Tribuna abierta de Marco Antonio de Lera

CGCEE y democracia con geometría variable

Reflexión sobre el modo de funcionamiento de la democracia española, de la aplicación de las Leyes de la Nación y su aplicación, stricto sensu, en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Después de varios giros políticos, aplazamiento de la fecha del Pleno durante esta gestión en reiteradas ocasiones y otras situaciones adversas, nuestro CGCEE finalmente, aunque todavía sin una fecha asegurada, se reunirá en sesión plenaria en febrero de 2020.

CGCEE y democracia con geometría variable
Marco Antonio de Lera
Marco Antonio de Lera.

Reflexión sobre el modo de funcionamiento de la democracia española, de la aplicación de las Leyes de la Nación y su aplicación, stricto sensu, en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Después de varios giros políticos, aplazamiento de la fecha del Pleno durante esta gestión en reiteradas ocasiones y otras situaciones adversas, nuestro CGCEE finalmente, aunque todavía sin una fecha asegurada, se reunirá en sesión plenaria en febrero de 2020. Entonces, ¿por qué este cúmulo de irregularidades refleja el modo de funcionamiento de nuestras instituciones? En pocas palabras, como veremos a continuación, la casualidad y la presunción de unos y otros conducen a una situación de ilegalidad.

Nuestro CGCEE se rige por varias leyes y un Real Decreto. En base a esta normativa jurídica, el gobierno de España, a través de su administración, debe garantizar a los españoles residentes en el exterior todos los derechos que nos otorgó la ley 40/2006 del 14 de diciembre del estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior. Esta ley establece en su artículo 1.1 “la presente Ley establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar a la ciudadanía española en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los españoles residentes en el territorio nacional, así como reforzar los vínculos sociales, culturales, económicos y lingüísticos con España y con sus respectivas nacionalidades y comunidades de origen”. El análisis de este artículo hace posible comprender la problemática en la que nos encontramos imbuidos en la actualidad, y de esta manera observar la poca voluntad política de respetar la ley.

Con el objeto de mostrar lo que está ocurriendo, expongo a continuación algunos ejemplos basados en mi experiencia durante los dos mandatos que estoy ejerciendo como consejero en el CGCCE:

- Art.10.2: “El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior solicitará anualmente audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior”. Esto sucedió una vez, en noviembre de 2018, sobre el controvertido tema LOREG (un atraco democrático) y en contra el artículo 14 de la Constitución de 1978: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

- Art. 11.1. d: “Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afectan directamente a los españoles en el exterior”. Jamás recibí información al respecto.

También existe una violación de la ley como las enumeradas en el Real Decreto 230/2008 del 15 de febrero, tales como:

- Art.1. 2: “El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior tiene por finalidad garantizar la efectividad del derecho de los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y promover la colaboración de las Administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas”. Como cumplir cuando surge lo siguiente, falta de personal en la Subdirección General de Emigración especialmente desde la mudanza, la no colaboración de los cónsules, de los consejeros en nuestros respectivos países acogedores, o de la Administración española, ya sea por la pedantería de los individuos, por suficiencia o desprecio.

Es más, la Administración pública “se olvida” de aplicar la Constitución sobre todo cuando no le conviene. De hecho, el artículo 103 establece claramente: “La Administración Publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. ¿Edificante, no?

- Art. 4. 1: “El Presidente del Consejo será nombrado por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previa consulta a los miembros que integran el Consejo. En todo caso, la persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con la aprobación de, al menos, la mitad más uno de los miembros presentes en el pleno, válidamente constituido”. ¿Cómo es posible en una democracia supuestamente grande que el ministro de tutela presente y nombre al presidente del CGCEE? Sería más democrático si fuese uno de nosotros siguiendo un proceso determinante en el que los consejeros fueran los que presentaran y nombraran a su propio presidente, al menos un consejero elegido en su país anfitrión.

Otro tema preocupante es la falta de respeto, omisión, irresponsabilidad o presunción de uno y otro político. Por ejemplo, la ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen legal del sector público estipula en su artículo 16.2: “Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas”. A la vista de este texto, ¿qué decir o pensar de este “fracaso” de no celebrar un Pleno una vez al año como lo exige la ley? Bueno, por mi parte, sigo convencido de que no hay voluntad política hacia nosotros. Los hechos y los actos están ahí claramente.

Es hora estimados colegas consejeros de que reclamen insistentemente e implacablemente el respeto y la aplicación de las Leyes de nuestro país hacia nuestro Consejo, sus consejeros y los españoles radicados en el exterior.

Considerar la diáspora con condescendencia, desprecio y tantas otras molestias, mientras representamos a más de dos millones y medio de compatriotas que inyectaron más de 7 mil millones de euros en la economía española en 2018, sigue siendo un insulto. En eso se ha convertido nuestro querido país. Amar al país no es agitar la bandera, sino tener el espíritu crítico antes. Es así como saldremos de los desafíos que nos esperan a todos.

En cuanto a ustedes, los políticos deben dejar de actuar despóticamente, incluso de forma esclarecedora, para de esta manera dar una lección de democracia a otros países de cómo deben aplicar la Ley en beneficio de la población en el exterior. Caso contrario, al final, será un gobierno que estará desacreditado y que traerá consigo su reemplazado por la ignominia de la extrema derecha.

Marco Antonio de Lera García

Es presidente del CRE de Bélgica y consejero General del CGCEE