EL PRESIDENTE DE IURISGAMA ACABA DE SER NOMBRADO MIEMBRO DEL CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Carlos Lema: “O se dota de muchos más medios a la Justicia o con esta crisis vamos a tardar en ponernos al día”

| 05 Mayo 2020 - 18:50 h.
Carlos Lema, presidente de Iurisgama.
Carlos Lema, presidente de Iurisgama.

Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, aunque licenciado por la de Santiago de Compostela, Carlos Lema Devesa preside la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama), una entidad dedicada defender los intereses de sus asociados y a asesorarles en distintos ámbitos de su competencia. Residente en la capital desde hace casi 39 años, Lema Devesa, natural de Compostela, pone el acento en los problemas que el coronarivus va a provocar en la administración de justicia en todo el territorio nacional. Es por eso que se van a necesitar “muchos más juzgados y reforzar los ya existentes para ponernos al día”, comenta el catedrático, quien recientemente, a propuesta de la Fundación Barrié de la Maza, fue nombrado miembro del Consello da Cultura Galega.

 

Pregunta. ¿Cómo están llevando el confinamiento en Madrid, la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus?

Respuesta. Como la mayoría de los españoles. Estamos cumpliendo a rajatabla lo que nos ha ordenado el Gobierno y estamos muy preocupados porque el número de fallecimientos es de los más elevados del mundo en relación al número de habitantes. Por otra parte, estamos teniendo un problema económico como yo creo que España nunca ha tenido, al menos que yo recuerde desde que he nacido, y es que lo que se nos avecina es fortísimo, gravísimo y va a dejar a España totalmente postrada durante bastantes años y con dificultad para poder volver a las etapas anteriores donde, a pesar de los problemas que existían, estábamos mucho más tranquilos, mucho más confiados y, por qué no decirlo, mucho más felices.

 

P. Un problema económico y también judicial, supongo, porque este parón está dejando sobre la mesa un montón de casos por resolver. ¿Cómo se van a enfrentar a ello?

R. Así es. Desde el punto de vista jurídico tenemos un problema importantísimo, aunque ya, afortunadamente, se han establecido medidas que implican el ‘desconfinamiento’ de los expedientes judiciales. Hasta ahora estaba muy paralizada la administración de justicia, a excepción de aquellos casos de extrema urgencia o extrema gravedad –en los supuestos de actividades delictivas donde tiene que intervenir un juzgado para ordenar el ingreso o no en prisión de un detenido por la comisión de un delito–. Y por otro lado están todos los temas de la jurisdicción social –los ERTE–, y los problemas de la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, aquellas normas que han sido objeto de recurso o de demandas y que tendrán que ser resueltas, pero que van a tardar mucho tiempo. Estos días hemos conocido nuevas medidas, entre otras, que se va a habilitar, excepto los sábados y domingos, del 11 al 30 de agosto para poder avanzar en materia de actuaciones judiciales en el propio juzgado: audiencias, vistas, etcétera. Pero creo que es muy poco tiempo y para muchos abogados que tenían agosto como periodo vacacional, va a suponer un problema. A título personal, estoy dispuesto a sacrificarme y no coger vacaciones esos días si con eso contribuyo a que se pueda avanzar y agilizar las tramitaciones de los correspondientes procedimientos, pero me temo que esa medida sola y que se trabaje por las tardes en los juzgados van a ser insuficientes.

 

P. Situaciones como esta, ¿generan más conflictos y, por tanto, más trabajo, o es al contrario?

R. Una situación como la que estamos viviendo produce la unión entre crisis económica y pleitos en tribunales, porque en la jurisdicción social tenemos todo el problema de los ERTE –de los que están sometidos a un expediente de regulación temporal de empleo– que hay que tramitar. Es verdad que se tramitan ante la administración, pero muy posiblemente desembocan en expedientes de regulación de empleo, porque pequeñas y medianas empresas, lamentablemente, no van a poder continuar con sus empleados porque no tienen la posibilidad de mantener el trabajo. Pero, además, en la jurisdicción mercantil nos vamos a encontrar con concursos de pequeñas y medianas empresas e incluso de grandes y de particulares, a los que no les han pagado su nómina o que les están pagando tarde, que ya tenían deudas contraídas y que les resulta imposible satisfacer esas deudas, como los recibos normales de una renta, de gas, de luz, teléfono, etcétera. Ese incremento colapsa los juzgados y nuestros jueces, por mucha dedicación, entrega y horas extras que hagan, incluso aunque se lleven expedientes a casa, no van a poder resolverlo. Necesitaríamos muchos más juzgados y mucho más refuerzo en los juzgados actuales para tratar de ponernos al día

 

P. ¿Quizá los delitos penales bajan más en situaciones como ésta?

R. Yo creo que sí. Algún tipo de delitos disminuye. Pensemos en los delitos contra la propiedad, desde un atraco, porque la tienda está cerrada, a un delito de robo en la calle, como no hay gente… Se originaron otro tipo de delitos como los telemáticos, pero parece que, afortunadamente, lo que comenzó siendo más frecuente en los primeros momentos del confinamiento, creo que ahora no se están incrementando.

