La dirección de IU, con sus federaciones en el exterior contra la limitación al voto
Los órganos de dirección de Izquierda Unida (IU), incluida su dirección federal encabezada por Cayo Lara, su Consejo Político Federal y su grupo parlamentario, expresaron el pasado domingo 23, a instancias de sus federaciones del exterior, su “rechazo frontal y general” a la reforma de la Ley Electoral auspiciada por PSOE y PP en la subcomisión parlamentaria creada a tal fin en el Congreso de los Diputados, por la que pretenden impedir a partir de ahora que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones municipales.
IU valora que “la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma electoral está a punto, a instancias de PSOE y PP, de amputar un derecho explícitamente reconocido en el artículo 149 de la Constitución, bajo el pretexto de que se han cometido irregularidades en el pasado”. Izquierda Unida se opone igualmente al llamado voto rogado, “cuyos engorrosos trámites tendrían como efecto inmediato una drástica bajada de la participación”.
IU proclama que, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, logró el pasado mes de abril encabezar el rechazo y frenar parte del proyecto de reforma electoral pretendido originalmente por las dos formaciones mayoritarias, que incluía que los residentes españoles en el exterior tampoco pudieran votar en elecciones autonómicas, en las generales al Congreso, al tiempo que se incluían graves modificaciones en las candidaturas al Senado para el voto emigrante, “en este último caso aún pendiente de resolver de forma definitiva”.
También que recibió el respaldo de asociaciones de residentes españoles en diversos países europeos y de Hispanoamérica, al tiempo que tuvo conocimiento “del profundo malestar que la actuación parlamentaria conjunta de PSOE y PP causaba entre sus propios militantes residentes fuera de España, gravemente preocupados por los recortes de sus derechos que sus mismos partidos pretendían”.
En estos momentos, cuando sigue pendiente la supresión del derecho a voto en las elecciones municipales de los españoles residentes fuera del territorio nacional, la coalición declara que esta situación sigue provocando la indignación de sus federaciones en el exterior y “de las asociaciones que representan a los cerca de dos millones de españoles que viven fuera, quienes en caso de aprobación final de la reforma de la ley denunciarían su inconstitucionalidad en los órganos competentes”.
Derecho democrático
La resolución aprobada por el Consejo Político Federal de IU, su máximo órgano entre asambleas, sobre esta cuestión expone que “en los trabajos actualmente en curso de la Subcomisión sobre la reforma de la Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), creada por la Comisión Constitucional del Congreso los Diputados, PSOE y PP estarían de acuerdo en la eliminación del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en los comicios municipales”, por lo que, dice, existe “el riesgo de ver desaparecer un derecho democrático, como es el derecho de voto en las elecciones a los ayuntamientos”.
La coalición se posiciona contra esa medida y manifiesta que “los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero, dada la gran importancia histórica de la emigración en España, están claramente fijados en la Constitución Española (artículo 149.1.2ª), que establece los derechos de los emigrantes en los ámbitos económico, social y político (artículos 42 y 68.5)”.
Indica que para llevar a la práctica este derecho constitucional se adoptó la Loreg, que reconoce el derecho de sufragio a los españoles contemplando su ejercicio por los electores ausentes en todos los procesos electorales y establece que el censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero.
“De modo que la inscripción censal en el CERA será ‘obligatoria’, y es la Administración quien debe adoptar las mejores y más adecuadas medidas para garantizar la transparencia y la universalidad del censo electoral”, mantiene.
Según IU, la principal causa alegada para la modificación de la legislación vigente es que en determinadas comunidades autónomas, como Galicia, se han producido irregularidades y situaciones discutibles, ante lo que dice que “no podemos admitir que se generalice una solución al problema mediante la supresión de derechos fundamentales”.
Recuerda también que, según la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, se reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero “a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”.
Contra el cierre de consulados
Por otra parte, la resolución denuncia “la política de cierre de consulados”, indicando que el último ha sido el de Hannover (Alemania) y que, “según se ha anunciado, podría continuar en otras ciudades alemanas y del resto de Europa”.
IU considera que el cierre de los consulados generales y de las secciones consulares contraviene al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que, indica, se determina la necesidad de que el Estado desarrolle una política integral de la emigración para “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exilados y de los descendientes de ambos”. “En efecto, son muchos los trámites administrativos y de otro tipo que se gestionan en las secciones consulares españolas y el cierre de sus oficinas causaría importantes perjuicios a los españoles residentes en el extranjero”, afirma.
