Miranda acusa al Gobierno central de abandonar a su suerte a los españoles del exterior con el deterioro de los servicios públicos

En presencia de la directora general Elena Bernardo, el representante de la Xunta en el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior aseguró que no puede “dar su aprobación” a esas políticas, basadas más en palabras bonitas que en los hechos. Miranda habló de “perdida de apoyos” por parte del Gobierno central a “las entidades y a las personas” que residen fuera con la supresión de programas de ayudas que “ya no se convocan”, dijo, mientras que otras se retrasan. Sobre estas últimas, aludió a los más de un millar de venezolanos que llevan “hasta tres años” aguardando por las partidas del Gobierno. Se trata de “un derecho legal”, y no debería responder solo a la “voluntad política” de los que tienen la competencia para hacerlas efectivas en este momento, apuntó el secretario xeral.

Asimismo, calificó de “falso” el argumento que el Ejecutivo central esgrime para reducir o retrasar la aportación económica a la colectividad en el exterior, puesto que la recaudación del Estado con la subida de impuestos se incrementó en 32.000 millones de euros, por lo que, trasladando esa cantidad a las partidas que deberían destinarse al exterior, consideró que se estaría hablando de “bagatelas”.

En materia de derechos civiles, “no vamos mejor”, aseguro el titular de Emigración de la Xunta, ya que con la ley de Memoria Democrática se cometieron los mismos errores que con la de Memoria Histórica, que no ha hecho otra cosa que provocar “inseguridad jurídica”. Al respecto, les reprochó que no se haya utilizado la proposición de ley aprobada por todos los partidos en el Senado para elaborar lo que considera una ley necesaria para el derecho a la nacionalidad. En su lugar, ha habido que "remendar” la Ley de Memoria Histórica “con interpretaciones e inventándose un mecanismo que no está en la Constitución Española” ,y “hacerlo por la puerta de atrás para que los españoles en el exterior le deban el favor a un determinado gobierno”. “Eso no es respeto por los ciudadanos en el exterior, eso es tratarlos como mercancía electoral”, espetó Miranda.

A este respecto, recordó que con este mecanismo, los que deseen obtener la nacionalidad pueden estar “hasta 10 años para presentar la solicitud”, no para conseguir la nacionalidad, aclaró. Y aunque con la implementación del nuevo sistema del que ahora se habla, se puede “agilizar todo”, se han perdido cuatro años, lo que demuestra “falta de previsión y de cintura para adaptarse a las necesidades” de los residentes en el exterior.

El responsable de emigración de la Xunta también habló de la necesidad de ampliar los lugares para el depósito de votos, que sería uno “de los mecanismos más sencillos para acercarse a los ciudadanos”, porque “tenemos estructuras para hacerlo, funcionarios”, y está recogido en la ley, aseguró.

Respecto al retorno, insistió en que debe convertirse en una auténtica política de Estado y no recaer exclusivamente sobre las comunidades autónomas, recordando que Galicia lleva años impulsando programas específicos a través de la Estratexia Galicia Retorna para acompañar a las personas desde su salida hasta su integración efectiva. Por el contrario, en su intervención en el pleno, Miranda denunció que por parte del Gobierno central solo se habla de “anuncios”, “posibles planes, expectativas”, pero “de momento, no hay resultados”, puesto que “si los hijos de los españoles quieren hacer una carrera en España” se enfrentan a numerosos “obstáculos”, igual que para disfrutar de una beca, lo que se les haría “difícil, por no decir imposible”, matizó.

Asimismo, reprochó falta de apoyo para reforzar los vínculos con los españoles que siguen naciendo en el extranjero y también con los jóvenes y con los mayores, porque, en el caso de estos últimos, a los que están en América, no les llegan los planes del Imserso, y a los que están en Europa, les llegan de manera “parcial”.

Miranda también denunció agravios fiscales y en materia de vivienda que, quienes más los van a notar son “los que acaban de llegar”. Para paliar algunas de las carencias, puso al servicio del Gobierno, una vez más, la “experiencia” de la Xunta en materia de retorno como se hizo ya con el nuevo reglamento sobre esa materia.

Miranda, quien destacó la necesidad de apoyarse en la “seguridad jurídica” y no el “clientelismo” para responder a las necesidades de los residentes en el exterior, finalizó su intervención reconociendo que ha sido un “honor” el haber trabajado para el Consejo, haciendo mención especial a los consejeros y a su presidenta, Violeta Alonso, así como al resto de personas que colaboran en su difusión. También, y pese a la crítica que realizó a la política del Gobierno central en materia de emigración, agradeció el trabajo de los empleados de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de Políticas de Retorno y el de su titular, Elena Bernardo, colaborando con el Consejo.