La delegación de Canarias acredita que Ángel González Acosta está vivo

La rocambolesca historia de Ángel González Acosta (San Cristóbal de La Laguna, 1933), que fue dado por muerto en España a petición de una de sus hijas –tras haber emigrado a Venezuela en la década de los setenta–, está a punto de escribir su capítulo final. Estos días, aprovechando la visita de una delegación del Gobierno de Canarias a Venezuela, encabezada por el viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora Padrón, este ciudadano mantuvo una reunión con los representantes gubernamentales, encontrando en ellos una mano tendida para solucionar la engorrosa situación que le ha hecho “morir en vida”.

Según miembros de la comitiva canaria, la legislación aplicable sería el artículo 75 de la Ley 15/2015, que establece una excepcionalidad para los casos en los que la persona que quiere ‘resucitar’ no puede acudir presencialmente a la sede judicial que ha dictado la resolución de fallecimiento, como es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane (La Palma).

En la citada norma, viene recogido que “se notificará personalmente al presunto afectado” la declaración de defunción, acreditando mediante acuse de recibo que, efectivamente, está vivo, para, con posterioridad, pactar un método de entrevista con la autoridad judicial, está previsto que sea por videoconferencia desde el Consulado General de España en Caracas.

Precisamente en este punto, en la constancia de haber recibido la documentación, es donde se ha paralizado el procedimiento, puesto que la resolución sí obra en manos de González Acosta, que le fue entregada en San Felipe, capital del estado Yaracuy, pero el juzgado español no ha podido certificar debidamente su recepción, porque el recibo, “un papel de menos de 10 centímetros”, no ha llegado a la localidad palmera.

En este sentido, el director general de Relaciones Exteriores del Ejecutivo canario, Juan Francisco Trujillo Marrero, señaló que el plan trazado por el Gobierno consiste en facilitar al afectado, a través del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, “defensa jurídica en España”, a fin de que pueda realizar los trámites necesarios con agilidad.

A partir del momento en que logre hacer llegar el acuse de recibo, Ángel González Acosta deberá trasladarse al Consulado General, donde un notario “dará fe de que está vivo”, iniciando el procedimiento de anulación del auto. El diseño de este camino para acabar con la ‘tortura’ administrativa a la que ha estado sometido el emigrante, de 86 años, ha sido fruto de los contactos establecidos por la institución regional con distintos organismos y entidades en el continente americano.

Para Trujillo Marrero, este sería un “caso muy curioso” en el que el damnificado ha sufrido un “desamparo absoluto” por parte de las administraciones. Una situación a la que se unirían circunstancias derivadas de la crisis que azota Venezuela, como la escasez de recursos para comprar alimentos o la paupérrima cobertura sanitaria. “Este señor tiene previsto solicitar la ayuda para emigrantes de más de 65 años, porque es una cuestión vital aquí”, indicó el director general.