El ministro resalta que recoge medidas clave para los pensionistas presentes y futuros

José Luis Escrivá presenta en el Congreso un proyecto de ley que “asegure pensiones estables y dignas para todos”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado en la tribuna del Congreso de los Diputados el ‘Proyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema’. Durante la presentación, ha definido el proyecto de ley como “una reforma de país”, ya que se ha elaborado a partir de las recomendaciones que aprobaron por consenso los grupos políticos en el Pacto de Toledo en 2020, con acuerdo en el diálogo social y con las autoridades europeas.

José Luis Escrivá presenta en el Congreso un proyecto de ley que “asegure pensiones estables y dignas para todos”
Captura de pantalla 2021-09-30 a las 14.00.19
José Luis Escrivá, durante su intervención en el Congreso.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado en la tribuna del Congreso de los Diputados el ‘Proyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema’. Durante la presentación, ha definido el proyecto de ley como “una reforma de país”, ya que se ha elaborado a partir de las recomendaciones que aprobaron por consenso los grupos políticos en el Pacto de Toledo en 2020, con acuerdo en el diálogo social y con las autoridades europeas.

Escrivá ha definido la reforma como “una oportunidad histórica para construir un marco nuevo y cierto que fortalezca, a través de varias herramientas, la sostenibilidad del sistema y que asegure pensiones estables y dignas para todos”. Según ha subrayado, es “un proyecto de ley que nace del consenso y que es el fruto del esfuerzo” y que recoge medidas clave para los pensionistas presentes y futuros.

“Su clave de bóveda –ha asegurado– es la eliminación de la incertidumbre de nuestros pensionistas”, por lo que su elemento fundacional es la garantía permanente del poder adquisitivo de las pensiones.

Esta reforma retoma la senda del consenso que ya estuvo presente en 2011 y elimina las incertidumbres que las reformas fallidas efectuadas en los últimos años han minado la confianza de nuestros pensionistas, ha subrayado Escrivá. Por ello, “nuestro objetivo debe ser restablecer esa confianza y hacerlo con medidas de refuerzo graduales y transparentes, que permitan a los pensionistas dejar de preocuparse por su futuro cercano y a los jóvenes recobrar la fe en el sistema”.

Dentro de estos compromisos para dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros, y garantizar la estabilidad del sistema se encuentran un mecanismo de revalorización de las pensiones, vinculado al IPC, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. También el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, el avance en la separación de fuentes de financiación desplazando los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, o las medidas para asegurar también a los jóvenes o a los recién nacidos un acceso a las pensiones.

Fórmula de revalorización

En concreto, el acuerdo recoge una fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, en cumplimiento de la recomendación segunda del Pacto de Toledo. Este mecanismo permitirá el incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.

El acuerdo, que se refleja en este proyecto de ley, plantea la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes de financiación respecto a aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no haya sido asumida todavía por el Estado, con el objetivo último de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social al final de la legislatura.

En cumplimiento de la recomendación 12 del Pacto de Toledo, se toman medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad ordinaria de jubilación. Respecto a la jubilación anticipada voluntaria se revisan los coeficientes reductores, que pasan a ser mensuales, con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras más largas.

En cuanto a la jubilación demorada, se plantea aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso. También se mejoran los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación y se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas (puede llegar a los 12.000 euros), un porcentaje adicional del 4% en la pensión, o una combinación de ambas opciones. Se acuerda además que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador.

En el acuerdo firmado en julio con los interlocutores sociales, se establece entre otros aspectos y dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de determinadas generaciones, y el aumento de la esperanza de vida, los firmantes coinciden en “recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”.