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Miranda atribuye a las políticas de retorno de la Xunta de Galicia el saldo migratorio en más de 6.000 personas en 2017

| 28 Junio 2018 - 13:57 h.
Antonio Rodríguez Miranda, durante el Pleno del CGCEE.
Antonio Rodríguez Miranda, durante el Pleno del CGCEE.

Las políticas de retorno que está aplicando el Gobierno gallego para tratar de frenar el problema demográfico en la Comunidad “están dando resultados”, a juzgar por los datos de 2017 ofrecidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística) el lunes de esta semana, que hablan de un saldo migratorio positivo en Galicia de más de 6.000 personas el año pasado. El dato fue resaltado un día después por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante su comparecencia en el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) para explicar las medidas de la Xunta en materia de emigración.

Entre las más importantes, el secretario xeral aludió al plan ‘Estratexia Retorna 2020’, dado a conocer el pasado mes de abril, con más de 50 medidas de carácter específico y en el que Galicia tiene previsto invertir más de 235 millones de euros en políticas transversales para lograr la vuelta a la comunidad autónoma de más de 20.000 gallegos hasta el año 2020, el 60% de los cuales (12.000), con edades inferiores a los 45 años.

El Gobierno gallego se ha propuesto que la actual legislatura sea “la del retorno”, apuntó Miranda, porque, tal y como recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía, “los gallegos tienen el derecho a volver” y su vuelta en “una oportunidad excepcional”. No solo para ellos, sino también para Galicia en general, por su aportación desde el punto de vista social, apuntó el secretario xeral, quien añadió: “Con su saber hacer, su aprendizaje y su conocimiento del exterior, nos pueden dar impulso desde el punto de vista social para que nuestra sociedad se adapte a esa globalidad necesaria en el siglo XXI”.

Miranda recordó que en la actualidad se contabilizan más de 2,5 millones de españoles residiendo fuera (más de 1 millón con menos de 45 años), de los cuales, 516.000 son gallegos y de ellos, 228.000 tienen menos de esa edad. Es precisamente en estos últimos, los que están todavía en edad de trabajar y de emprender, en los que hizo especial hincapié el secretario xeral en su discurso, ya que, considera, es el colectivo al que más “difícil” se le hace decidir el retorno.

Y esa es la tarea de la Administración en este apartado: llamar la atención de todas estas familias para que se planteen volver a su tierra”, porque son “una riqueza de gran valor para luchar contra el problema demográfico de Galicia, al que no es ajeno el resto de España”, puntualizó.

Las medidas adoptadas al respecto deben ir encaminadas a prestar atención al conjunto de la familia, teniendo en cuenta también a las familias mixtas (donde uno de los cónyuges es español y el otro no) y, en ese sentido, preocuparse por la educación de los hijos, el mercado laboral y la asistencia sanitaria, entre otros aspectos. Para ello, Miranda pidió la colaboración de todos para trabajar de manera conjunta: las comunidades autónomas y la Administración del Estado, “en el exterior y en el interior”, porque es la Administración central la que tiene “las competencias en extranjería”, aseguró.

También a todos los consejeros, para que contribuyan a divulgar la ‘Estratexia Retorna 2020’ en beneficio de los gallegos y a que trabajen igualmente en favor de los españoles en el exterior, con un “trabajo directo en sus países”, “reforzando esos vínculos” en las sociedades y centros del exterior, a través de “la cultura y la lengua”.

Miranda también hizo alusión al papel de la mujer en la colectividad, que espera, dijo “sea realmente destacada”, así como de la juventud, “motor de la sociedad”.

No obstante, el acento debe ponerse en las personas, y por eso, el trabajo en el ámbito social debe ser “prioritario”, dijo Miranda, quien aseguró que en el último periodo, Galicia atendió a más de 30.000 personas con ayuda directa y más de 7.000 recibieron asistencia sociosanitaria.

 

Venezuela

En este apartado, hizo alusión a Venezuela, “país en situación de crisis social”, que “necesita del esfuerzo de todos” y donde comunidades autónomas como Asturias, Canarias o Galicia están realizando un trabajo colectivo para contribuir a paliar la situación de sus conciudadanos asentados en el país bolivariano.

En concreto, la Xunta destinó en 2017 alrededor de 1,8 millones de euros a gallegos en Venezuela en situación de necesidad y este año la cifra podría rondar los 2,2 millones de euros.

Respecto a los españoles en Venezuela, Miranda pidió mantener “la sensibilidad” y apostar por el “trabajo colaborativo” entre la Administración central y las comunidades autónomas, y hacerlo contando con las entidades asociativas en el país.

Respecto a los retornados de Venezuela que llevan desde 2015 sin percibir la pensión que les corresponde por parte del Gobierno venezolano, el secretario xeral se mostró partidario de “buscar una solución”, porque “son demasiados años sin percibir esa pensión” y el Estado debería articular los mecanismos para que tuvieran opción a una pensión no contributiva por parte de España.

 

Voto rogado

Los problemas del voto rogado también tuvieron cabida en el discurso de Miranda, quien aseguró “compartir” la postura del actual gobierno respecto al voto rogado al hablar de su “eliminación” y, al respecto, aseguró que Galicia se mostró “clara” al respecto y que asume al compromiso de trabajar en esa dirección para acabar de una vez por todos con los problemas derivados de la reforma de la Loreg en lo que al voto del exterior se refiere. “Feijóo así lo ha manifestado y yo traigo ese mismo mandato y el del Parlamento gallego” para que los residentes en el exterior “puedan votar en las mismas condiciones en que lo hacen los ciudadanos en el territorio nacional”.

Consciente de la debilidad parlamentaria del nuevo Ejecutivo central para sacar propuestas adelante en lo que resta de legislatura, esa debilidad “la tendremos que suplir los demás para cumplir los objetivos”, dijo el titular de Emigración de la Xunta.

 

Nacionalidad

El otro apartado conflictivo y sobre el que más se incidió en el pleno tuvo que ver con los problemas que acarrea la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que ha dejado “ciertas lagunas” y generado un “agravio comparativo” entre los descendientes de la diáspora gallega.

Al respecto, Miranda se mostró partidario de “corregir la situación” y se refirió a la aprobación en el Senado de la proposición de ley del grupo de Podemos, una “iniciativa parlamentaria concreta y decidida”, apostilló, para que esos problemas se resuelvan cuanto antes.

Miranda concluyó su intervención ofreciendo la colaboración de su departamento a todos los CRE del mundo para que las informaciones lleguen a los interesados cuanto antes y les animó a actuar como portavoces de la emigración, porque “ustedes son el parlamento de los españoles en el exterior”, finalizó.

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