Elorza: “Hemos seguido la estrategia que nos marcamos: presión amable pero firme”

El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) de España, Francisco Javier Elorza Gavent, visitó Venezuela para reunirse con autoridades locales y con españoles afectados por las invasiones de fincas rústicas. La visita de Elorza para conversar con el Gobierno y los afectados responde a los acuerdos realizados entre los presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero, y el rey Juan Carlos I, en julio de 2008, en el Palacio de Marivent, Mallorca (Baleares) para canalizar y buscarle solución a este problema. 

Durante una reunión efectuada el sábado 21 de marzo, en la sede del Consulado General de España en Caracas, Elorza habló con más de medio centenar de afectados por invasiones de fincas rústicas, y les comunicó los resultados de sus conversaciones con el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan Carlos Loyo; el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Alejandro Fleming; y con la procuradora de la República Bolivariana de Venezuela, Gladys Gutiérrez. 
A la reunión asistieron distintas autoridades: el embajador de España en Venezuela, Dámaso de Lario Ramírez; el embajador en misión especial, Gonzalo De Benito; Aníbal Jiménez Abascal y Jorge Noval Álvarez, cónsul general y cónsul general adjunto; Jacinto Pérez Acosta, delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela; además del presidente del CRE, José Mora Medina; el consejero de ese organismo asesor consular, Richard Barreiro y Olmedo; el presidente de la FECEVE (Federación de Centros Españoles de Venezuela), Félix Barbero Martín; el presidente del Centro Cultural Español Cervantes de El Tigre (CCECT); y las abogadas que representan al escritorio de Mario Villarroel, Lybia Antipas y María Daniela Tablante, respectivamente.
Elorza aprovechó la oportunidad para comentar sobre la política que actualmente mantiene España en relación con el tema de las invasiones. “En cuantas ocasiones alguien habla a cualquier nivel con Venezuela éste es un tema que está latente, no perdemos ninguna ocasión para plantear y recordar que las invasiones de tierras deben cesar... hemos seguido la estrategia que nos marcamos: presión amable pero firme”. Recordó también que las invasiones son el resultado de la aplicación de una reforma agraria: “La ley que no podemos parar porque Venezuela es un país soberano, lo que podemos conseguir nosotros es que Venezuela respete el derecho internacional que procure indemnizaciones efectivas lo más rápido posible”.
La primera reunión de Elorza fue con el presidente del INTI.  “Además de recordarle e insistirle que continuara con sus esfuerzos yo me quejé que hubo un estancamiento de la marcha de los expedientes, desde finales de octubre a comienzos de febrero”. Al reunirse con el presidente del INTI, Elorza presentó 23 casos, que, según el bufete de abogados de Mario Villarroel, estaban muy cerca de tener solución, “o bien por la vía de la regularización o un reconocimiento de que la finca no estaba ociosa e indemnización”. 
De los 23 casos presentados fueron resueltos 15, divididos en 6 casos de regularización inmediata y 9 casos de indemnización. Según lo comunicado por el presidente del INTI, Elorza aseguró que “el INTI tiene el dinero, esos casos se resolverán inmediatamente”. Estos 15 casos resueltos representan resultados concretos que la gestión. 
En su reunión con Alejandro Fleming, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Elorza trató otro tema además distinto al de las tierras: “Insistí con él en otro punto, las invasiones en Venezuela no se limitan a tierras, también existen a propiedades urbanas e industriales que han sido invadidas o expropiadas, y, en consecuencia, allí el INTI no es competente y evidentemente las gestiones son distintas, tenemos que ir alcaldía por alcaldía y gobernación por gobernación y hemos querido pasar el mensaje a Fleming que le damos importancia también a esas invasiones”.
Como mensaje de esperanza a los asistentes, Elorza dijo: “En resumidas cuentas seguimos con ustedes, no les vamos a dejar de lado, vamos a seguir la línea que hemos venido trabajando, presión amable pero firme y tenaz que es lo único que puede resultar”.
Las acciones para enfrentar el problema de las invasiones a fincas rústicas y propiedades industriales y urbanas están trazadas. El cónsul general, Aníbal Jiménez Abascal, actuará como intermediario con el INTI, mientras que el embajador, Dámaso de Lario Ramírez, se reunirá con los alcaldes y gobernadores del interior del país. Algunos de los estados más afectados son Yaracuy, Cojedes, Anzoátegui, Portuguesa, Barinas, Mérida, Táchira y Lara.
Se tiene prevista la pronta visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. “En cuestión de semanas el ministro va a asistir a la Cumbre de las Américas que va a tener lugar en Trinidad y Tobago, y quería aprovechar la ocasión para ver a las autoridades venezolanas, y ver si podía tener acceso a una entrevista con el presidente, Hugo Chávez, y entre otros asuntos se tratará el tema de las invasiones a las propiedades de los españoles”


Número de afectados
La cifra total de afectados es de “117, de los cuales un 20 por ciento son industriales y urbanos, el resto, el 80 por ciento, son casos de tierras”, enumeró Elorza Gavent. “Para los casos agrícolas tenemos relación directa con el INTI, y en el caso de los industriales y urbanos tenemos que tratar con alcaldes y gobernadores, porque no existe un instituto para propiedades industriales y urbanas”.


