El director general de Migraciones dice que “se va a mantener” el objetivo de “extender nuestro estado del bienestar al exterior”

Santiago Yerga: “La Estrategia de Retorno seguirá siendo uno de los ejes fundamentales de las políticas del Gobierno en el futuro”

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, asegura que se va a intentar mejorar la eficacia en la distribución de los recursos disponibles, ajustando los destinatarios y los requisitos, pero recuerda que se mantiene el objetivo de beneficiar a los españoles del exterior más necesitados. Durante la entrevista con ‘Crónicas de la Emigración’, Santiago Yerga repasó todos los temas de interés para la colectividad española en el exterior como la supresión del voto rogado, que “no vamos a dejar de intentar”, y la reforma de la Ley de Nacionalidad, una modificación que requiere la intervención del Congreso y del Senado “y es muy difícil prever los tiempos parlamentarios”.

Santiago Yerga: “La Estrategia de Retorno seguirá siendo uno de los ejes fundamentales de las políticas del Gobierno en el futuro”
Entrevista a Santiago Yerga 2
Santiago Yerga, director general de Migraciones, en su despacho.

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, asegura que se va a intentar mejorar la eficacia en la distribución de los recursos disponibles, ajustando los destinatarios y los requisitos, pero recuerda que se mantiene el objetivo de beneficiar a los españoles del exterior más necesitados. Aun así, el director general reconoce que la pandemia está dificultando sacar adelante los programas convocados y que por eso han decidido no convocar el programa de Centros y el de Comunicación. 

Durante la entrevista con ‘Crónicas de la Emigración’, Santiago Yerga repasó todos los temas de interés para la colectividad española en el exterior como la supresión del voto rogado, que “no vamos a dejar de intentar”, y la reforma de la Ley de Nacionalidad, una modificación que requiere la intervención del Congreso y del Senado “y es muy difícil prever los tiempos parlamentarios”.

Pregunta. Usted fue nombrado director general de Migraciones en plena pandemia, ¿qué supone asumir un cargo así en un momento tan complicado?

Respuesta. Pues como usted señala, es un momento complicado para todo el mundo y por supuesto también lo es para asumir las funciones relacionadas con extranjería, inmigración y emigración en este contexto social y económico. Es una preocupación añadida por la situación de las personas españolas que residen en el extranjero y por la de las personas extranjeras que residen y se encuentran en España. Es difícil también desde el punto de vista de la gestión interna, con todo el personal confinado y teletrabajando, y es complejo en cuanto a las múltiples consecuencias que la crisis sanitaria provoca en el ámbito de las migraciones.  

P. ¿Considera que la crisis sanitaria por el coronavirus pueda llevar a una crisis económica que desencadene nuevos movimientos migratorios?

R. No es que lo considere yo; parece que los especialistas y los organismos nacionales e internacionales coinciden en anunciar una crisis económica que, de seguro, tendrá impacto en los movimientos migratorios. La rápida expansión de la Covid-19 en América, por ejemplo, ya está provocando un incremento de ciudadanos españoles residentes en esos países que desean volver y desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en España.

P. A su llegada al Ministerio, José Luis Escrivá aseguró que había que estudiar las ayudas a la emigración para ver si llegaban a quienes lo necesitaban. ¿Cuál ha sido el resultado de este análisis? 

R. Parece elemental realizar esa valoración del impacto real de las ayudas a la emigración entre sus destinatarios últimos, con objeto de mantener lo positivo y de modificar lo ineficaz. Sin duda, la pandemia y sus consecuencias entre los emigrantes españoles en el mundo está condicionando el análisis, que todavía está en desarrollo, pero que se plasmará en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. 

En su comparecencia parlamentaria, el ministro resaltó también la importancia del consenso en las políticas migratorias, y sobre este eje se articularán las medidas de adaptación del marco normativo de las migraciones y de atención a la emigración histórica o tradicional y a los nuevos migrantes que, en el marco de sus competencias, va a promover la Secretaría de Estado de Migraciones. Esta es una tarea conjunta en la que tenemos que ir de la mano la Administración y los emigrados, así como sus representantes, los centros y las asociaciones y federaciones que configuran el entramado emigratorio. 

