Opinión

Prurito decisionista

Nunca antes se valoró tanto como ahora, en el Estado español, la universalización de la decisión, eso sí, según la conveniencia y todo de ‘boquilla’. Aquí que nadie cuenta, ni contó, para nada, a raíz del referéndum soberanista catalán los poderes públicos, los políticos y los media españoles quieren que las decisiones de los catalanes las decidan en los más recónditos pueblos de Extremadura, Palencia y Ourense, entre otros puntos geográficos que podrían incluir Gibraltar.

Como proyecto ‘fantástico’, la capacidad de decisión de todos sobre todo no deja de ser mentirosa y capciosa. Puestos a decidir podrían consultarnos sobre las ayudas públicas a los bancos (que sí pagamos todos). También sobre la Constitución y su única reforma que se hizo en tiempo récord sin avisar a nadie para mayor gloria del poder financiero. La lista de consultas sería inagotable.

La ‘propuesta’ de consultar en Moratalaz, Chamberí, Vallecas, Sevilla o Logroño sobre el presente y futuro de Cataluña (sobre su convivencia, sobre su sistema educativo, sobre su lengua oficial, sobre sus fiestas y costumbres) no deja de ser torticera y mal intencionada. Es forzar el resultado de una consulta que se prohibió a los propios catalanes para enfrentarlos aún más a los ciudadanos del resto del Estado. El resultado de la consulta es tan predecible como una carrera de un solo corredor.

La universalización de la elección, ya puestos a consultar, podría trasladarse a la elección del presidente del Gobierno español, por parte de los ciudadanos y no de los diputados, a la decisión de intervenir en aventuras bélicas, desde Afganistán-Iraq hasta Libia, o a la idea grandiosa y brillante de ser súbditos y no ciudadanos.

El monopolio constitucional de la iniciativa de referendo por parte del presidente del Gobierno coloca la consulta al servicio de los particulares intereses de este, sin prever la iniciativa de sectores sociales significativos, sean los que sean, estén donde estén.