 

P. ¿Y qué pasa con los bulos? El intento del Gobierno de frenar las noticias falsas ha sido muy comentado en los últimos días. ¿Se pueden frenar los bulos legalmente?

R. Los bulos van a ocasionar múltiples problemas por la desinformación a que conducen a las personas que leen esas falsas informaciones que aparecen en determinados canales. ¡Ojo que también ese tipo de información puede implicar delitos de injurias cuando hay un maltrato de palabra hacia otra persona, o incluso un delito de calumnia, cuando se le imputa a alguien un delito que da lugar a un procedimiento de oficio! El tema para mí es que no solo debería atacarse en el ámbito de las personas individuales, sino también en cualquier medio de comunicación. Es decir, los medios de comunicación más importantes normalmente contrastan sus noticias, pero hay algunas que se tardan en contrastar o en probar su veracidad. De modo que hay que ser muy cauto, porque es cierto que hay un principio de libertad de expresión –aunque ésta no es ilimitada, tiene sus límites–, pero lo que no se puede es tratar de efectuar una censura previa, eso es imposible, lo prohíbe la Constitución. Cuando hablamos de un ‘youtuber’ o de un medio de comunicación, habría que apelar a la responsabilidad de las personas que insertan esa falsa noticia, porque lanzar noticias falsas no les va a prestigiar nada, al contrario, les va a desprestigiar.

 

P. ¿Estamos entonces ante un intento de ‘matar moscas a cañonazos’?

R. Pretender prohibir los bulos, ordenando a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que intervengan, es precisamente eso, tratar de ‘matar moscas a cañonazos’. Que hay noticias falsas, pues tratemos de evitarlas, y cómo se evitan, si es un medio de comunicación serio el que las difunde, hay un derecho de exigir rectificación por parte de la persona a que se alude. Cuando son ‘youtubers’ o ciudadanos los que lanzan noticias falsas a través de internet que conciernen a una persona, habría que apelar a su responsabilidad, y cuando la actividad sea delictiva, intentar cerrar esa página web o ese canal o evitar que esa noticia continúe difundiéndose. Ahí tendría que intervenir en principio, aunque no en todos los casos, el juez.

 

P. Cuando escuchó la intervención del general José Manuel Santiago, en la que atribuyó al cuerpo de la Guardia Civil, al que pertenece, la misión de minimizar un “clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”, como jurista, ¿qué sensación le produjo?

R. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen otra misión que cumplir, y no dedicarse a salvaguardar la imagen del Gobierno. El Gobierno da una buena imagen si hace bien las cosas, si no hace bien las cosas, da una mala imagen y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tienen que actuar como una agencia de imagen que trate de poner de relieve la cara bonita de aquellas actividades que puede realizar el Gobierno, sino que, insisto, tienen otras misiones que cumplir y que no son precisamente esa.

 

P. Estos días se nos viene a la mente, con preocupación, la situación que puedan estar atravesando mujeres o familias enteras que estos días de confinamiento tienen que estar conviviendo en casa con su maltratador. ¿Qué pueden hacer, qué se les aconseja hacer?
R. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es solicitar el correspondiente auxilio y eso lo logran tanto por parte de la Administración como por parte de los juzgados y tribunales de justicia. La persona o personas que estén atravesando por una situación así, lo que tendrían que hacer es llamar para que puedan salir de esa casa en la que están confinadas, y, mientras se tramiten las correspondientes acciones judiciales, estar alejados de su maltratador para poder vivir tranquilas hasta que salga una resolución judicial, y no mantenerse en esa angustia porque entiendo que tiene que ser insufrible estar viviendo con un maltratador y no poder salir de casa. Eso tiene que tener solución y la tiene a través de nuestro ordenamiento jurídico. Porque una de las medidas judiciales que exige una tramitación preferente en estos casos es la que concierne a los supuestos de maltrato por parte de la pareja. 

 

P. Estos días, a propósito del coronavirus, también nos están llegando noticias de profesionales de la sanidad o de personas que a título individual han denunciado o amenazan con denunciar a la Administración, bien por considerar que no los han dotado de recursos para desarrollar su función facultativa, bien porque han estado desatendidos. ¿Qué recorrido tienen estas denuncias? ¿Qué posibilidades tienen de ganar en un proceso judicial?