P. ¿Considera que se deben hacer cambios en los programas establecidos, y en qué dirección serían? 

R. Los programas existentes son consecuencia de las políticas públicas impulsadas a lo largo del tiempo por partidos de distinto signo, pero con un objetivo común de beneficiar a los españoles del exterior más necesitados, y esta finalidad última de extender nuestro estado del bienestar al exterior se va a mantener; lo que se va a  intentar mejorar es la eficacia en la distribución de los recursos disponibles, en cuanto a los destinatarios de las ayudas, los requisitos para obtenerlas, la justificación de los gastos, etc.

P. A lo largo de este año se han convocado los diferentes programas del área de emigración, pero todavía está pendiente el programa de Centros y el de Comunicación. ¿Tiene el Ministerio intención de convocarlos antes de que acabe este año?

R. Por razones tanto de orden organizativo como derivadas de la crisis de la Covid-19, este año iba a ser complicado poder sacar adelante programas de instrucción y valoración tan compleja y dilatada en el tiempo como son todos los previstos en la Orden de bases de las subvenciones [Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados].  

De hecho, ya estamos teniendo que sortear dificultades para conseguir sacar adelante los programas convocados (Asociaciones, Comunicación para entidades del exterior, Proyectos e investigación y Mayores y dependientes). Como sabe, en muchos países hay severas restricciones a la movilidad, las oficinas de correos y de registro permanecen cerradas, los centros llevan meses cerrados, el personal de las Consejerías y Consulados se encuentra en cuarentena, muchos representantes de asociaciones carecen de certificados digitales para acceder a la sede electrónica... Por estos motivos se ha optado por no convocar los programas todavía pendientes y cuya resolución se presentaba muy problemática. Somos conscientes de lo que entraña esta decisión, pero hemos priorizado la atención directa a los colectivos más vulnerables.

P. Con la pandemia del coronavirus, las instituciones de la colectividad han tenido que estar cerradas, desde la Federación de Sociedades Españolas de Argentina han pedido que se reasignen partidas presupuestarias para poder subsistir. ¿Cómo va a ayudar el Gobierno a estos centros?

R. Precisamente, como decía, el cierre de los centros de la colectividad es uno de los argumentos para estudiar nuevas fórmulas de ayuda a la colectividad española. A través de programas ya convocados, como ‘Asociaciones’ y ‘Mayores y dependientes’, ya se ayuda a determinadas instituciones. Pero no hay que olvidar que estamos condicionados por unos presupuestos que llevan tres años prorrogados y que ni por asomo contemplaban una situación de crisis como la causada por la pandemia del coronavirus.

P. Con la implantación del voto rogado en el exterior, a partir de la reforma de la Loreg en 2011, la participación electoral cayó a mínimos históricos. Todos los partidos políticos se han mostrado de acuerdo en que fue un error y que es necesario cambiarlo, pero los colectivos del exterior se quejan de que pasan los años y siguen teniendo que rogar el voto en cada proceso electoral. ¿Considera que durante esta legislatura se va a poder suprimir la necesidad de rogar el voto desde el exterior?

R. Por nuestra parte no vamos a dejar de intentarlo, porque es una reivindicación ya casi ‘histórica’ de los españoles en el exterior y sus representantes, asumida por los partidos que sustentan el actual Gobierno.

P. Desde algunos sectores se defiende la implantación del voto telemático desde el exterior, ¿cómo lo valora y de qué manera considera que se podría articular?

R. Sin duda es una vía a explorar y que alcanza todo su sentido en el caso de los votantes residentes en el exterior, pero, como decía, hay que ser extremadamente prudentes a este respecto, pues no se encuentra en la misma situación el joven profesional recién emigrado a un país con acceso ilimitado a internet que el emigrante mayor residente en un país con restricciones en el acceso a la red, sin certificado electrónico, etc. En todo caso, estamos en contacto con el Ministerio del Interior y otros departamentos ministeriales para estudiar su implantación en el futuro, pero sin poder avanzar una fecha concreta.

P. Otra de las reivindicaciones desde hace años por parte de la colectividad es una reforma de la Ley de Nacionalidad que corrija las diferencias provocadas en el acceso a la misma de los hijos y nietos en el marco de la Ley de Memoria Histórica. ¿Cuáles son los principales puntos que cree que deben modificarse? ¿Cuándo podría estar aprobada esta esperada reforma?

