DIRIGIDO AL PROPIO DIRECTOR DEL MEDIO MADRILEÑO, PEDRO JOSÉ RAMÍREZ CODINA

La FES desmiente las informaciones aparecidas en el diario ‘El Español’, mediante un comunicado

| 31 de julio de 2021, 12:51
Nuevo edificio de la FES que entrará en funcionamiento tras la temporada estival.

El Comité de Dirección de la Fundación España Salud (FES), institución que presta asistencia sanitaria a los emigrantes españoles mayores de 65 años residentes en Venezuela, que carezcan de rentas suficientes y cumplan las condiciones para percibir la prestación por razón de necesidad (PRN), o como se conocen coloquialmente como “pensiones asistenciales”, envió este viernes, 30 de julio, una comunicación al diario ‘El Español’, de Madrid, medio que publicó, en su versión web los días 26 y 27 de julio pasados, informaciones que la entidad catalogó de “obedecer a una corriente de opinión mal intencionada y torticera”, y a las que ‘Magazine Español’ y ‘Crónicas de la Emigración’ tuvieron acceso.

El desmentido fue dirigido directamente al propio director de ‘El Español’, el periodista Pedro José Ramírez Codina, donde la FES afirma que “la Dirección General de Migraciones (DGM), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha incrementado desde final de 2018, en 2.151 personas el derecho al percibo de la prestación por razón de necesidad (PRN) en Venezuela, pasando de 1.900 a 4.051 emigrantes españoles, mayores de 65 años, que carecen de rentas o ingresos suficientes, incluyendo además, la asistencia sanitaria médico, quirúrgica y farmacológica a través de la Fundación España Salud (FES)”.

En este sentido, la FES afirma que no tiene programas propios, sino que presta asistencia sanitaria médica, quirúrgica y farmacológica a las personas acogidas por los convenios que tiene firmados con el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España y con las comunidades autónomas de Canarias, Asturias y Galicia, y no presta, ni ha prestado nunca, estos servicios a “todos los españoles que residen en Venezuela, como se afirma en su periódico, obedeciendo esto a una corriente de opinión mal intencionada y torticera en contra del buen nombre de la FES, quien ha prestado desde su fundación hasta diciembre del año 2020, 203.729 consultas de APS (Asistencia Primaria de Salud), 26.752 intervenciones quirúrgicas, 318.727 órdenes de consulta para especialistas y en los cuatro últimos años ha entregado 178.521 órdenes de medicamentos, siendo una estructura sanitaria sólida y seria, que ha garantizado con dignidad y profesionalidad la salud de los beneficiarios”.

Prosigue el comunicado enumerando que actualmente atienden a “5.355 personas dentro del concepto de pensionista asistencial y niños de la guerra que nos remite la Dirección General de Migraciones del Gobierno de España, quien paga la cantidad de 828 euros/por persona y año, 1.212 afiliados al Convenio con el Gobierno de Canarias y 89 acogidos al convenio con el Principado de Asturias con las siguientes prestaciones: 1.- APS (Atención Primaria de Salud) con médicos internistas contando en estos momentos con en todo el país con 28 profesionales y convenios con 59 clínicas. 2.- Atención especializada ambulatoria: Consulta para todas las especialidades médicas y quirúrgicas y servicios auxiliares de diagnóstico con profesionales y servicios incorporados bajo los criterios de la FES, así como estudios clínicos que pudieran necesitar. 3.- Suministro de medicamentos, cubriendo todo lo referente a tratamientos crónicos y agudos sin límite, y siempre avalados por un médico de la FES. 4.- Hospitalización y Cirugía con una cobertura de 4.000 dólares por persona y año. Los 4.000 dólares no afectan a la cobertura de prótesis e implantes cardiovasculares los cuales cuentan con un fondo aparte con los que se cubre el coste. 5.- Atención medica domiciliaria, prestada mediante convenio con empresa privada en todo el país. 6.- Atención odontológica excepto dotación de prótesis”.

Asimismo, la FES detalla que “las prestaciones descritas son recibidas por los beneficiarios con total equidad y sin que nunca se hayan dejado de prestar a ninguna de las personas amparadas por los convenios citados”. (…) No es cierto que la Embajada haya creado la Fundación “para dar asistencia sanitaria a las familias de españoles residentes en Venezuela que sufren dificultades económicas”; se creó para dar asistencia sanitaria a los emigrantes españoles mayores de 65 años, que carezcan de rentas suficientes y cumplan las condiciones para ser pensionistas asistenciales, por lo que creemos que esta información equivocada está causando graves perjuicios a los españoles residentes, que la leen y, dándola por verdad, se personan reclamando un supuesto derecho que no les corresponde y también a los beneficiaros de pleno derecho que ven peligrar sus beneficios ante tal cúmulo de declaraciones y denuncias hechas de mala fe”.

“En segundo lugar –continúa el comunicado–, en el Consejo de Administración de la FES de 28 de junio de 2019, se aprobó por unanimidad la compra de un edifico en Chacao para la instalación de los servicios de la FES, que tiene una superficie construida de 2.636 metros cuadrados por valor de 4.500.000 euros y un solar colindante de 556 metros cuadrados por 250.000 euros. La necesidad de traslado surge desde 2017 debido a las deficiencias técnicas y de seguridad que advierten dos informes técnicos sobre el edifico de la actual ubicación, y se hace para ampliar servicios y mejor prestación de atención médica a los beneficiarios estando en una zona más segura, comunicada y que cuenta con algo tan elemental como agua corriente cosa de la que carece el edificio actual. Por lo tanto, no costó 6,2 millones de euros como se refleja en el artículo”.

El Consejo de Administración de la FES subraya con énfasis que niega de manera categórica que estas inversiones se hayan hecho “especulando con dólares”.

“Se señala igualmente, de manera errónea y mal intencionada, que la Fundación ‘no acata la decisión judicial’ de un tribunal español, publicando la parte dispositiva del auto, omitiendo publicar contra quién se dirige la demanda, es decir quiénes son los demandados. ¿Es posible condenar a alguien que no ha sido llamado a juicio?; ¿es posible que un tribunal de justicia de España condene a una Fundación acogida al derecho venezolano, domiciliada y registrada en Caracas, en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador?; ¿es tan difícil entender esto?”.

De igual forma aclaran que “la Fundación está dirigida por un Consejo de Administración y por un Comité de Dirección, y nunca ha sido gestionada por el Consejero de Trabajo de turno, ni por el actual ni por los anteriores, limitándose este a remitir cada cuatro meses las nuevas altas y bajas de beneficiarios del Convenio firmado con el Ministerio el día 6 de abril de 2006 y el 18 de septiembre de 2019, el cual está en vigor y en aplicación, sin haber sido denunciado por ninguna de las partes y como prueba de ello es que se siguen atendiendo a todos los beneficiarios”.

En este sentido, destacan en la misiva que “queremos dejar constancia, que la FES se reserva el derecho de acudir a los tribunales de justicia en defensa de su buen nombre, de la profesionalidad de sus trabajadores y de la transparencia y claridad con la que trabaja siempre, en beneficio de los pensionistas y personas incluidas en los convenios”.

Por último, la FES le recuerda al diario ‘El Español’ que “acogiéndonos al derecho a réplica, se solicita la publicación de esta comunicación”.

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