La reforma de la Loreg podría dejar en manos de las comunidades autónomas la decisión de la participación de los emigrantes en sus elecciones

PP y PSOE podrían haber decidido dar marcha atrás en su pretensión de vetar a los emigrantes en las elecciones autonómicas, según informa el diario ‘La Nueva España’. Las presiones internas de los propios socialistas desde Asturias, Galicia o Canarias y también desde América y Europa así como el malestar de la diáspora ante las restricciones planteadas en la subcomisión del Congreso que debate la reforma electoral habrían forzado al PSOE a replantearse su principio de acuerdo sobre el futuro del voto exterior. Lo único que hasta el momento parecen tener claro ambos partidos es que la reforma electoral incluirá el veto a los emigrantes en las elecciones municipales, tal y como defiende el informe del Consejo de Estado encargado por el Gobierno. En el caso de los comicios autonómicos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) dejará en manos de las comunidades la decisión sobre la participación de los españoles en el exterior, a través de la creación de una circunscripción propia en el Parlamento autonómico, según explicaron a ese diario fuentes del Partido Socialista. Sería una puerta al voto emigrante que las comunidades autónomas podrán abrir o cerrar a través de las leyes electorales de cada comunidad.
Lo que todavía no parece estar claro en las negociaciones de la subcomisión del Congreso es qué papel darán a los emigrantes en las generales. La última propuesta que aludía a la creación de una circunscripción tan sólo en el Senado, con cuatro o cinco representantes, está ahora en el aire. En estos momentos, socialistas y populares debaten si se debe limitar la participación de la diáspora a sólo el Senado o se debe extender a la «Cámara dominante», en alusión al Congreso, tal y como defendió en su día el ministro de Trabajo e Inmigración, Jesús Caldera, y que así recoge el PSOE en su programa electoral. La creación de una circunscripción propia para la emigración supondría que a los senadores electos por cada provincia y los designados por cada comunidad se sumarían los elegidos por los ciudadanos españoles en el exterior. 

Este replanteamiento se ha producido a raíz de la división en el seno del PSOE ante la propuesta de socialistas y populares de restringir el derecho a voto de los emigrantes en autonómicas, municipales y limitando la participación en las generales, pero tan sólo para el Senado. Esta fórmula supondría que 1,4 millones de españoles en el exterior dejasen de votar en los comicios locales, autonómicos y para el Congreso. «Esta propuesta ya se veía irrealizable», aseguran desde el Partido Socialista.
Desde el PSOE, ahora defienden que la Loreg sólo recoja el veto en las municipales -unos comicios a los que la emigración estaría dispuesta a renunciar a cambio de una circunscripción en el Congreso y el Senado, una modificación que exigiría la reforma de la Constitución-. Para las autonómicas, dejan en manos de las comunidades que decidan si sus emigrantes participan o no en las elecciones.