Constituiría el mayor atentado contra la democracia, desde la dictadura

Por muchas vueltas que se le dé, resulta incomprensible cómo el Gobierno, el PSOE y el Partido Popular pueden haber conjeturado privar a una parte de la ciudadanía española de su derecho más elemental, su derecho más básico, aquél que hace de cada ser humano un ciudadano igual que los demás en derechos y deberes.
Que ambos partidos, que vienen alternándose en el ejercicio del poder desde hace treinta años, y a los que tantos temas oponen radicalmente, compartan ahora el objetivo de despojar a los españoles que se encuentran en el extranjero, en situación de emigración, de su derecho constitucional de voto activo y pasivo, es cuanto menos aterrador.
Las instituciones, los gobiernos y los partidos están constituidos por personas de carne y hueso, por seres dotados de raciocinio, y que en el caso de una democracia parlamentaria como es la española, tiene como función esencial y fundamental, defender con uñas y dientes, si fuese menester, esa misma democracia y el Estado de Derecho que la sustenta.
De ahí, que más allá de la subcomisión parlamentaria de la que emana tan nefasta propuesta, quepa preguntarle al señor José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y del partido que ostenta la mayoría parlamentaria, si se ha dado cuenta que privar a cerca de un millón tres cientos mil personas de su derecho de voto supondría el mayor atentado institucional contra la democracia perpetrado desde la dictadura.
Hay que preguntarle a tan insigne personalidad si está dispuesta a asumir ante los ciudadanos y ante la Historia semejante quebrantamiento de los principios democráticos.
Y puesto a hablar de personas de carne y hueso, la misma pregunta habría que hacérsela al presidente del principal partido de la oposición, esto es, el señor Mariano Rajoy, y a todos y a todas las señoras y señores diputados y senadores de nuestro país.
Quepa destacar que, además de antidemocrático, el mencionado proyecto de reforma electoral es también absolutamente anticonstitucional. Razón por la cual, confiamos plenamente en que no se llevará a término.
Que haya que proceder a una reforma de la Ley Electoral española es algo necesario y urgente. Pero tiene que ser una reforma dirigida a alcanzar mayores cotas de democracia y no a rebajarlas. Una reforma que cumpla la ya histórica reivindicación de las organizaciones de representativas de la emigración española de permitir a los españoles que se encuentren residiendo fuera del país elegir a sus representantes parlamentarios directos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y ello siguiendo criterios de proporcionalidad similares a los de cualquier circunscripción electoral española, pero también a facilitar la participación en las elecciones municipales y autonómicas, prescindiendo de cualquier tipo de voto rogado por ser éste una anomalía intolerable.
Esa es la única reforma electoral justa que se impone acometer con urgencia para alcanzar una democracia plena y auténtica en la que todos los ciudadanos seamos realmente iguales como marca la Constitución.
Los casi dos millones de españoles que nos encontramos fuera, por razones de emigración, así lo exigimos.

José Povedano, Vicente Martínez y Antonio Aliaga, que son, respectivamente, presidentes de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo de Alemania (CFMA), la Federación de Asociaciones de Jóvenes en Alemania (FAJA) y la Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia (Faceef)