El gobierno argentino y la ley ‘Humphrey Kennedy’
“Durante los años de la dictadura militar, Argentina se convirtió en un escenario principal de la disputa sobre políticas de promoción y protección de los derechos humanos en otros países”, escribió el profesor argentino Juan E. Méndez, Presidente del Centro Internacional por la Justicia de Transición.
“Durante los años de la dictadura militar, Argentina se convirtió en un escenario principal de la disputa sobre políticas de promoción y protección de los derechos humanos en otros países”, escribió el profesor argentino Juan E. Méndez, Presidente del Centro Internacional por la Justicia de Transición. “La ayuda militar –prosigue en su estudio publicado en la Revista ‘Res diplomatica’ (RD), Buenos Aires, diciembre de 2007– que se realizó a la Junta del Proceso fue suspendida con mención expresa de las desapariciones y detenciones arbitrarias, y se mantuvo así hasta el retorno de la democracia en 1983”. Es preciso tener presente que todo este “proceso” abrió una enorme exposición pública, ya que tuvo su cuna en el Congreso, el cual sancionó la ley ‘Humphrey-Kennedy’ a tal efecto. Tal vez se mantuvieron algunas formas de asistencia y cooperación en cuanto a entrenamiento y venta de armas de modo subrepticio y al amparo de programas que desfilaron bajo el radar del Congreso; el efecto político, no obstante, el primordial de aislamiento internacional de la dictadura, logró cumplirse.
Si la parangonamos con la de Chile y el golpe de Pinochet, la dictadura argentina dio comienzo con un estimable concepto de aceptación o, cuando menos, de tolerancia en los ámbitos de poder occidentales. Posiblemente porque había derrocado al gobierno marcado por la corrupción de Isabel Perón, cuya conducta en lo que respecta a los derechos humanos era, asimismo, pasto del horror manifiesto.
“La suspensión de la ayuda militar no estuvo exenta de polémica en Estados Unidos”, agrega el ensayista Juan E. Méndez, Asesor Especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio (2004-2007). No hay que ocultar el hecho de que la dictadura siempre ha tenido adeptos en el Congreso, incluso entre periodistas y comentaristas de singular repercusión; algunos de ellos que, andando los años, alcanzarían cotas de renombre en el gobierno de Ronald Reagan. Invirtió, a mayor abundamiento, en un contrato con la firma de relaciones públicas ‘Burson Marsteller’, la cual programó visitas de congresistas, senadores y columnistas que, sin duda, intentaron mejorar la imagen pública de Videla y Massera, Viola y Galtieri. Como réplica, el testimonio internacional de ‘Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo’ y de ‘Familiares de Detenidos y Desaparecidos’.
Desde luego que el ‘aislamiento’ persistió. Fue una difícil barrera para la dictadura y sus aliados dentro de la sociedad norteamericana. “En un esfuerzo por superarla”, agrega el profesor argentino Juan E. Méndez, “los militares argentinos se embarcaron en acciones encubiertas en Centro América, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos contra el gobierno sandinista en Nicaragua y contra las guerrillas de Guatemala y El Salvador”. Recordemos la monografía de Ariel C. Armony titulada ‘La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada Anticomunista en América Central, 1977-1984’, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.
Tal experiencia –aparte de situarlos como actores al margen de la ley en el marco internacional– resultó ser un gran fracaso. Todo se agrabó, además, con el desesperado episodio de las Islas Malvinas, fuente del derrumbamiento del gobierno argentino.
Si la parangonamos con la de Chile y el golpe de Pinochet, la dictadura argentina dio comienzo con un estimable concepto de aceptación o, cuando menos, de tolerancia en los ámbitos de poder occidentales. Posiblemente porque había derrocado al gobierno marcado por la corrupción de Isabel Perón, cuya conducta en lo que respecta a los derechos humanos era, asimismo, pasto del horror manifiesto.
“La suspensión de la ayuda militar no estuvo exenta de polémica en Estados Unidos”, agrega el ensayista Juan E. Méndez, Asesor Especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio (2004-2007). No hay que ocultar el hecho de que la dictadura siempre ha tenido adeptos en el Congreso, incluso entre periodistas y comentaristas de singular repercusión; algunos de ellos que, andando los años, alcanzarían cotas de renombre en el gobierno de Ronald Reagan. Invirtió, a mayor abundamiento, en un contrato con la firma de relaciones públicas ‘Burson Marsteller’, la cual programó visitas de congresistas, senadores y columnistas que, sin duda, intentaron mejorar la imagen pública de Videla y Massera, Viola y Galtieri. Como réplica, el testimonio internacional de ‘Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo’ y de ‘Familiares de Detenidos y Desaparecidos’.
Desde luego que el ‘aislamiento’ persistió. Fue una difícil barrera para la dictadura y sus aliados dentro de la sociedad norteamericana. “En un esfuerzo por superarla”, agrega el profesor argentino Juan E. Méndez, “los militares argentinos se embarcaron en acciones encubiertas en Centro América, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos contra el gobierno sandinista en Nicaragua y contra las guerrillas de Guatemala y El Salvador”. Recordemos la monografía de Ariel C. Armony titulada ‘La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada Anticomunista en América Central, 1977-1984’, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.
Tal experiencia –aparte de situarlos como actores al margen de la ley en el marco internacional– resultó ser un gran fracaso. Todo se agrabó, además, con el desesperado episodio de las Islas Malvinas, fuente del derrumbamiento del gobierno argentino.