El Gobierno aprueba un anteproyecto de Ley para “poner orden” en la acción exterior

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, presentó la pasada semana el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, que pretende adecuar las condiciones actuales a las exigencias del siglo XXI y “poner orden” en una situación “caótica”, en la que no se sabe “ni el número de funcionarios en el exterior, ni el número de edificios, ni quién está haciendo qué”. El ministro informó de que el Gobierno no prohibirá a las comunidades autónomas que abran delegaciones en el exterior, pero se pronunciará sobre si lo considera pertinente.

Margallo puntualizó que una cosa es la política exterior, que es competencia del Estado y es dirigida por el Gobierno, y otra la acción exterior, que puede ser ejercida por muchos organismos e instituciones. “De lo que se trata –dijo– es de que lo que hagan estos agentes esté coordinado y subordinado a los principios que rigen la política exterior”.
En este sentido, indicó que el Consejo Ejecutivo de Política Exterior será el que planifique, racionalice y coordine la acción exterior. Para la planificación, se elaborarán estrategias anuales para cuatro años y el plan de cooperación para otros cuatro. Además, la Oficina para la ‘Marca España’ emitirá informes y hará evaluaciones periódicas de la eficiencia de la acción exterior.
Consciente de que entre las dificultades que ha encontrado la ley se encuentran las reticencias expresadas por las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, a lo que consideran una “tutela” de sus actividades por parte del Gobierno, el ministro enfatizó que “no se trata de controlar, sino de ayudar” a que, cuando unos dirigentes autonómicos quieran realizar un viaje al extranjero, tengan a su disposición al personal de la Embajada de España, para asesorarse o establecer contactos.
“Es una invitación a trabajar juntos para mejorar la eficiencia”, subrayó.
Margallo precisó que, en cualquier caso, si establece que se informe al Ejecutivo de esos viajes es también para que se puedan hacer “recomendaciones” sobre si esas actuaciones están acordes con la política exterior del Gobierno, y para que no se establezcan contradicciones. Aunque el ministro no lo ha dicho, lo que Exteriores pretende evitar, por ejemplo, es que una comunidad autónoma acuda a un país con el que las relaciones son en ese momento delicadas o adopte acuerdos que perjudiquen el interés de España.
García-Margallo anunció también que, si las comunidades autónomas lo desean, el Ministerio destinará personal diplomático a las mismas para que ejerza funciones de asesoramiento. Igualmente, señaló que se prestará “especial atención” y se elaborará un protocolo para la promoción de las lenguas y culturas cooficiales.
El anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior entra ahora en un periodo en el que se dará audiencia a sindicatos, patronales, Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas y corporaciones locales, entre otras instituciones. Previsiblemente, habrá también algún contacto de los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores con los principales partidos de la oposición, ya que el PSOE, al menos, así lo ha pedido.
Si las observaciones se consideran adecuadas, serán incorporadas al texto que irá a la Comisión de Subsecretarios y al Consejo de Ministros para informe y después se pedirá un dictamen del Consejo de Estado. El trámite se estima que podría prolongarse unos dos meses y medio o tres, antes de que el Consejo de Ministro apruebe el envío del Proyecto de ley al Parlamento.