El PP saca adelante la Lei de Galeguidade “con el consenso de las comunidades del exterior”

La Lei de Galeguidade superó el martes de esta semana el último escollo para su entrada en vigor, al contar con el respaldo de los diputados del PP, grupo con mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Los partidos de la oposición (PSdeG, AGE y BNG) votaron en contra al considerar que dicha Lei supone “una oportunidad perdida de regular los derechos individuales” de los residentes en el exterior. La portavoz del PP en la Cámara, Paula Prado, aclaró durante el debate que la nueva normativa nace “del consenso con las comunidades gallegas en el exterior”, por lo que reprochó a la oposición la falta de respaldo a una Lei que, además, servirá para adecuar al momento actual “la nueva realidad de la ciudadanía gallega en el exterior”.

Después de varios meses discutiendo el articulado de la Lei de Galeguidade, los portavoces de los cuatro grupos con representación en la Cámara gallega han vuelto a poner de manifiesto sus diferencias respecto a una normativa que, según el grupo mayoritario, servirá para que las comunidades gallegas en el exterior puedan mantener sus tradicionales lazos sociales y culturales con Galicia, mientras para otros adolece de falta de reconocimiento de los derechos individuales de unos ciudadanos en la diáspora que, con su esfuerzo y su trayectoria, bien podrían contribuir a proyectar Galicia en el ámbito internacional.
Así lo destacó en el debate en el Parlamento gallego la portavoz socialista de emigración, Marisol Soneira, quien incidió una vez más en la falta de reconocimiento de la nueva Lei hacia una ‘galeguidade’ en sentido individual que otorgaría a los ciudadanos en la emigración un sentido de identidad con su tierra que parece reservado exclusivamente a las entidades asociativas. En este contexto, Soneira aludió a algunos gallegos de renombre, como Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Libertad Lamarque y a tantos otros personajes de origen gallego que han llegado lejos en el panorama internacional y que, con la nueva Lei, no tendrían derecho al reconocimiento de la ‘galeguidade’. Se trata pues, dijo Soneira, de “una mala copia” de la Lei de Recoñecemento da Galeguidade –que data de 1983–, que pretende regular únicamente a “entidades y edificios”, excluyendo a las personas y olvidando a la inmensa mayoría de la población gallega en el exterior, ya que “el 90% de los residentes en la diáspora no forman parte de dichos centros”, aclaró.
Soneira advirtió que la Lei de Galeguidade reconoce a las comunidades gallegas fuera de Galicia la facultad de colaborar y compartir la vida social y cultural de Galicia, pero no establece “mecanismos de participación para los cientos de miles de gallegos que residen fuera de la Comunidad Autónoma”.

Capital humano
Se trata de una Lei “reglamentista hasta extremos absurdos, pero que no tiene en cuenta la evolución de la sociedad gallega a lo largo de los años ni las circunstancias que obligan a emigrar a lo mejor de nuestro capital humano”, apostilló la diputada socialista, quien puntualizó que la Lei tampoco incorpora instrumentos de auxilio y atención extraordinara a gallegos emigrados en situación de emergencia social, “aunque estén encarcelados”, sean “víctimas de persecución política” o damnificados por “desastres naturales”.

Legislar sobre lo legislado
La diputada del PP Paula Prado respondió a las críticas de Soneira dejando clara la intención de ésta de “querer cambiar el espíritu de esta norma para hacer una ley de ciudadanía gallega en el exterior, que no otorga un derecho más de los ya reconocidos en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, ni cuenta con el apoyo de una sola comunidad gallega en el mundo”.
Por eso, “no vamos a legislar sobre lo ya legislado”, aclaró una vez más la portavoz ‘popular’.
Prado recordó que la Lei de Galeguidade aprobada el martes de esta semana “supone un impulso a la proyección exterior de la economía gallega, a la unión de centros y al impulso del papel de la mujer y la juventud”.
Recordó además que dicha Lei contó con la aprobación del pleno del Consello de Comunidades Galegas celebrados en Buenos Aires en 2003 y que fue ratificada hace menos de un año en el X Consello de Comunidades Galegas no Exterior.
“Se trata –dijo Prado– de una reivindicación histórica, que renueva un texto legislativo de hace más de 30 años que evolucionó del mismo modo que la ciudadanía gallega en el exterior, e incorpora conceptos como economía y organizaciones empresariales”.
En este sentido, lamentó que “un proyecto de ley consensuado con sus beneficiarios no cuente con el apoyo unánime de este Parlamento”, por lo que “los grupos que votaron en negativo deberán explicar a las comunidades gallegas y a los gallegos residentes en el exterior los motivos de su decisión”, dijo Prado.
Durante el debate, el grupo mayoritario aceptó la transacción de más de medio centenar de enmiendas redactadas en el texto definitivo. Entre las mejoras cabe destacar el añadido de la regulación de la figura del retornado, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
En su articulado, la Lei habla también de la importancia de las comunidades gallegas en el exterior como ayuda a la proyección económica de Galicia. También habla de la preservación del patrimonio material e inmaterial de las entidades gallegas.
El texto aclara quién puede acogerse a la denominación de ‘galeguidade’ (los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a los cuales el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga derechos políticos, así como tambien a sus descendientes; y los ciudadanos españoles nacidos en Galicia y residentes en otra comunidad autónoma del Estado, así como sus descendientes).
Una vez aprobada en el Parlamento, la Lei entrará en vigor en el plazo de días.