Los consejeros generales reclaman que se refuercen y reorganicen los recursos humanos y materiales de la red consular
La Comisión de Asuntos Sociolaborales incluyó entre sus iniciativas la que hace referencia a la necesidad de activar un plan de choque frente a los efectos de esta ley en las oficinas consulares, que pase por el aumento de su asignación presupuestaria.
La propuesta expone que la implementación de la Ley de Memoria Democrática generó un volumen de solicitudes de nacionalidad tan elevado que, desde entonces, el servicio exterior sufre una sobrecarga estructural sin precedentes.
A raíz de su aprobación, se prevé que la población española en el exterior se incremente y pase de los algo más de tres millones actuales a más de cinco millones en los próximos cinco años.
Sin aumento proporcional en la dotación presupuestaria, la Comisión entiende que “resulta materialmente imposible gestionar este crecimiento exponencial”. No obstante, el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), que asegura compartir la preocupación con los consejeros sobre este punto, asegura carecer de presupuesto suficiente para ejecutar las mejoras que se solicitan.
La respuesta del departamento que dirige José Manuel Albares desemboca, según se recoge en el texto de la Comisión, en la “discriminación de la ciudadanía española en el exterior frente a los residentes en España”, entre otras razones, porque existen consulados que cubren extensiones territoriales superiores a los nueve millones de kilómetros cuadrados, lo que obliga a los ciudadanos a desplazarse durante más de diez horas, con el consecuente “coste económico y de tiempo” que ello acarrea. Además, añade que la escasez de personal, la sobrecarga de trabajo y el estado en el que se encuentran algunos de los espacios en los que se realizan estas gestiones –“no cumplen los mínimos de dignidad y salubridad”, se afirma–, “están afectando gravemente al bienestar físico y mental del personal” que desempeña su tarea en dichas oficinas.
La Comisión también observa un incremento sostenido del número de jóvenes profesionales y de estudiantes cualificados que demandan servicios consulares más especializados y ágiles y para lo que no hay respuesta en la estructura actual.
Asimismo, inciden en los efectos de la digitalización que, si bien sirve para mejorar la eficiencia en algunos aspectos, “no sustituye la necesidad de personal presencial, especialmente en las fases de adaptación de la Ley de Memoria Democrática y para la atención de colectivos vulnerables o trámites que requieren presencia física”.
Conscientes de que España posee una de las redes consulares más amplias del mundo, los miembros de la Comisión de Asuntos Sociolaborales dejaron constancia igualmente en su escrito de la necesidad de implementar recursos con el fin de hacerla “funcional”, “garantizar un trato digno e igualitario” a los residentes en el exterior, “mejorar las condiciones laborales y reducir la sobrecarga del personal” y “fortalecer la imagen de capacidad de gestión del Estado español internacionalmente”.
Con el fin de garantizar la efectividad de la atención que prestan a los usuarios, los integrantes del pleno asumieron la propuesta de Asuntos Sociolaborales, en la que se insta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda y Función Pública a que se refuercen y también reorganicen –esta última consideración, a petición del secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda– los recursos humanos (personal laboral fijo) y materiales (edilicios) de estos servicios, con prioridad en América y Europa.