R. Es difícil diagnosticar. Hay que ver las circunstancias de cada caso concreto. Si, por ejemplo, una persona no ha tenido el tratamiento adecuado cuando lo necesitaba o cuando tenían que internarla, de ahí se puede derivar una responsabilidad penal. También si determinadas autoridades conocían esta situación y no adoptaron las medidas que tenían que haberse adoptado. Pero a día de hoy, sin ver cómo termina la situación en la que nos encontramos, es difícil pronosticar cuál va a ser el resultado. Al parecer, ya ha habido denuncias, querellas contra determinadas autoridades que en su momento serán admitidas por los tribunales de justicia, pero una vez que se escuchen las partes y se analicen las circunstancias en cada caso, ante una querella o una denuncia, el juez tendrá que decidir si hay indicios racionales de delito para continuar la tramitación, o en el supuesto de que pueda haber una responsabilidad de la Administración porque se han ocasionado unos perjuicios por una circunstancia en la que, como diría un político hoy en día, no ha funcionado la máquina administrativa.

 

P. Como presidente de Iurisgama, ¿mantiene contacto con asociados? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué le transmiten?

R. Con algunos de ellos, sí. La mayoría de la gente, los que pueden, están trabajando telemáticamente. Por fortuna, casi todos están bien. Hay casos de familiares o amigos que han padecido el coronavirus, algunos han salido afortunadamente bien, y luego conocemos casos de amigos que no están vinculados con el sector jurídico y que han fallecido. La situación en general de los juristas gallegos está siendo de total responsabilidad con el cumplimiento de las medidas que ha decretado el Gobierno con su trabajo en relación con sus clientes. También hay que reconocer que durante estos días hemos tenido paralizados los cómputos de plazos en la administración de justicia y que solo se han desarrollado ante los tribunales aquellos procedimientos que requerían una intervención inmediata, entre los que hemos citado la violencia de género o aquellos otros que requerían de medidas cautelares inmediatas. Por lo demás, confío en que poco a poco se vaya restableciendo la normalidad en la administración de justicia, pero insisto, se van a necesitar más medios, porque, por más que los jueces y el personal de la administración de justicia hagan un esfuerzo y un trabajo titánico, el día tiene 24 horas. Por eso, o bien se dotan de más juzgados e incluso se refuerzan los ya existentes o vamos a tardar muchísimo tiempo en ponernos al día en la administración de justicia, que ya de por sí no es una administración rápida, aunque hay excepciones.

 

P. Los casos de contagiados y fallecidos están descendiendo. ¿Están respirando un poco más aliviados en Madrid?

R. Sin duda, hemos sido la comunidad autónoma más castigada, con mayor número de fallecidos y en estos momentos hay una relativa tranquilidad. Cuando uno está confinado en su casa no tiene otra cosa que hacer que leer, caminar por casa, ver la televisión. Insisto, tenemos que lidiar con esta situación y yo creo que los madrileños aquí están demostrando una gran responsabilidad. El pueblo español en general es digno de que se le levante un monumento, al igual que a los héroes del mes de mayo por haber expulsado a los franceses, por el coronavirus por el desgraciado mes de marzo de 2020.

 

R. Ante este escenario, ¿habría que declarar días de luto por esta pandemia? ¿El presidente del Gobierno debería comparecer con corbata negra en señal de duelo, como hace Emmanuel Macron, en Francia, o algunos ministros o diputados españoles, por ejemplo?

R. Yo, en su lugar, decretaría un acto de duelo y pondría las banderas a media asta. Y de la misma manera que cuando se trata de una reivindicación legítima se pone un lazo de un color determinado, entiendo que una corbata negra debería ser un gesto para poner de relieve la sensibilidad de un presidente de Gobierno con la catástrofe que hemos tenido en España, con más de 25.000 personas fallecidas y, sobre todo, por lo que hay detrás de esas personas: muchas familias huérfanas. Porque hay familias que quedan sin hijos, sin hermanos, y esa sería una forma de solidarizarse con los demás, con los que han perdido un ser querido. Creo que es necesario que un político tenga esa sensibilidad y manifieste esa solidaridad con las personas fallecidas que no dejan de ser españolas igual que él.

 

P. Lleva 39 años residiendo en Madrid, pero, ¿cuál es su vinculación con Galicia?

R. En Santiago tengo a mi padre, que el mes que viene cumplirá 99 años. Además, tengo hermanos en Santiago y A Coruña. Voy a Galicia todos los meses, bien por motivos familiares, bien por motivos profesionales, para asesoramiento de empresas gallegas y por mi vinculación con la universidad de Santiago, que sigue siendo muy intensa, porque soy miembro del Instituto de Derecho Industrial de esta Universidad. Y sigo colaborando con la revista que fundó el profesor Fernández Nóvoa en los años 70. Además, hace unos días me dieron la feliz noticia de que, a propuesta de la Fundación Barrié de la Maza, me nombraron miembro del Consello da Cultura Galega, por lo que espero colaborar con este organismo. 

 

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