La responsable socialista de Políticas Migratorias asegura que se “paliarán las deficiencias del año pasado”

Pilar Cancela defiende una modificación de Ley de Nacionalidad porque es “el ámbito funcional más adecuado”

Suprimir el voto rogado en el exterior antes de que acabe la Legislatura es una de las prioridades para Pilar Cancela, secretaria de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior, quien asegura que, a pesar de ciertas diferencias, todos los grupos tienen claro que ha llegado el momento. Respecto a la otra gran reforma esperada por la colectividad del exterior –la ampliación del acceso a la nacionalidad– Cancela se muestra partidaria de un debate en profundidad en el marco de la reforma de la Ley de Nacionalidad. Cancela también se refirió a la difícil situación que están pasando los españoles en el exterior y aseguró que el Gobierno está trabajando para subsanar las deficiencias del año anterior y poner en marcha las diferentes líneas de ayuda.

Pilar Cancela defiende una modificación de Ley de Nacionalidad porque es “el ámbito funcional más adecuado”
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Pilar Cancela, secretaria de Políticas Migratorias del PSOE.

Suprimir el voto rogado en el exterior antes de que acabe la Legislatura es una de las prioridades para Pilar Cancela, secretaria de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior, quien asegura que, a pesar de ciertas diferencias, todos los grupos tienen claro que ha llegado el momento. Respecto a la otra gran reforma esperada por la colectividad del exterior –la ampliación del acceso a la nacionalidad– Cancela se muestra más cauta ya que considera que ninguna de las dos vías abiertas en la actualidad –Ley de Memoria Democrática y Ley de Registro Civil– es la adecuada, ya que considera que hay que tener en un debate en profundidad y que el marco adecuado es la reforma de la Ley de Nacionalidad. Cancela también se refirió a la difícil situación que están pasando los españoles en el exterior y aseguró que el Gobierno está trabajando para subsanar las deficiencias del año anterior y poner en marcha las diferentes líneas de ayuda.

Pregunta. Después de la sesión parlamentaria de la toma en consideración de la modificación para la supresión del voto rogado, ¿sigue manteniendo junio como la fecha para la supresión del voto rogado?

Respuesta. Yo comenté esa fecha por una razón: este periodo de sesiones termina en junio y entiendo que ahora lo que procede es la constitución de una ponencia donde se debata el texto y seguir la tramitación parlamentaria correspondiente.

Yo creo que los partidos políticos representados en el Congreso saben perfectamente cuáles son sus posiciones, cuáles son los espacios en los que podamos buscar un entendimiento. De hecho, en la XII Legislatura hubo una subcomisión en donde hubo comparecencias y se trabajó con mayor profundidad. Ahora lo que queda es el trabajo político de los distintos grupos.

Yo no tengo ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo porque además es una obligación por parte de todas las fuerzas políticas. La cuestión es la capacidad de tender puentes para conseguir un acuerdo mayoritario y que salga adelante.

Cada uno tendrá su posicionamiento, pero lo importante es que todos estamos de acuerdo en que es necesaria la derogación del voto rogado. Luego tendremos que ver cómo concretamos esa nueva forma de ejercitar el derecho al voto de las personas que residen en el exterior, pero, al mismo tiempo, dotarlo de seguridad jurídica para que no haya ninguna sospecha y que no se recorte de ninguna manera la accesibilidad de toda la colectividad, porque no es lo mismo la gente joven –que se desenvuelve mucho mejor en las aplicaciones tecnológicas– que parte de la colectividad que es mayor y quizás tiene dificultad para acceder a ellas.

Tendremos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones y habilitar el voto en urna en las oficinas de los consulados, pero también tenemos que pensar que otros lugares podemos habilitar y dotarlos de seguridad para ejercitar ese derecho.

Creo que, por lo que hemos hablado informalmente entre los distintos grupos, todo el mundo tiene claro que sí llegó el momento de derogarlo y abrir una etapa distinta para la colectividad y que esos índices de participación del 4% sean parte del recuerdo y que la participación sea otra.

P. Algunos partidos pedían que se llevase a cabo una reforma más amplia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), ¿cree que eso puede poner trabas a la derogación del voto rogado?

R. Yo creo que tampoco hay que dispersar la cuestión. Si ampliamos el abanico no sería una reforma de la Loreg para derogar el voto rogado, sería para otras cosas y ese no es el objetivo de esta Proposición de Ley, pero hay que entender que dentro del discurso político se ponen encima de la mesa otras cuestiones porque si hablamos solo de esto igual nos ponemos de acuerdo muy pronto.

Yo creo que tenemos que ser serios con los planteamientos y el objetivo que nos hemos marcado y, sobre todo, cuál es el ámbito de actuación y el ámbito funcional de esta Proposición de Ley y a eso es a lo que nos tenemos que ceñir. Si hay que ir más allá en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la Loreg habrá que abordarla de otra manera.

