SEGÚN EL INFORME CORRESPONDIENTE A 2019

El Defensor del Pueblo denuncia la falta de medios de los servicios consulares para atender a los españoles en el exterior

| 29 Mayo 2020 - 15:51 h.

El Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2019 asegura que, un año más, se comprueba que el incremento de residentes españoles en el exterior no se ha acompañado con un aumento de los medios materiales y personales de los servicios consulares, una carencia de medios que, de una manera u otra, genera la mayoría de quejas desde la colectividad del exterior. 

En concreto, el Informe recoge la queja de un ciudadano al que se le había denegado la solicitud de pensión asistencial por ancianidad para emigrantes retornados asegurando que no estaba acreditado que era español de origen ni el periodo de residencia en España de ocho años previos a la solicitud. Ante esta queja, el Defensor del Pueblo inició las actuaciones ante la Dirección General de Migraciones. Finalmente, y tras acreditar que el certificado de nacimiento expedido en La Habana (Cuba) acreditaba su condición de español de origen, se le concedió la pensión por ancianidad. 

El informe también recoge la petición de una española en Guayaquil (Ecuador) para que el Defensor del Pueblo le apoyase en su recurso contencioso-administrativo dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por carecer de recursos para litigar. La interesada quería recurrir la denegación de una prestación económica por ancianidad para españoles residentes en el exterior. Según el Defensor del Pueblo la resolución desestimatoria era ajustada a derecho ya que no cumplía los requisitos y por eso se desestimó el recurso. En todo caso, y teniendo en cuanta la delicada situación personal de la solicitante, se le ofreció información sobre otro tipo de ayudas.

Otro de los escritos recibidos por el Defensor del Pueblo hacía referencia a la preocupación por el cierre del Consulado General de España en Cartagena de Indias. El Defensor del Pueblo solicitó información al Ministerio de Asuntos Exteriores quien le comunicó que esta supresión respondía a la reordenación de la red de oficinas consulares. Según explicaron, hay consulados –Cartagena de Indias, Génova y Alejandría– que tienen una actividad consular por debajo de la media y que se cierran para abrir consulados donde se registra una alta demanda de servicios. De todos modos, se indica que el cierre del consulado no supone la desaparición de la presencia consular en Cartagena de Indias porque se van a iniciar las gestiones para nombrar a un cónsul honorario. 

El Informe también recoge la presentación de dos quejas a las que todavía no se ha dado resolución. Una de ellas, se presentó a finales de 2019 y hace referencia a la imposibilidad de obtener un poder en el Registro Civil Consular de España en Los Ángeles (Estados Unidos) y otra sobre la demora en la expedición de un libro de familia por parte del Consulado Honorario de España en Calí (Colombia).

 

Presos en el extranjero

El Informe del Defensor del Pueblo recuerda que parte de sus funciones son la supervisión consular en lo referido a la asistencia consular para los españoles que sufren condenas en el exterior. 

Según explican, el estudio realizado a lo largo de los años, demuestra que “la intensidad de la labor diplomática y consular que se realiza, tanto con los presos españoles como con sus familiares, es dispar, dependiendo en muchos casos del grado de implicación que los funcionarios asuman en el marco de sus competencias”, de manera que hay familiares que aseguran que mantienen una relación fluida con los servicios exteriores mientras que, en otros casos, “se han recibido quejas relativas a la falta de respuesta a sus demandas de información o asistencia por parte de dichos servicios”.

El mayor número de quejas proceden de Perú y están relacionadas con las demoras en los expedientes de traslado a España. Esto, explica el Informe, se debe al endurecimiento por parte de los órganos judiciales andinos de los requisitos para exonerar de las multas que, en muchos casos, llevan aparejadas las condenas y que ni los internos ni la familia pueden pagar. 

El Informe también relata el seguimiento que las autoridades consulares hacen de los presos en México, Panamá, Paraguay, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Marruecos, India, Tailandia, Sri-Lanka, Qatar, Eslovenia, Francia, Italia, Portugal y Turquía.

 

Oficinas consulares

El Informe del Defensor del Pueblo también tiene un capítulo referido a las oficinas consulares. En concreto, explica que continuaron las actuaciones iniciadas por la demora en la tramitación de los distintos expedientes en el Consulado General de España en La Habana, que ha informado que están estudiando las modificaciones del programa informático para poder identificar las direcciones de los correos electrónicos y las IP desde las que se copan las citas. Según explican, ya se modificó el programa para impedir la cancelación de las citas con datos ficticios y su sustitución. Además, se habilitó en la web un sistema de atención a familiares de españoles y se reservó un día a la semana exclusivamente para visados de familiares de ciudadanos comunitarios. 

Además, el Informe recoge quejas por los retrasos en las oficinas consulares de Marruecos, tanto en la asignación de citas para visados como en su tramitación. Desde la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares explican que “el crecimiento de la demanda de los últimos años no se ha correspondido con el incremento de recursos materiales y humanos, lo que impide ofrecer un servicio adecuado”. En el momento de cierre del Informe, está pendiente de materializarse la contratación de nuevo personal. 

Asimismo, el Informe recoge quejas por demora en los consulados de Argelia, Nueva Delhi (India) y Dakar (Senegal). En este último, la obtención de cita para presentar solicitudes de visado tarda ocho meses, algo que, según el Informe, “no se considera aceptable”. 

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