SE CONSULTARÁ A 8.000 ASOCIACIONES Y ENTIDADES PARA CONFECCIONAR EL DOCUMENTO

El Gobierno de Asturias aprueba la elaboración de un Libro Blanco de Participación Ciudadana

| 9 de marzo de 2016, 15:47
RP Consejo Gobierno 4
Guillermo Martínez, durante la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno.

El Gobierno de Asturias preparará un Libro Blanco de Participación Ciudadana, un documento con el que impulsará la cooperación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y cuya presentación está prevista para el segundo semestre del año. El documento, según ha informado este miércoles, día 9, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, a los miembros del Consejo de Gobierno, se articulará a través de un amplio proceso de participación (se consultará a más de 8.000 asociaciones y entidades ciudadanas) y permitirá contar con un diagnóstico exhaustivo de las herramientas de colaboración que hay en Asturias, identificar buenas prácticas y recabar propuestas concretas de acción.

El Ejecutivo también impulsará los 29 órganos sectoriales de participación con los que cuenta la Administración del Principado, que conforman en buena medida un ejemplo de la pluralidad de la sociedad asturiana. Es el caso, entre otros órganos, del Consejo Asturiano de la Mujer, el Consejo Asesor de Comercio, el Consejo de Formación Profesional, el Consejo Asesor de Sanidad, el Consejo Regional de Caza, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Consejo Escolar.

La elaboración del Libro Blanco y la posterior Ley de Participación situarán a Asturias a la cabeza del país en la adopción de mecanismos de gobernanza colaborativa, dado que solo el País Vasco cuenta con un documento de estas características. En el ámbito normativo, únicamente Canarias dispone de una norma específica en materia de participación ciudadana, ya que el resto de comunidades que tienen legislación al respecto la incluyen dentro de las leyes de transparencia y buen gobierno.

Entre las novedades de la futura ley de participación y del Libro Blanco resalta el compromiso del Gobierno para regular la actividad de los lobbies o grupos de presión, mediante la creación de un registro público, una iniciativa que también pretenden seguir Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco. La regulación de los grupos de presión será una singularidad del ordenamiento jurídico porque solo Cataluña cuenta con un registro. Y entre las entidades públicas, únicamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha habilitado un mecanismo de estas características para mejorar la transparencia en su actividad.

En relación con la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, este viernes concluirá el proceso de información pública y el texto definitivo se presentará en el primer trimestre de este año. El documento incorporará la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que dependerá del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano con personalidad jurídica propia.

El anteproyecto autonómico amplía y desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ser más ambicioso en cuanto a los datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, en los sujetos que se someterán a la normativa y en el establecimiento de mecanismos y controles más estrictos contra la corrupción.

La regulación incidirá sobre cinco ámbitos de actuación: transparencia en la actividad pública; buen gobierno; publicidad activa; ejercicio del derecho a la información; reutilización de la ciudadanía del citado derecho. El texto incorpora, asimismo, un régimen sancionador para altos cargos que incumplan la ley en materia de transparencia informativa.

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