R. En efecto, a lo largo de los años, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha alcanzado numerosos acuerdos para una eventual reforma de las disposiciones relativas al derecho español de la nacionalidad, desde la propuesta de elaboración de una Ley Integral de Nacionalidad hasta la petición de acceso a la nacionalidad española de los descendientes de españoles que no pueden optar a ella por determinadas circunstancias o que quedaron fuera de la llamada Ley de la Memoria Histórica. Se trata en general de propuestas dirigidas a adquirir, conservar o recuperar la nacionalidad española con la mayor amplitud posible y que contemplan de manera especial el caso de la mujer española que perdió la nacionalidad por matrimonio antes de 1975.

Como es lógico, desde la Dirección General de Migraciones, en su labor de Secretaría del Consejo, se ha dado traslado de estas reivindicaciones al Ministerio de Justicia, pero se trata de modificaciones normativas que exigen la intervención del Congreso y del Senado y es muy difícil prever los tiempos parlamentarios.

P. Hace año y medio, el Gobierno puso en marcha la Estrategia de Retorno encaminada al regreso de la emigración más reciente. ¿Cuántas personas se han acogido a este plan? 

R. Lo que se ha desarrollado a lo largo del primer semestre de este año ha sido el Programa Piloto del Plan de Retorno aprobado por el Gobierno el año pasado. Y, a pesar de las excepcionales circunstancias en que se ha desenvuelto durante la mayor parte del tiempo, se han realizado labores de mediación e información para un total de 200 personas.

P. ¿Qué continuidad va a tener en el futuro?

R. La atracción y retorno del talento es uno de los ejes de nuestras políticas migratorias, que va unido a las medidas dirigidas a dar respuesta a los retos migratorios de nuestros días. Siempre por supuesto dentro de la voluntariedad que ha de presidir todo proyecto migratorio personal. Con estas premisas, la Estrategia de Retorno seguirá siendo uno de los ejes fundamentales de las políticas del Gobierno en el futuro.

P. Otra de las grandes preocupaciones de los emigrantes es la pérdida del derecho a la sanidad en España y por ese motivo muchos de ellos no se dan de alta en el Consulado. A este respecto ha habido mucha controversia, ¿en qué situación se encuentra este tema?

R. El Gobierno tiene entre sus objetivos impulsar medidas que garanticen la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entre esas medidas también se contempla recuperar la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los españoles que viven fuera de España y que o bien no tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en su país de residencia o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.

No obstante, para poder facilitar dicha cobertura a estas personas residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a España, es necesario una modificación normativa en ese sentido, a efectos del reconocimiento del derecho y de establecer losprocedimientos correspondientes. 

La Dirección General de Migraciones es favorablea adoptar las modificaciones normativas, legales o reglamentarias que sean necesarias para garantizar ese derecho, en cuanto sea posible, y que se tendrán que valorar de forma conjunta con el Ministerio de Sanidad, con el que ya estamos en contacto a estos efectos.

P. Recientemente, el Gobierno excluyó a los jubilados europeos que no cobraban pensión del Estado español de los viajes del Imserso. Esta decisión no gustó al colectivo que se siente discriminado, ¿les van a ofrecer alguna alternativa para que puedan participar?

R. Por supuesto, soy conocedor del problema ocasionado por la Orden Ministerial que regula los viajes de mayores, al dejar fuera del programa a las personas españolas residentes en el extranjero que están ‘fuera’ del sistema de seguridad social español.

Esta Orden es la que ha regulado (ya inevitablemente) la convocatoria de las campañas 2019/2020 y 2020/2021, suspendida ahora por otra parte, por las circunstancias de todos conocidas. La campaña 2020/2021 aún no ha sido convocada (ni hay previsión de que se haga de inmediato) pero ese no es el problema, el problema deriva de la Orden Ministerial que regula los viajes.

No obstante –como es lógico–, las actuales circunstancias nos obligarán a cambiar el modelo de viajes del Imserso y posiblemente a modificar dicha Orden, a cuyos efectos ya estamos en contacto con la Dirección General del Imserso para ver de qué manera podemos atender las demandas de ese colectivo, ahora excluido.

P. Para este año, el Gobierno tenía previsto destinar 6 millones de euros para atender las necesidades básicas de los españoles en Venezuela. Ahora y con la crisis sanitaria del coronavirus, parece que los problemas se han agravado, ¿cuáles son las principales iniciativas para paliar las situaciones de necesidad de la colectividad en este país?

R. Ya está en marcha el proceso para aprobar el Real Decreto que contempla la concesión de una subvención directa a la Fundación España Salud para atender a la colectividad española más vulnerable a través de un Plan Especial, que incluye asistencia sanitaria (médica y farmacéutica) y ayuda alimentaria, por un importe similar al del año pasado, de 3 millones de euros.

