LA ASAMBLEA DE SOCIOS DIO 30 DÍAS AL INTERVENTOR PARA QUE PRESENTE UNA OFERTA

La suerte del Centro Gallego de Buenos Aires aún se debate entre la venta y la quiebra

| 21 Mayo 2018 - 13:52 h.

La Asamblea de Socios del Centro Gallego de Buenos Aires, máximo órgano de conducción de la mutual, dio su mandato al interventor judicial, Martín Moyano Barro, para que en un plazo no mayor de 30 días presente una oferta formal de compra del inmueble y restablezca las prestaciones sanitarias.

La oferta, precisaron, deberá contemplar la cesión de la gestión sanitaria y la venta del inmueble a un grupo inversor, de tal manera que el importe pueda ser utilizado para la cancelación del pasivo de la mutual. La otra opción, avanzaron, es la quiebra de la institución.

En caso de no poder concretar ninguna de las dos encomiendas (la venta y el restablecimiento de las prestaciones) dentro del plazo establecido, los asambleístas instruyeron expresamente a la intervención para que solicite el concurso preventivo judicial de la mutual.

Asimismo, rechazaron el pedido de un nuevo cuarto intermedio (aplazamiento de la asamblea) solicitado por Moyano Barro y dieron por cerrada la asamblea. “Esta asamblea –sostuvieron– no accede a otro cuarto intermedio, fundamentado exclusivamente en la falta de respuesta inmediata a la atención sanitaria de sus socios y por las actitudes y conductas del propio interventor, que hemos decidido no tolerar más”.

También requirieron que la próxima convocatoria se realice sólo “cuando la intervención esté en condiciones de presentar una propuesta firme y documentada de la parte compradora (el Grupo Inversor Rivera Salud de España y la Fundación Favaloro de Argentina)” y el centro preste atención a los socios.

La asamblea, que se llevó a cabo en el teatro Castelao, el 8 de mayo pasado, contó con la participación de 25 representantes y más de medio millar de socios que siguieron en vivo la reunión desde una pantalla gigante montada en el salón de acceso a la institución. 

Allí, en un escrito (preparado con antelación por los representantes) que leyó Carmen Hermida se advirtió a Moyano que sin esos dos requisitos se abstenga de convocarlos nuevamente y –en caso de no poder concretar las dos encomiendas en el plazo de 30 días corridos– se lo facultó expresamente para que realice “la presentación en concurso preventivo judicial del Centro Gallego de Buenos Aires”.

Los representantes puntualizaron en su escrito, que a la fecha “no se ha producido ninguna oferta seria y formal de la compradora” y se quejaron de que el interventor les había informado en numerosas ocasiones que “el acuerdo con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ya estaba en proceso de aceptación pero que, sin embargo, hoy se encuentran “con una mera expectativa”.

Recordaron también que a 30 de abril de 2017, alrededor de 900 millones de pesos –unos 35 millones de euros, que representan el 73 por ciento de la deuda total de la mutual–  corresponde al Estado argentino por aportes y contribuciones jubilatorias y de obra social.

“A buen entendedor, podemos sintetizar: los socios venden su casa para pagar al Estado nacional una deuda que sus gestores generaron en estos últimos cinco años a través de sucesivas intervenciones que demostraron, cuando menos, una notable incapacidad de gestión”, aseguraron.

Los representantes se quejaron de que desde que la justicia argentina intervino el Centro Gallego, en 2012, los pasivos y las deudas de la institución crecieron exponencialmente dejando el sanatorio, afirmaron, “desprovisto de los más elementales recursos humanos y materiales para brindar una asistencia aceptable”.

En el escrito, atribuyeron también a la intervención “haber permanecido impasible y sorda” al reclamo hecho en la asamblea del pasado 24 de abril de restablecer la atención sanitaria de los socios y criticaron que “no sólo no se ha puesto en práctica, sino todo lo contrario”.

Finalmente, acusaron al interventor de ser responsable del “permanente sometimiento y humillación” a la que han sido “sometidos los socios y representantes” y las “permanentes denuncias civiles y penales que inicia contra los representantes y con cualquier otra persona que le exija explicaciones”.

 

Martín Moyano informa sobre el estado de situación

Momentos antes de la lectura del escrito de los representantes, el interventor judicial, Martín Moyano Barro, había anunciado que en los próximos días tenía previsto reunirse con representantes del Grupo Ribera Salud de España y el restablecimiento de 25 especialidades médicas.

La  operación de venta, señaló Moyano, se va a estructurar en torno al APE por lo que “en  contacto con ellos personalmente” esperaba poder avanzar en “la forma de cerrar la venta”.

 “La realidad –indicó­– es que desde que se inició todo este proceso muchas de las condiciones macroeconómicas que vivimos en Argentina han sido modificadas sustancialmente y no es menos cierto que en los últimos 15 días las variaciones en el valor del dólar han hecho que tengamos que solicitar este cuarto intermedio a fin de poder ponernos de acuerdo en la forma y las condiciones en la que se haría la venta, que se realizará en moneda extranjera”.

El interventor adelantó asimismo que en los próximos 30 días corridos, haría la presentación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) autorizado por la asamblea el pasado 24 de abril. Se trata de “un proceso, explicó, que hasta su homologación puede demorarse por unos 90 días más”.

Moyano había informado asimismo a los representantes que habían “iniciado un trabajo para poder restablecer las prestaciones médicas para los socios”, en función, dijo, de la “indicación” recibida en la reunión anterior.

En el marco de la asamblea, el interventor judicial presentó a los representantes a la nueva gerente general de la intervención, Mónica Valdemoros, quien explicó que las especialidades en las            que se trabaja para restablecer el servicio son “las más pedidas por los socios”. La gerente general,  además, nombró a los nuevos médicos destinados a cada una de las especialidades y  aseguró que  mantendrá a los representantes al tanto de las novedades.

 

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