Los Estados “medianos” y los derechos humanos en Latinoamérica
“Los países que están en mejor posición para conseguir éxito en sus iniciativas a favor de los derechos humanos son aquellos que tienen una influencia y un peso acorde con el lugar que ocupan en el mundo”, puntualiza el profesor y pensador argentino Juan E.
“Los países que están en mejor posición para conseguir éxito en sus iniciativas a favor de los derechos humanos son aquellos que tienen una influencia y un peso acorde con el lugar que ocupan en el mundo”, puntualiza el profesor y pensador argentino Juan E. Méndez, Asesor Especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio (2004-2007) en la Revista ‘Res Diplomatica’ (RD) del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Segunda Época, nº 2, diciembre de 2007. A continuación agrega: “Aquellos otros que aspiran a un mundo en que la persona humana sea siempre respetada, pero carecen de medios o recursos para ejercer influencia, se verán siempre en situaciones de ineficacia; o peor: lo que está en juego para ellos por insistir en los derechos humanos de ciudadanos de otros países es proporcionalmente más costoso que para los países más ricos”.
No obstante, el ensayista Juan E. Méndez –en la misma Revista, editada en Buenos AIres, al frente de la cual figura el Canciller Jorge E. Taiana– sostiene que “es posible y deseable una política de derechos humanos para países en desarrollo, para nuevas democracias y para las llamadas ‘potencias medianas’, como se les suele llamar a países como la Argentina y otros de América Latina”. Convendría decir que la Organización de Estados Americanos nos presenta un marco regional idóneo para el debate igualitario y razonado de los recíprocos intereses. No olvidemos que en el Continente Americano ha sido donde primeramente se ensayó la negociación de paz, a fin de poner término a los conflictos armados en Centroamérica, con argumentos de justicia para las víctimas y de lucha contra la impunidad.
En 2007 la profesora Kathryn Sikkink, junto con Carrie Booth Walling, publicó un estudio acerca de la preocupación por la justicia en América Latina –en ‘Journal of Peace Resarch’, Vol. 44, nº 4, en los documentos de la ONU–, en cuyas páginas manifiesta que Latinoamérica ha dado muestras de que el cuidado de los derechos humanos mejora la calidad de la democracia y contribuye a su estabilidad. Procura, además, rastrear las intenciones de juicios y comisiones de verdad y su correlación con la estabilidad de la democracia en cada caso. La profesora Sikkink aplica un análisis cuantitativo al efecto de las políticas de justicia por las violaciones del pasado en todo el mundo. Y postula que las innovaciones introducidas en la Argentina dentro de la lucha contra la impunidad durante el úlitmo cuarto de siglo han situado al país en un verdadero protagonista en la marcha global hacia la creación de normas universales en la materia.
Nadie podrá dudar de que una política exterior de Estados denominados ‘medidanos’ que resulte eficaz en materia de derechos humanos, más allá de sus fronteras, representa condiciones y riesgos y límites. La principal condición, en todo caso, es que, a puertas adentro, asimismo se respeten y se vivan los derechos humanos de un modo completo. Habrá obligación, desde luego, de corregir los males endémicos: el estado de las cárceles, las distintas formas de discriminación racial, religiosa, de género o por preferencia sexual, y la carencia de controles rígidos en torno a las fuerzas de seguridad en el combate contra el crimen. Un riesgo grave es la creación de fricciones y tensiones con otros países extranjeros que ocasionen pérdidas de oportunidades comerciales o de inversión al Estado que las procura. ¿Será capaz el MERCOSUR, más allá de una alianza arancelaria, de velar por la condición social de los ciudadanos?
No obstante, el ensayista Juan E. Méndez –en la misma Revista, editada en Buenos AIres, al frente de la cual figura el Canciller Jorge E. Taiana– sostiene que “es posible y deseable una política de derechos humanos para países en desarrollo, para nuevas democracias y para las llamadas ‘potencias medianas’, como se les suele llamar a países como la Argentina y otros de América Latina”. Convendría decir que la Organización de Estados Americanos nos presenta un marco regional idóneo para el debate igualitario y razonado de los recíprocos intereses. No olvidemos que en el Continente Americano ha sido donde primeramente se ensayó la negociación de paz, a fin de poner término a los conflictos armados en Centroamérica, con argumentos de justicia para las víctimas y de lucha contra la impunidad.
En 2007 la profesora Kathryn Sikkink, junto con Carrie Booth Walling, publicó un estudio acerca de la preocupación por la justicia en América Latina –en ‘Journal of Peace Resarch’, Vol. 44, nº 4, en los documentos de la ONU–, en cuyas páginas manifiesta que Latinoamérica ha dado muestras de que el cuidado de los derechos humanos mejora la calidad de la democracia y contribuye a su estabilidad. Procura, además, rastrear las intenciones de juicios y comisiones de verdad y su correlación con la estabilidad de la democracia en cada caso. La profesora Sikkink aplica un análisis cuantitativo al efecto de las políticas de justicia por las violaciones del pasado en todo el mundo. Y postula que las innovaciones introducidas en la Argentina dentro de la lucha contra la impunidad durante el úlitmo cuarto de siglo han situado al país en un verdadero protagonista en la marcha global hacia la creación de normas universales en la materia.
Nadie podrá dudar de que una política exterior de Estados denominados ‘medidanos’ que resulte eficaz en materia de derechos humanos, más allá de sus fronteras, representa condiciones y riesgos y límites. La principal condición, en todo caso, es que, a puertas adentro, asimismo se respeten y se vivan los derechos humanos de un modo completo. Habrá obligación, desde luego, de corregir los males endémicos: el estado de las cárceles, las distintas formas de discriminación racial, religiosa, de género o por preferencia sexual, y la carencia de controles rígidos en torno a las fuerzas de seguridad en el combate contra el crimen. Un riesgo grave es la creación de fricciones y tensiones con otros países extranjeros que ocasionen pérdidas de oportunidades comerciales o de inversión al Estado que las procura. ¿Será capaz el MERCOSUR, más allá de una alianza arancelaria, de velar por la condición social de los ciudadanos?