Acaba de asumir el área de Exterior del PP nacional, una responsabilidad que “agradezco”

Antonio Rodríguez Miranda: “Estamos deseando que se derogue el voto rogado, por justicia con los españoles del exterior”

El nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP nacional llevó aparejado el ‘ascenso’ de su hombre de confianza en materia de Emigración en la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, quien, después de una década al frente de la Secretaría Xeral de Emigración, deberá compaginar el cargo con la dirección del área de Exterior del PP a nivel nacional. Sin embargo, Miranda no considera la elección un ascenso, todo lo más, una nueva responsabilidad que “agradezco”, dice, al tiempo que se muestra dispuesto a poner “a disposición de los españoles en el exterior todo lo que me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo”.

Antonio Rodríguez Miranda: “Estamos deseando que se derogue el voto rogado, por justicia con los españoles del exterior”
18.Antonio Rodriguez Miranda
Antonio Rodríguez Miranda, nuevo responsable del área de Exterior del PP nacional.

Pregunta. Once años después de su implantación, los partidos se han puesto de acuerdo para derogar por fin el voto rogado de los residentes en el exterior. ¿Qué valoración hace del acuerdo alcanzado?

Respuesta. Estamos satisfechos de que el Partido Popular haya sido un decidido impulsor y partícipe de este proceso de eliminación del voto rogado, estamos deseando que concluya satisfactoriamente por justicia y derecho con todos los españoles en el exterior, que este mes de junio lo apruebe el Congreso y que, a continuación, también lo pueda hacer el Senado, para poder promulgar la Ley.

En el PP siempre apostamos por la necesaria reforma de la Loreg. El actual presidente del Partido Popular ha venido a dar el impulso definitivo. Él siempre ha sido un firme defensor de que los españoles en el exterior votasen lo más parecido a como se hace en territorio español, es decir, en urna, con todas las facilidades y también con todas las garantías. Él lo expresaba gráficamente diciendo que “los votos de nuestros ciudadanos del exterior deben venir en urnas de cristal”. Así lo aseguró en todo momento Núñez Feijóo, ya cuando era presidente de la Xunta, y así es como consideramos que debe de ser.

De esta manera, se apuesta por un sistema ágil, seguro y transparente para facilitar el voto a todos nuestros ciudadanos residentes en el exterior, que facilite la participación sin reducir las garantías. 

P. Se trata de una ley consensuada, pero ¿qué aspectos, de los han quedado aparcados, le gustaría al PP que contemplara la nueva ley?

R. Con esta reforma propusimos multiplicar los puntos de depósito de voto para acercarlo al domicilio del ciudadano y que se multiplique el depósito del voto en urna; anticipar todo lo posible el envío de documentación; facilitar el acceso a las papeletas de forma telemática, así como al resto de toda la documentación en los lugares de depósito de voto (por si no se ha recibido), ampliando los plazos para emitirlo e incluyendo el fin de semana anterior para hacer compatible el votar con las obligaciones laborales; dar mayor plazo para que los votos lleguen a España antes de hacer el recuento para que lleguen todos los votos emitidos, y la mejora de las garantías en la emisión y en la custodia. 

También hemos propuesto más garantías en la emisión del voto por correo, como la firma del elector en la parte posterior del certificado censal, que garantiza la emisión personal.

Pedimos que todos los envíos hacia el exterior y hacia España se hicieran en valija diplomática, para asegurar rapidez y fiabilidad, esperemos que esto sea posible. 

Y asimismo hay aspectos que estarán pendientes de desarrollo reglamentario por el Gobierno, en los que esperamos diligencia, y estaremos supervisando para que se cumpla lo previsto en la ley.

P. ¿Cómo repercutirá la eliminación de este trámite en las cifras de votantes? ¿Cree que contribuirá a incrementar la participación?

R. La participación va a aumentar sustancialmente, porque, si la ejecución que debe hacer el Gobierno del Estado en consonancia con la reforma de la ley es correcta, se va a facilitar y simplificar la emisión del voto. Se eliminan muchos obstáculos que hacían imposible en muchos casos votar.

La participación se va a multiplicar, por la facilidad que se da, pero también porque los españoles en el exterior saben que van a poder ejercer un derecho que les estaba muy limitado. Uno de sus mayores deseos es participar en una de las decisiones más importantes que se deben tomar en un país democrático y de derecho, que es elegir a los miembros de los órganos que representan a la soberanía popular: el Congreso y el Senado. Poder participar en la decisión de quién va a dirigir el país en los siguientes cuatro años es importante.