Creo que no se debe ‘contaminar’ el debate de la derogación del voto rogado. Establecer un sistema de voto para las personas que residen en el exterior de la manera más eficaz posible, con unos tiempos que permitan el ejercicio de ese derecho y recuperar la confianza en el proceso, creo que es lo importante. Lo demás, serían circunstancias aleatorias que no tendrían nada que ver con este tema de fondo.

La obligación que tenemos con la colectividad en el exterior es esta y los otros debates habrá que posponerlos para cuando proceda y con un estudio más profundo de los aspectos que se puedan poner encima de la mesa, porque además fueron varios. Además, tienen una carga de profundidad que no son objeto para debatir en esta Ley. Yo creo que para el discurso político puede estar muy bien, pero no para ser prácticos y efectivos.

P. El reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes que se quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica es una de las principales demandas de la colectividad. Desde el Gobierno se intentó mejorar el acceso a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática mientras que el PP, junto con ERC y Ciudadanos, quiere hacerlo a través de la modificación de la Ley de Registro Civil. ¿Cómo cree que debe llevarse a cabo esta reforma para ampliar el acceso a la nacionalidad?

R. Yo creo que se planteó un error. Cuando se habló de la modificación de la Ley de Memoria Histórica, que ahora lleva el nombre de Memoria Democrática, e introducir esa modificación, siempre planteé que me parecía un error de oportunidad intentar incluir los cuatro supuestos que en ese momento estaban encima de la mesa a través de la Ley de Memoria Histórica porque entiendo que el ámbito funcional de la Ley de Memoria Histórica tiene que ver con las personas que tienen una ligazón con el exilio por razones políticas e ideológicas. Por lo tanto, había algunos supuestos que no encajaban por ahí.

A mí me hubiese parecido más oportuno plantear la modificación de la Ley de Nacionalidad para poder debatir esos supuestos porque me parece que encajaba y se podía debatir. Luego llegaríamos o no a los acuerdos que fueran, pero era el ámbito más correcto porque ahora la Ley de Memoria Democrática tendrá que circunscribirse al tema de las mujeres que, en su momento, se casaron con hombres del país de acogida y perdieron la nacionalidad, si es por razones de exilio, ideológicas o políticas, sí, pero si es por otras razones, no. Creo que es un error el haber forzado el camino por esa vía.

En relación a introducir estos supuestos de nacionalidad a través de la modificación de la Ley de Registro Civil no sé si es el camino oportuno. Por el momento, está en trámites parlamentarios la modificación de la Ley del Registro Civil, pero va más bien por un camino de organización del registro: código personal, hacienda electrónica y el tema de las oficinas generales del Registro Civil. Creo que va más a un ámbito organizativo que a un ámbito de profundidad.

Yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo la vamos a encauzar.

A mí me preocupa que, al ser un tema del que hemos hablado durante tanto tiempo, al final lo que ocurre es que las expectativas que había sobre esta cuestión se van diluyendo en el tiempo y se produce una frustración para la colectividad. Sobre todo, estamos hablando de una colectividad de personas jóvenes que tienen unas expectativas de obtener la nacionalidad española y creo que España tampoco está sobrada de población formada y cualificada que además enriquecería en un momento en el que estamos con un déficit demográfico importante de relevo generacional.

Yo creo que son temas lo suficientemente serios por lo que primero tendríamos que hablar cuál sería el cauce legal efectivo, dónde pudiese encajar mucho mejor y que no fuera forzado porque si el planteamiento de la modificación del Registro Civil va más a un ámbito organizativo no estaríamos hablando de una modificación de profundidad.

Yo me inclinaría más por una Ley de Nacionalidad en la que tuviera cabida este tipo de supuestos, me parece el ámbito funcional más adecuado.

P. En este momento, no hay ningún cauce abierto para reformar esta Ley de Nacionalidad

R. En este momento, no, por eso digo que tendríamos que ponernos de acuerdo primero antes de poner encima de la mesa ocurrencias que se quedaran de nuevo en el tapete y que no fuéramos capaces de canalizar oportunamente. Deberíamos hablarlo entre los grupos y encauzarlo por el método que fuese más oportuno. En su momento, en el Senado se planteó y hubo un acuerdo unánime sobre los cuatro supuestos de los nietos, pero cuando vino al Congreso tuvimos unas discrepancias. El grupo socialista incorporó un grupo de enmiendas, luego las retiramos, pero llegó la convocatoria de elecciones y todo quedó ahí, ni siquiera llegamos a debatir la cuestión.

No debemos seguir equivocándonos en ese sentido y a mí me parece que el cauce más oportuno es ponernos de acuerdo en unos máximos y la oportunidad de encauzarlo a través de una modificación de la Ley de Nacionalidad e incorporarlos por esa vía. Me parece la vía más rápida y, sobre todo, más oportuna.

P. ¿La posición del Grupo Socialistas es favorable a dar la nacionalidad a los supuestos que se quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica?

