comienzos del año 2012 hasta el 4 de diciembre del año 2014, se habían hecho efectivos 66 expedientes de traslado desde Ecuador a España.

 

En Panamá

En Panamá, el tráfico de drogas se castiga con dureza, y según la legislación local los extranjeros no pueden acogerse al régimen de libertad condicional. Esto implica que un extranjero condenado por tráfico de drogas se enfrenta normalmente a una pena íntegra de entre 10 y 15 años de cárcel, sin poder salir antes en libertad condicional.

20 ciudadanos españoles se encontraban privados de libertad en Panamá a finales del pasado año y en los últimos dos años se hicieron efectivos 42 expedientes de traslado desde Panamá a España.

Las personas privadas de libertad en Panamá viven en instalaciones sin mantenimiento y en condiciones antihigiénicas y hacinadas. Muchos no cuentan con una cama ni con artículos de limpieza. Una gran parte de la población penitenciaria no tiene abastecimiento constante de agua potable ni tampoco acceso adecuado a un médico ni medicinas.

Durante el año 2013, se iniciaron varias actuaciones en relación con el estado de salud de varios presos españoles que cumplían condena en Panamá, y se llegó a la conclusión de que no recibían la medicación adecuada, y que sólo recibían atención médica cuando su situación era límite. Tras esta investigación, se iniciaron 22 actuaciones, en colaboración con la Defensoría del Pueblo de Panamá, a fin de prestar atención individualizada a cada uno de estos ciudadanos españoles por separado, de los cuales 15 han conseguido regresar a España durante el año 2014.

 

En Brasil

En Brasil, los presos españoles se encuentran repartidos por Brasilia (6), São Paulo (60), Río de Janeiro (4), Salvador de Bahía (11) y Porto Alegre (1).

El 95% de los presos españoles son detenidos por tráfico de estupefacientes, suelen ser personas que transportan la droga en la ruta procedente de Perú-Colombia-Bolivia.

La atención sanitaria en estas cárceles no es adecuada, ya que no se dispone de médicos, sólo cuentan con una enfermería y los traslados a hospitales se autorizan en escasas ocasiones.

Desde 1966 existe un Tratado entre España y Brasil sobre Traslado de Personas Condenadas, gracias al cual entre los años 2012 y hasta el 4 de diciembre del año 2014 se materializaron 19 expedientes de traslado.

 

En Grecia

Por último, tres ciudadanos españoles se encontraban detenidos en Grecia a finales de 2014 y los tres casos se siguen desde la oficina del Defensor del Pueblo con la colaboración constante del Consulado General de España en Atenas.

En diciembre de 2012, con motivo de una visita realizada por personal de esta institución a Atenas, para participar en unas jornadas de trabajo organizadas y financiadas por la Unión Europea en colaboración con el Defensor del Pueblo griego, se visitó la prisión de Atenas donde se encontraban dos de los tres presos españoles. A través de las quejas recibidas se constata que las condiciones penitenciarias en Grecia no son equiparables a las españolas. La masificación es uno de los principales problemas, y las instalaciones son muy antiguas.

 

Campañas de concienciación

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas y la ONG Movimiento por la Paz llevan varios años realizando campañas de prevención para concienciar a la sociedad de los peligros que conlleva acercarse a las drogas en los viajes al extranjero.

A pesar de estas campañas, el número de españoles que han sido recluidos por este motivo ha ido en aumento en los últimos años, ya que muchos ciudadanos “no suelen ser conscientes de las sanciones que conllevan en muchos países estas conductas, que en algunos casos son penadas con cadena perpetua e incluso la muerte”, recoge el informe, en el que se pone de manifiesto “la dureza de las condiciones de cumplimiento de las condenas en un buen número de los centros penitenciarios extranjeros”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dedica anualmente una partida destinada a la ayuda económica para los detenidos españoles en el extranjero, que, en 2014 fue de un millón de euros.

Pese a todo, se habla de las carencias en materia de alimentación, atención sanitaria e higiene, entre otras cuestiones, que “son constatables, tanto en las quejas formuladas por los reclusos o sus familias ante esta institución como en los informes de los defensores del pueblo de esos países”.