P. España es un país de emigrantes, pero también es un país que acoge a muchos inmigrantes, aunque hay numerosas voces que se están alzando contra la llegada de los inmigrantes, ¿qué les diría usted como responsable tanto de emigración como de inmigración?

R. Pues que precisamente esa trayectoria histórica de siglos de España como país de emigración nos debería hacer conscientes de la necesidad de acoger a quienes quieren venir a nuestro país, en un marco duradero deque encauce e integre una migración legal, ordenada y segura. 

Además, la llegada de inmigrantes es una oportunidad para hacer frente a los retos demográficos que afronta España; envejecimiento, despoblación, falta de mano de obra en determinados sectores, etc.

“Se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un Pleno ‘telemático”

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) es el órgano que representa a la colectividad del exterior. Su pleno debería haberse convocado en el año 2019, pero se pospuso por la interinidad del Gobierno anterior y ahora con la pandemia no se sabe cuándo podrá realizarse.  

P. En la reunión que tuvo con la Comisión Permanente el pasado mes de junio, le instaron a que se buscase un sistema para llevarlo a cabo a la mayor brevedad posible. ¿Qué fórmulas estudian para realizarlo de una manera alternativa a la reunión presencial de todos los consejeros? 

R. Se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un Pleno ‘telemático’, pero los propios consejeros generales, creo, son conscientes de la dificultad que entraña organizar una reunión de este tipo, tanto por motivos de seguridad como de desarrollo de los debates, de las votaciones, etc. 

No obstante, estamos analizando con nuestra SGTIC (Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) fórmulas alternativas a una reunión presencial.

P. También está pendiente celebrar el que corresponde a este año 2020, ¿cuándo considera que se podría realizar?

R. Creo que a nadie escapa la incertidumbre en que nos encontramos a nivel mundial, de modo que sería absolutamente irresponsable por mi parte aventurar una fecha para un posible Pleno del Consejo General durante este año.

Pero que conste que por nuestra parte no va a quedar intentarlo.

P. ¿Se está valorando la posibilidad de hacerlos de manera consecutiva?  

R. Es una cuestión que tenemos que abordar con el presidente, Sr. Dizy, y con la Comisión Permanente del Consejo, además de contemplar la normativa que lo regula. No se olvide que tenemos encima las elecciones a Consejos de Residentes para el año próximo y que el fin de este VII Mandato del Consejo es en junio de 2021.

P. El presidente del CGCEE, Eduardo Dizy, reclama mayor visibilidad para el Consejo y asegura que es el Ministerio quien lo debería potenciar. ¿Considera que es necesaria esa mayor visibilidad del trabajo que realizan? ¿Cómo cree que podría conseguirse?

R. Por supuesto, y vamos a adoptar medidas en varios frentes para conseguirlo, vía publicaciones en redes sociales, páginas web, notas de prensa, etc.

Pero no hay que olvidar que en esta tarea son corresponsables los propios consejeros generales por medio de las actividades que realizan ‘sobre el terreno’ y el Consejo en su conjunto, como órgano. Pero, en cualquier caso, desde la Dirección General, en nuestra condición de Secretaría del Consejo, vamos a apoyar las iniciativas de su presidente y todos sus miembros en esta labor de visibilidad del Consejo General.

P. Dizy también habla de la necesidad de cambiar la composición del Consejo, ¿lo considera necesario? 

R. Esta es una cuestión que, aparte las propuestas de los integrantes actuales del Consejo, corresponde al Gobierno y al Parlamento, y tiene que ser objeto de una reflexión cuidadosa y de, repito, consenso.

P. Desde diferentes ámbitos se ha señalado la poca representatividad del CGCEE en relación con el total de españoles residentes en el exterior, debido a la baja participación en las elecciones de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) ¿Qué puede hacer la Administración para fomentar esta participación de cara a la próxima convocatoria?

R. Obviamente, la cuestión de las elecciones a los CRE compete al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero sin duda también nos preocupa esa baja participación, en cuanto que los consejeros generales proceden de los CRE. Por ello, estamos en contacto con la Dirección General de Asuntos Consulares para adoptar medidas en este sentido, entre ellas, la información sobre las elecciones en las Consejerías, anuncios en las páginas de las Consejerías y sus webs de Empleo, avisos en nuestros portales dirigidos a la ciudadanía española en el exterior,...