R. Por supuesto. Porque además es una injusticia que en una misma familia por el hecho de que seas mayor o menor de edad en el momento en que entró la Ley puedas adquirir o no la nacionalidad, o aquellos otros que tenían que haberla ratificado y se les pasó el plazo o las mujeres que la perdieron al casarse. Esto no tiene justificación ninguna.

Esto es una cuestión de calidad democrática y debemos abordarla. Nosotros en absoluto estamos en contra de estos planteamientos. Personalmente, yo siempre los he defendido, pero tenemos que ver cuál es el encaje oportuno desde el punto de vista legislativo para no seguir dando palos de ciego porque parece que al final el debate político se circunscribe a ‘yo si lo apoyo, tú no lo apoyas’, pero va quedando y va pasando el tiempo y la sensación de frustración va aumentando.

Sí que deberíamos abordarlo, yo soy más partidaria de hacerlo a través de una Ley de Nacionalidad porque es el ámbito más adecuado, pero no nos cerramos a ningún tipo de diálogo. En todo caso, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Justicia remite un proyecto con un determinado objetivo y con un respaldo presupuestario y si cambias el ámbito de aplicación, cambian las circunstancias. Tendríamos que debatirlo y tendríamos que verlo.

P. Desde la colectividad hay bastante malestar y la sensación de que el actual Gobierno no tiene en cuenta a la emigración y argumentan la falta de convocatoria del Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y la convocatoria de las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles (CRE) en contra de la recomendación de la Comisión Permanente.

R. Yo lo entiendo. Comprendo que tengan ese sentimiento y esa sensación, pero también es verdad que desde el último Pleno del CGCEE en 2018, tuvimos una doble convocatoria de elecciones generales en 2019, y en 2020 llegó todo este tema de la Covid. Venimos de una situación totalmente excepcional, pero también es verdad que ha pasado el tiempo que ha pasado y entiendo esa situación.

Es cierto que la Comisión Permanente solicitó que se dilataran las elecciones a los CRE, pero también es cierto que había otras asociaciones o representaciones de la colectividad que decían lo contrario, que querían que se celebraran elecciones y poder ejercer el derecho de sufragio. Y además hay una laguna legal para poder prorrogarlo.

El Informe de la Abogacía del Estado lo que recomendaba era que la petición de la Comisión Permanente no podía superponerse a un derecho legítimo de la ciudadanía española en el exterior de participar en unas elecciones en la forma y con los plazos previstos en la propia norma reguladora del Consejo. Se ha tomado la decisión en el sentido de aplicar la normativa estricta vigente.

Creo que es bueno que se pueda aplicar con normalidad la renovación de los órganos de representación –CRE– para que después el Consejo pueda ser renovado y empezar una etapa distinta donde podamos subsanar esa sensación que puedan tener en el exterior respecto a ser tenidos en cuenta por parte del Gobierno. En absoluto hay esa realidad, lo que pasa es que hemos vivido unas circunstancias excepcionales que nos han llevado a una situación excepcional, pero espero que se corrija porque además es la voluntad hacerlo así. El partido socialista siempre ha considerado que la colectividad en el exterior es prioritaria. Ya sufrimos y nos duele bastante el haber implantado el voto rogado en su momento y esperamos que cuanto antes podamos abrir una etapa distinta y esas sensaciones desaparezcan porque los hechos demuestran otra cosa.

P. A los problemas generados por la ausencia de convocatoria del Pleno y la convocatoria del CRE frente a la recomendación de la Comisión Permanente, se suma que no se han convocado las ayudas a la emigración en un momento muy difícil para la colectividad y las instituciones que las agrupan. ¿Qué les diría a muchas de las colectividades que tienen la sensación de desprotección por parte del Gobierno?

R. A mí me gustaría trasladarles un mensaje de tranquilidad y de compromiso político. Este año tenemos unos presupuestos muy potentes y el compromiso de la Secretaría de Migraciones en absoluto ha cambiado. Al contrario, las circunstancias del año pasado han cambiado y la sensación que existe en la colectividad se va a subsanar este año.

Desde la Secretaría de Migraciones están trabajando para poner inmediatamente en marcha esa línea de ayudas para la colectividad en el exterior y creo que la mejor manera de paliar y minimizar ese tipo de sensaciones es que esa línea de ayudas sea real y se pueda percibir y no hay nada mejor que el BOE (Boletín Oficial del Estado) para que se pueda percibir. La voluntad es que se pongan en marcha y que se puedan subsanar las deficiencias del año anterior. Es lo que me trasladan desde el Ministerio y es en lo que están trabajando y espero que toda esa sensación pueda ir diluyéndose poco a poco a medida que podamos ir recuperándonos económicamente.

Poder concretar a través de líneas de ayudas los recursos que se pongan encima de la mesa, es lo más importante.

A mí también me ha llegado la sensación de incertidumbre, yo lo he traslado al Ministerio y lo que ellos me trasladan a su vez es que en absoluto hay ningún cambio de prioridad en este sentido y este año se subsanarán y paliarán las deficiencias con el año anterior y eso es en lo que se está trabajando y en un plazo breve de tiempo se pondrá en marcha.