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Cantabria actualiza la regulación de la Oficina de Bruselas para reforzar su presencia ante las instituciones europeas

Redacción, Santander | 09 de enero de 2020

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado, en su reunión del Consejo de Gobierno, un decreto por el que actualiza la regulación de la Oficina de Bruselas, con el objetivo de reforzar su presencia ante las instituciones europeas. La nueva norma se ajusta a la reorganización de las competencias del Ejecutivo aprobada al inicio de la legislatura, que ha situado esta oficina bajo la gestión de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado, en su reunión del Consejo de Gobierno, un decreto por el que actualiza la regulación de la Oficina de Bruselas, con el objetivo de reforzar su presencia ante las instituciones europeas. La nueva norma se ajusta a la reorganización de las competencias del Ejecutivo aprobada al inicio de la legislatura, que ha situado esta oficina bajo la gestión de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.

El decreto por el que se regula el régimen jurídico de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas actualiza el aprobado en 1998, cuando se creó la Oficina, con el objetivo de reforzar la presencia de la Comunidad ante las instituciones europeas y defender sus intereses en cooperación con la representación permanente de España.

Tras la reorganización de las competencias del Gobierno al inicio de la legislatura, la Consejería de Presidencia ha asumido las correspondientes a la acción exterior y la Oficina de Bruselas ha pasado a depender orgánicamente de este departamento. En consecuencia, era necesario actualizar y reorganizar el funcionamiento de esta unidad y eso es lo que hace el decreto aprobado, el cual regula no sólo las competencias, sino también la configuración de la Oficina como unidad administrativa, su organización, la habilitación de créditos presupuestarios, el régimen de gestión económica o el periodo de transición, mientras se crean y cubren reglamentariamente los puestos de empleados públicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

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