La Xunta impulsa la conservación de rías y ríos con la ‘Lei de mellora do ciclo integral da agua’

Galicia quiere dar el paso definitivo para sanear sus rías y ríos con el impulso de la ‘Lei de mellora do ciclo integral da auga’, que supondrá aplicar un nuevo modelo de gestión de los servicios urbanos de agua que garantice la eficacia, la eficiencia y la profesionalidad. A pesar de que las competencias de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua son municipales, desde la Xunta son conscientes de las dificultades de los municipios pequeños para mantener estos servicios con calidad y por eso los asumirán siempre que el ayuntamiento lo solicite de manera voluntaria. Este cambio en el modelo de gestión, explican desde la Xunta, no supone ninguna nueva tasa, simplemente reordena las que ya existen.

La Xunta, a través de Augas de Galicia, se ofrece a asumir la gestión del agua en los ayuntamientos que lo soliciten de manera voluntaria, ya que considera que la dificultad para dotarse de infraestructuras y gestionarlas hace que muchos de los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, tengan grandes dificultades para ejercer estas competencias de forma adecuada. 

La necesidad de realizar cuantiosas inversiones y tener conocimientos técnicos especializados, así como la dispersión geográfica, la compleja orografía de Galicia y la resistencia a repercutir en los vecinos el coste del servicio son los principales problemas de los ayuntamientos a la hora del saneamiento, depuración y abastecimiento de agua.  

La Xunta, por medio de Augas de Galicia, ha invertido a lo largo de la última década 1.100 millones de euros para mejorar la gestión del agua, que se traduce en una extensión de los servicios, en los que la capacidad de depuración pasó de 1,8 millones de habitantes en 2009 a más de 3,3 millones en la actualidad; en una mejora de los mismos, ya que actualmente el 90% de las aglomeraciones urbanas cumplen las directivas europeas frente al 50% que lo hacía en 2007; y en una mejora de la calidad del agua, incrementándose en casi 10 puntos el porcentaje de aguas en buen estado.

Hasta el momento, el apoyo de Augas de Galicia siempre estuvo encaminado a la ejecución de infraestructuras pero los problemas aparecen cuando no se hace una gestión adecuada de la mismas, de manera que la mitad de las depuradoras gestionadas por ayuntamientos tienen deficiencias en su funcionamiento, perjudicando la calidad de vida de los vecinos, el cuidado del medio y las actividades económicas. Ante esta situación, muchos ayuntamientos piden a la Xunta que asuma la gestión de sus infraestructuras para garantizar que funcionan de manera adecuada. 

Hay ayuntamientos con grandes necesidades de inversiones derivadas de una mala gestión de las infraestructuras ejecutadas previamente o deficiencias en las redes como los ayuntamientos de Viveiro, Lalín o Vilagarcía de Arousa. 

Las redes de alcantarillado registran en numerosas ocasiones infiltraciones en el saneamiento o fugas en el abastecimiento que suponen un sobrecoste y una ineficiencia de los servicios. Por este motivo, desde la Xunta se aboga por realizar un análisis global de los sistemas a la hora de planificar las inversiones. 

La nueva ‘Lei de mellora do ciclo integral da auga’, que regula, amplía y extiende el apoyo de Augas de Galicia a los ayuntamientos en sus competencias sobre la gestión del agua, impulsa un modelo de gestión de los sistemas basados en el conocimiento, en la planificación y en la búsqueda de la eficiencia dotado de instrumentos estratégicos como el plan de control de los vertidos, el plan de reducción de aguas blancas en las redes de saneamiento o el plan de eficiencia energética. 

En esta nueva Lei se regulará el procedimiento para blindar la eficacia, la eficiencia y la corresponsabilidad del servicio. En todo caso y antes de asumir este servicio, Augas de Galicia realizará una auditoría integral del sistema que incluirá la estimación de las inversiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento.

La financiación de las obras que se consideren necesarias, en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, deberán cofinanciarse entre la Xunta y los ayuntamientos, con la participación abierta a las diputaciones provinciales y a las confederaciones hidrográficas correspondientes.