Además de la dureza de la vida carcelaria en gran parte de estos centros penitenciarios foráneos, muchos ciudadanos españoles, en régimen de libertad condicional o libertad provisional y que aún no pueden abandonar el país “se enfrentan a condiciones de precariedad que no siempre pueden encontrar la respuesta adecuada” por parte de las autoridades consulares españolas, “debido fundamentalmente a la carencia de los medios de que disponen para paliar estas situaciones”, según la oficina del Defensor de Pueblo, que, en los últimos años, registra “un incremento de las quejas recibidas sobre esta materia”.

Los motivos de queja dirigidos hacia este organismo se centran en “la demora en los expedientes de traslado; disconformidad con la actuación de los consulados; problemas relativos a las condiciones de prisiones extranjeras, e irregularidades procesales que se detectan en el desarrollo de los juicios”.

En este último caso, aunque las posibilidades de intervención son muy limitadas, se intenta ofrecer toda la información posible al preso o a sus familiares.

Por otra parte, y en contraposición a los motivos de reclamación previamente expuestos, se reciben también escritos en los que se deja constancia de la encomiable labor de las autoridades consulares, indicando que, en muchas ocasiones, su trabajo va más allá de las competencias que legalmente tienen establecidas, y llegan a relacionarse con todos los problemas de los presos y de sus familias.

 

Pena de Muerte

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca desde el año 2009 ayudas económicas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte en el extranjero. Hasta la fecha, se han tramitado en la institución del Defensor del Pueblo dos quejas de ciudadanos españoles condenados a muerte en el extranjero.

El primero de ellos relativo a la situación de un español que fue condenado a muerte por los tribunales filipinos. Finalmente con fecha 18 de mayo de 2007 se firmó el convenio de traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad entre España y Filipinas, que permitió el regreso del afectado a nuestro país.

En la actualidad, solo un ciudadano español se enfrenta a una condena de pena de muerte en el Estado de Florida. Desde el Defensor del Pueblo se sigue con interés este caso, dada la gravedad de la situación. Los hechos se remontan a 1994, cuando tres personas fueron asesinadas en Florida. La agresión y el asesinato fueron grabados por una cámara oculta que había en la vivienda donde se produjeron los hechos. Unas semanas más tarde, este ciudadano español fue detenido, ya que la policía consideró que el rostro de la persona que aparecía en las imágenes de muy baja calidad que se grabaron del asesinato guardaba gran parecido con el interesado. Tras seis años de aplazamientos, el 14 de junio del año 2000, este ciudadano español fue condenado a muerte y, desde esa fecha, espera su ejecución en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Raiford, en Florida.

Así mismo, se tramita en la institución una queja de una ciudadana española que permanece condenada a cadena perpetua en Tailandia, tras declararse culpable de tráfico de drogas, circunstancia que fue considerada como atenuante, ya que la legislación del país asiático castiga este delito con la pena de muerte.

La oficina del Defensor del Pueblo constata que muchas de las personas que ingresan en prisión padecen graves problemas de adicción a las drogas, mentales e incluso enfermedades crónicas que se agravan con su ingreso en prisión.

 

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que el Defensor del Pueblo eleva al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación figura desarrollar reglamentariamente los supuestos en los que la ciudadanía española residente en el exterior que carezca de recursos económicos, pueda acceder a la asistencia jurídica gratuita; reforzar los medios personales y materiales en las demarcaciones consulares que albergan mayor número de presos; regular la obligatoriedad de informar cada cuatro meses, por parte de las autoridades consulares a la Dirección General de Españoles en el Exterior, sobre la situación de los españoles condenados a muerte, o que sufren cadena perpetua; establecer mecanismos de ayudas para aquellos ciudadanos españoles en régimen de libertad condicional o libertad provisional en los países de condena, y que no pueden salir de dicho territorio mientras tengan responsabilidades penales pendientes; mejorar los canales de comunicación existentes entre los familiares y las autoridades consulares, teniendo en cuenta que por la distancia, el idioma y la precariedad de recursos económicos, la única información de la que disponen muchas familias es la que les llega a través de los consulados; continuar los esfuerzos para reducir los tiempos medios de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que estos ya han sido aprobados por las autoridades del país del Estado de condena y del Estado receptor, y continuar con la utilización de los vuelos de repatriación de personas extranjeras que se realizan desde España, para recoger a presos españoles, cuyos expedientes de traslado para cumplir condena en España ya han sido aprobados y están a la espera de materialización.

Respecto a la Secretaría de Estado de Justicia, recomiendan elaborar un listado actualizado de los ciudadanos españoles que cumplen condena en países de la Unión Europea, a fin de dar cumplimiento urgente a lo dispuesto en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.  

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