Ellos, que quieren siempre lo mejor para España, no van a renunciar a participar, a votar, y lo harán como muestra de su cariño, de su interés hacia su país de nacimiento o de origen familiar.

P. El voto debe ser secreto, pero también debe ser fiable. ¿Garantiza el nuevo marco legal la fiabilidad del voto exterior? 

R. Evidentemente se han establecido todas las garantías para lograr esa fiabilidad, tratando de no complicar su emisión, como venía ocurriendo con el voto rogado. 

Incluso, en algún caso, hemos propuesto más garantías, como en la emisión del voto por correo, incluyendo la firma del elector en la parte posterior del certificado censal que garantiza la emisión personal, o pidiendo el uso de sobres de seguridad para los envíos, lo que evita la manipulación de la documentación contenida en su interior.

En todo caso, estaremos muy atentos al desarrollo de los distintos procesos para que la ejecución sea acorde con las previsiones de la ley. Esa responsabilidad le corresponde al Gobierno; a nosotros, supervisarlo.

P. Los avances tecnológicos podrían abrir en breve la puerta a la votación telemática, un aspecto por el que algunos abogan para agilizar el proceso del voto. ¿Cómo beneficiaría esto al colectivo en el exterior?

R. Aún no se puede garantizar la fiabilidad el voto con los actuales sistemas telemáticos de forma masiva, así se ha pronunciado la Junta Electoral Central, y esa es una condición imprescindible para poder aplicarlos.

P. Los españoles que viven fuera del territorio se han visto perjudicados en los últimos años, y así lo han estado denunciando, por algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo. Está el caso de los viajes del Imserso, de los que solo se pueden beneficiar los que cotizaron en España. ¿Es partidario de modificar la decisión gubernamental adoptada al respecto?

R. Somos partidarios de que los españoles en el exterior sean tratados en condiciones de igualdad. Por lo tanto, debe haber mecanismos que diferencien lo que es diferente, pero no discriminen. Se debería reconsiderar esta decisión.

P. El descontento también ha quedado de manifiesto con la implantación de las clases semipresenciales en las Aulas de Lengua y Cultura (ALCE) ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería volverse a la presencialidad?

R. Debemos aplicar los sistemas TIC para facilitar la participación, para llegar a cada domicilio de un español y que sus hijos puedan estudiar nuestra lengua, pero debemos hacerlo acorde con las consideraciones didácticas en función de la edad de los niños y, por lo tanto, buscando el mejor método de enseñanza para cada edad.

Ante la demanda actual por parte de los padres y con el asesoramiento adecuado de los expertos, se debe reconsiderar a partir de qué edad es procedente empezar las enseñanzas semipresenciales.

P. Uno de los apartados que más protestas está generando tiene que ver con los problemas que se detectan en los consulados y embajadas. El personal está alzando la voz para denunciar falta de medios y reclama mejoras laborales y salariales. ¿Qué medidas se deberían adoptar para acabar con el descontento en esas oficinas diplomáticas?

R. Desde el Partido Popular mantenemos contactos estrechos y permanentes con nuestros ciudadanos del exterior para conocer su día a día y sus necesidades y, en este sentido, hemos detectado en los últimos años cómo la atención en los consulados españoles se resentía a causa de la pandemia. 

Los problemas se han ido reduciendo, pero aún se mantienen situaciones de dificultad para recibir atención en numerosos lugares. Y existe preocupación especial en algunos casos, ya que hay consulados que tienen mucho retraso en la atención o que mantienen la atención sólo telemática.

En ese sentido, solicitamos al Gobierno central que, a través de las autoridades españolas en los diversos países, traten de mejorar todo lo posible los servicios de atención a los ciudadanos españoles. 

Sabemos que este tipo de situaciones se están dando, por ejemplo, en Argentina, pero también en el Reino Unido y se dan en diferente medida y por razones diferentes. El caso del Brexit provocó una saturación unida a una huelga de los trabajadores. Y esto se ha trasladado a una situación de grave dificultad para los españoles residentes en el país, tanto para poder viajar, como para renovar los pasaportes.

