El PP acusa a la oposición de utilizar de forma partidista la situación de los pensionistas retornados

Los diputados gallegos del PP en el Congreso lamentan que haya grupos políticos intentando utilizar de forma partidista la situación de los emigrantes retornados pendientes de regularizar sus pensiones, cuando “saben” que a partir del 1 de enero de 2015 entra en vigor una regularización aprobada específicamente para “solventar su situación de la forma más ventajosa posible”, ya que, “quienes se acojan a ella no pagarán sanciones, ni recargos ni intereses de demora y les será devuelto todo lo que hayan pagado”.

Así se desprende de la intervención del coordinador de los diputados gallegos del PP, Celso Delgado , quien recordó que el Gobierno ha sido muy sensible al problema de las pensiones de los emigrantes, y puso en valor la ley de reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de modificación de la ley de IRPF, por la que se ha habilitado un mecanismo de regularización extraordinaria por parte de los contribuyentes afectados con un plazo improrrogable de seis meses a partir del próximo día 1 de enero. En este sentido, Delgado recordó que el Gobierno devolverá 20 millones de euros a quienes se les cobraron sanciones o intereses por no haber declarado a Hacienda el cobro de pensiones del extranjero, tal como confirmó en el propio Pleno del Congreso el pasado 17 de septiembre el ministro Montoro en relación a este tema.

Los diputados gallegos del PP entienden que la postura de la Xunta y del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en este asunto ha sido de máxima defensa del colectivo ante el Ejecutivo y, en este sentido, recuerdan que fue el propio presidente el que se dirigió a la Agencia Tributaria para que cesara en la comunicación de los procedimientos abiertos a los emigrantes toda vez que a partir del día 1 pueden regularizar su situación.

El miércoles de esta semana, en el Pleno del Congreso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, respondió a una pregunta de la diputada socialista Laura Seara  sobre la aplicación de la ley a rajatabla incluso para aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad reconocida en el extranjero. Seara expuso el caso de dos discapacitados gallegos que cobran pensión del extranjero y, por lo tanto, tienen que pagar 500 euros, mientras que si la discapacidad fuera reconocida en España no tendrían si quiera que hacer la declaración de la renta.

la ministra de Empleo calificó la normativa actual de “injusta” y “discriminatoria” porque, adujo, “castiga en su renta al retorno”, pero responsabilizó de esta ley al PSOE, cuyo gobierno, recordó, “la aprobó en 2006”. Es más, la ministra destacó además que ha sido el actual Ejecutivo del PP el que “ha cambiado” la ley (la nueva se empezará a aplicar a partir del 1 de enero) y que “ha condonado todas estas injusticias en forma de beneficios para los emigrantes retornados”.

Báñez aseguró que el colectivo de emigrantes retornados afectados por esta cuestión, unas 33.000 personas “tiene el compromiso, el afecto y toda la atención del Gobierno” y ha afirmado que, además, tienen “lo mejor que pueden tener: la seguridad de que tanto la Constitución como el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior les defienden”.

Los diputados gallegos del PP comparten que los emigrantes retornados afectados por no haber tributado en sus países de destino ni en España no son defraudadores, sino personas mal informadas, por lo que creen que hay que facilitarles al máximo la forma de saldar su deuda con Hacienda, pero tampoco sería justo para los pensionistas españoles que han cotizado por todo lo recibido con mucho esfuerzo que otros no pagaran, apostillan.