ASEGURA QUE “EN AMÉRICA LATINA PRÁCTICAMENTE NO HAY EXILIADOS POLÍTICOS”

Jorge Torres reclama la inclusión del exilio económico dentro de la reforma para adquirir la nacionalidad

| 2 de octubre de 2020, 18:42
Jorge Torres Cantalapiedra.
Jorge Torres Cantalapiedra.

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Jorge Torres Cantalapiedra, reclama que se incluya el exilio económico dentro de los supuestos para la concesión de la nacionalidad del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, “ya que en América Latina, prácticamente, no hay exiliados políticos, algunos en México, pero poco más”.

El representante por Uruguay en el Consejo recuerda que cuando se planteó la Ley de Memoria Histórica, el entonces presidente Rodríguez Zapatero fue a una reunión del CRE (Consejo de Residentes Españoles) y él mismo le reclamó la inclusión del exilio económico dentro de los supuestos para adquirir la nacionalidad. “Ahora –explica–, 14 años después, se ha vuelvo a dejar fuera” y debe reflejarse “expresamente” para que no quedé abierto a la interpretación.

“El reconocimiento del exilio económico es la única forma de que los de América Latina se puedan incorporar. En Europa hay más exiliados políticos, pero en América, salvo a México, llegaron pocos”, asegura el presidente de la Comisión de Derechos Civiles, que cifra en un “95% los exiliados económicos”.

Además, Torres Cantalapiedra explica que “es muy difícil documentar el exilio político. En Uruguay hubo un caso, que pudo documentar su exilio porque le habían hecho un reportaje en un periódico a los dos años de llegar a Uruguay”.

El presidente del CRE de Uruguay reclama que la Ley de Memoria Democrática, además del exilio económico, incluya los casos de aquellas personas que se quedaron fuera con la Ley de Memoria Histórica como los hijos mayores de edad en el momento que sus padres adquirieron la nacionalidad, los descendientes de las mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse, aquellos que tuvieron que renunciar a la nacionalidad y aquellos que no ratificaron la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad.  

Torres Cantalapiedra defiende la necesidad de contar con una nueva Ley de Nacionalidad donde se incluyan todos los supuestos, pero es consciente de que es una tramitación “muy difícil” porque se necesitan “mayorías especiales” y por eso defiende que se haga mediante una modificación puntual, ya que “es el camino más corto para llegar al objetivo”.

“La nueva Ley –asegura– se podría haber hecho en todo este tiempo y no nos hemos cansado de exigirla, al igual que el voto rogado que desde que se implantó estamos pidiendo su derogación”.

Torres Cantalapiedra también muestra su malestar por que, una vez más, no se haya consultado al CGCEE para “tratar de los derechos de la gente que está fuera”. Además, recuerda que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior recoge que cuando se quiere hacer una Ley o una modificación que afecta a los ciudadanos del exterior se deben consultar al CGCEE y “nadie nos llamó ni nadie nos convocó”.

En todo caso, asegura que “hay que apoyar esta modificación porque, por poco que sea, es mejor que lo que tenemos, pero si se puede conseguir algo más, mejor. En todo caso, es fundamental incluir el exilio económico que ofrecerá la posibilidad de incluir a los que se quedaron fuera. Hay gente que lleva diez años esperando a que se vuelva a abrir la posibilidad de adquirir la nacionalidad, pero si sólo se tiene en cuenta el exilio político habrá que ir buscando a la gente casa por casa”.

Por el momento, no hay plazos fijados para la obtención de la nacionalidad con esta Ley, pero Torres Cantalapiedra pide que sea sin plazos. “En todo caso, si se queda como está no tiene sentido que caduque porque los exiliados políticos tienen 90 años y cada vez quedan menos”, asegura el consejero, que remarca que “si no entra el exilio económico da lo mismo que sea por dos años que por diez”.

El consejero por Uruguay explica que en todo este proceso también hay que tener en cuenta el volumen de personas que “van a recuperar la nacionalidad y cuantas obligaciones económicas va a tener que brindar el Estado”. “En 2006 –recuerda– se hablaba de tres millones de personas, según algunas valoraciones, pero al final se acogieron a la Ley de Memoria Histórica 400.000 personas”.

Según explica, no hay estudios de cuántas personas podrían ser ahora “pero, a mi entender, –asegura– tendrán que ser muchas menos porque esa barrida de 2006 a 2011 incluyó a la mayoría”. “No tiene sentido que vaya a ver 400.000 peticiones como la otra vez, porque los que se hicieron en ese momento sus descendientes ya tienen la nacionalidad”, recuerda Torres.

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