En el caso del Reino Unido, nuestra petición al Gobierno actual es que se tomen medidas de forma urgente que permitan a nuestros ciudadanos recuperar la normalidad en la atención de los consulados.

P. Las políticas de retorno han sido el ‘plato fuerte’ de la Xunta en materia de Emigración en la legislatura pasada y también lo están siendo en la presente, con ayudas y medidas transversales entre consejerías que han superado las expectativas sobre el número de personas que deberían retornar a la comunidad autónoma. ¿Qué proponen a nivel nacional? ¿Se debería fomentar igualmente el retorno de españoles en el exterior?

R. Evidentemente. La puesta en marcha en Galicia de una Estrategia de Retorno que permitiera aplicar más de 60 medidas directas para la atracción de nuestros gallegos del exterior permitió que 22.000 personas decidieran, en los últimos cuatro años, regresar a esta comunidad autónoma.

Esto hace evidente que es necesario y deseable que el Estado español tenga su Estrategia de Retorno, porque, además, es el Estado el que tiene las competencias en esta materia y las debe ejercer, por los españoles del exterior, que es su derecho, y por lo que puede suponer de beneficio a la sociedad española. 

P. Ha sido elegido para dirigir el área de Exterior del PP a nivel del Estado y deberá compaginar esa responsabilidad con la que ostenta en la Xunta. ¿Qué ventajas o inconvenientes podría llevar implícito?

R. Las ventajas, creo, parten de poder aportar mi experiencia previa desde 2012 al frente de la Secretaría Xeral de Emigración en la Xunta de Galicia, trabajando por los más de 500.000 gallegos residentes fuera de España. Es evidente que las políticas de cercanía, atención y apoyo que se están prestando en el ámbito social y cultural a las personas y a las instituciones, así como las de retorno, están funcionando. 

Y en cuanto a las desventajas… más horas de trabajo, de vuelos de avión y de tiempo que no se dedica a la familia. Pero así ocurre cuando uno apuesta por ser un servidor público. 

Este sacrificio lo asumo con mi familia, con todo cariño, porque la labor de acompañar y ayudar a los españoles emigrantes y sus familias es una de las más altas responsabilidades que puede asumir un servidor público. Yo así lo creo firmemente.

Los que están fuera “necesitan percibir la cercanía de las administraciones”

Alberto Núñez Feijóo ha decidido decantarse por su hombre de confianza en el departamento de emigración de la Xunta para llevar el área de Acción Exterior del partido a nivel, nacional. Después de 10 años al frente de la Secretaría Xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda amplía funciones como miembro de la formación política. 

P. ¿Qué ha supuesto para usted ese ‘ascenso’?

R. No hay ascensos, se trata de que cada uno haga su trabajo desde el área de responsabilidad que se le encomienda. Agradezco profundamente la confianza del presidente, para mí es un nuevo reto que me lleva a superarme y una enorme responsabilidad. Pondré a disposición de todos los españoles en el exterior todo lo que me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo. 

P. Como persona que conoce a fondo los asuntos que se refieren a la emigración, ¿qué aspectos cree que se deberían mejorar a la hora de diseñar políticas para los españoles que residen en el exterior?

R. La experiencia al frente del Departamento de Emigración en Galicia hace que tengamos claro que los españoles en el exterior, lo primero que necesitan, es percibir la cercanía de las administraciones españolas; que se evidencie que estamos cerca y no les olvidamos; que se les visite, se les acompañe, se les escuche, y luego, se les ayude. 

Debemos dar apoyo social, sobre todo en América. Debemos acompañar a las instituciones de origen español que actúan en el ámbito social o incluso sanitario; a las instituciones culturales, para que sigan siendo esos faros de cultura en el mundo, y, por supuesto, debemos ofrecer información, orientación, acompañamiento y colaboración para el retorno. 

Los que viven fuera tienen que tener la posibilidad de regresar a España con las garantías suficientes de que, en su vuelta, van a encontrar un Estado que les ayuda y apoya, y no que les causa dificultades burocráticas y sociales para su inserción en nuestra sociedad.

“El Gobierno no debe poner escollos al retorno en un país con una baja tasa de natalidad”

Como secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda contrapuso en más de una ocasión las políticas de Galicia en materia de emigración y retorno a las del Gobierno central. 