Posición de autoridades venezolanas
El director general de Asuntos Consulares y Migratorios aseguró que las autoridades venezolanas se han mostrado colaboradoras, “desde hace prácticamente un año estamos colaborando con las autoridades venezolanas, existen mecanismos institucionales de cooperación, analizamos los casos, las autoridades venezolanas con gran amabilidad nos explican cuál es la situación de cada caso concreto y nosotros trasladamos los casos a las partes afectadas haciendo gestiones con las autoridades venezolanas para tratar de acelerar el procedimiento y que se reconozcan sus derechos en el caso de que lo merezcan y en el caso de que no sea así consigan la mayor indemnización por las inversiones desarrolladas en la finca”.


Acuerdos Venezuela-España
Francisco Javier Elorza no descarta la posibilidad de hacer convenios, en un futuro, con Venezuela en materia agrícola. “Hemos propuesto al presidente del INTI que se traslade a España, allá tenemos una enorme experiencia en la explotación agrícola, en España hay todo tipo de clima, explotaciones grandes o pequeñas, muy productivas. Hemos puesto a disposición del INTI nuestra experiencia”.


Mensaje a la comunidad española
El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del MAEC dejó claro que “el Estado español está cuidando de sus ciudadanos; nuestro Rey y el presidente del Gobierno han hablado con el presidente de Venezuela Hugo Chávez y han llegado a acuerdos para solventar ese problema y somos optimistas en cuanto a la voluntad del Gobierno venezolano para ayudar a que esta ley pueda tener una aplicación lo menos perjudicial para sus intereses y para el de los nacionales españoles”.


Acciones del Gobierno venezolano
Aunque hasta el momento el INTI no se ha pronunciado públicamente sobre las tierras afectadas a ciudadanos españoles, el pasado 9 de marzo, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan Carlos Loyo, afirmó que durante 2009 se centrará en el “rescate” de las mejores tierras venezolanas que permanecen en manos privadas, para destinarlas al cultivo de alimentos y transformarlas en “tierras de propiedad social”.
“Efectivamente, se va a mantener la lucha contra el latifundio a lo largo de este año, vamos a trabajar, sobre todo, los suelos tipo uno, dos y tres, que son los de mejor vocación agrícola”, declaró Loyo en rueda de prensa en la sede del INTI, en Caracas.
Esos suelos serán administrados por “comunas” bajo la figura de “propiedad social”, y en ellos se sembrarán hortalizas y semillas como maíz, sorgo, soya y caraotas (fríjoles), y se criará ganado de doble propósito (leche y carne), agregó el funcionario.
Loyo puso como ejemplo de la acción del INTI en su guerra contra la tierra ociosa el “rescate” de un total de 6.287 hectáreas en al menos dos estados del país, que “son tierras del Estado” y estaban siendo “usufructuadas por privados”.
“Todas las actuaciones” del INTI en esos casos estuvieron apegadas a la ley y se “comunicaron” debidamente a los privados, “para establecer los mejores mecanismos de diálogo” a fin de acordar las indemnizaciones correspondientes por las “bienhechurías” o infraestructura, aseveró.
Entre las 6.287 hectáreas “rescatadas” se incluyen las 1.500 hectáreas de eucaliptos de la finca El Piñal, de la trasnacional europea del cartón Smurfit Kappa Group, con sede en Irlanda, cuya intervención anunció el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Se refirió también a las fincas El Ancón, de 530 hectáreas, y Tamarindo, de 320 hectáreas, ubicadas en el estado central de Aragua, las cuales están en proceso de “rescate” desde 2007.
Al hato El Maizal, de 2.237 hectáreas, en el estado occidental de Lara y donde se cría ganado, y a la finca Unión, de 1.700 hectáreas “ociosas”.
Tras una verificación legal y técnica, el INTI determinó que “sin duda” esas fincas “son terrenos de la Nación”, y que estaban siendo mal utilizados por los “usufructuarios privados”.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró una “guerra a muerte” al latifundio en 2001, cuando aprobó una nueva Ley de Tierras en la que se señala como tal todas aquellas extensiones de más de 5.000 hectáreas.
Una vez intervenidas las tierras son repartidas entre los campesinos para que las exploten como “empresas de producción social”, dentro del llamado “socialismo del siglo XXI”, según expresó en días pasados el jefe del Estado venezolano.
Por su parte, sectores empresariales y de oposición califican de “ilegales” las intervenciones de tierras y acusan al Gobierno de querer “acabar” con el sector privado productivo.
“Esas tierras eran de la nación y estaban siendo usufructuadas por privados. No se trata de ningún tipo de intervención a la propiedad privada”, sostuvo el funcionario.