P. En el supuesto de que el PP alcanzara La Moncloa con Núñez Feijóo, ¿en qué le gustaría mejorar en estos apartados?

R. Hay cuestiones muy concretas que llevamos mucho tiempo reivindicando y que son esenciales, porque suponen un escollo para los españoles que quieren regresar. 

Hablamos de temas como la agilización en la homologación de títulos, la ayuda para facilitar los permisos de residencia y de trabajo para las parejas o hijos sin nacionalidad, la posibilidad de contar con ayudas para el acceso a una vivienda… 

Una y otra vez, las quejas de los españoles del exterior que retornan se repiten en los mismos términos. Y el Gobierno debe facilitar el retorno, no poner escollos para evitar que éste sea una realidad en un país con una baja tasa de natalidad, pero que cuenta con evidentes atractivos. Es un derecho que tienen como españoles y para España es una riqueza incorporar a personas de tantos países del mundo con una gran cualificación académica y profesional que nos daría grandes ventajas competitivas en una economía globalizada como la actual.

P. El Gobierno central ha decidido en esta legislatura suprimir algunos de los programas para colaborar con la colectividad en el exterior, como el programa destinado a los centros o a los medios de comunicación que les informan de las cuestiones que les incumben. ¿Son objetivas las medidas adoptadas?

R. Pues nosotros creemos que no, que van en sentido contrario a lo que debe ser. Cuanto menos colaboremos con nuestros ciudadanos del exterior, menos interacción tendremos con ellos y menos interés demostraremos por su regreso y por su propia situación. Nunca podemos olvidarnos de que se trata de compatriotas que han optado, por la razón que sea, por trabajar y vivir fuera de España, pero que debemos continuar a su lado, acompañándoles y ayudándoles allí donde residan, y además, estando pendientes, porque, si en el futuro, ellos o sus descendientes, quisieran establecerse en España o crear aquí su empresa, traer a su familia o poner en marcha su proyecto de vida, también tendríamos que facilitárselo y acompañarlos.

“Lamentablemente, a los consejeros de la emigración, a nivel estatal, no se les escucha”

Después de cuatro años sin convocarse, por fin se va a celebrar en Madrid los días 14 y 15 de junio el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

P. Los consejeros por los distintos países representados se quejan a menudo de que no se les escucha y que sus propuestas apenas son atendidas. ¿Comparte esta visión?

R. Lamentablemente, en el caso estatal, sí, ya que, desde 2018, no se ha convocado el pleno del Consejo. Nosotros, en Galicia, mantenemos las reuniones del Consello de Comunidades Galegas cuando tocan, y además, en el órgano permanente, que es la Comisión Delegada, de forma continua cada año. Incluso podemos decir que, durante la pandemia, esas reuniones se han multiplicado, aprovechando las TIC, para tener un pulso real y permanente de la situación de nuestros ciudadanos en el exterior. Y el Estado puede y debería hacer lo mismo.

P. Entre otras demandas, los consejeros reclaman una ley de nacionalidad que incluya aquellos supuestos que se aprueban en el pleno y que tienen que ver, por ejemplo, con la concesión de ese derecho a los que han sufrido el exilio económico. ¿Cómo se debería abordar este asunto?

R. El PP lleva años instando al Gobierno y también a través de las Cortes a que realicen las modificaciones normativas necesarias en materia de nacionalidad, procurando el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas, para revisar todos aquellos supuestos en los que, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se produjo una situación de discriminación o agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad.

La Proposición de ley que se aprobó en el Senado con mayoría del PP y que vio truncada su tramitación a causa de la repentina convocatoria electoral, hoy estaría aprobada y sería una muy buena reforma en esta materia. En esta misma línea vamos a seguir.

P. La cuestión de la igualdad de género también está de actualidad en el CGCEE. Las jóvenes consejeras que representan a Alemania defienden una perspectiva feminista de las propuestas y piden aupar a una mujer a la presidencia. ¿Qué opinión le merecen estas demandas?

R. Trabajar en pro de la igualdad es algo que tiene que ser cotidiano y lo hacemos desde el PP. La presidencia la debe ostentar la persona que tenga el respaldo de acuerdo con las normas que regulan su elección. Cada consejero es legítimo que efectúe y defienda la propuesta que considere más adecuada.

Antonio Rodríguez Miranda: “Estamos deseando que se derogue el voto rogado, por justicia con los españoles del exterior”