El Congreso insta al Gobierno a seguir desarrollando el Estatuto del exterior

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobó el pasado miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista instando al Gobierno a seguir el impulso continuo de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ECEE), a la que fue presentada una enmienda del Grupo Popular sobre la implantación del voto en urna para los españoles residentes en el exterior, que fue rechazada por el Grupo proponente recordando que en esos instantes estaba reunida la Subcomisión encargada del estudio de la reforma de la Loreg, que trabaja en ese asunto.

La proposición del Grupo Socialista fue defendida por el diputado Rafael Herrera, quien recordó que el Estatuto, Ley 40/2006, de 14 de diciembre, concilió un acuerdo unánime en la Cámara en “reconocimiento a los hijos de la diáspora, poniendo un instrumento a su servicio que aglutinara la normativa que les relacionaba con su país de origen”. “El Estatuto parte de una idea nuclear: todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, son ciudadanos de pleno derecho. Un total de 1.650.000 ciudadanos son destinatarios de esta norma, especialmente en Iberoamérica”, dijo.
También subrayó que esta ley “supone un avance significativo en el reconocimiento de los derechos a todos los ciudadanos y la extensión del Estado del bienestar, pues consolida como auténticos derechos prestaciones sociales que, pese a su importancia, hasta ese momento parecían dispensarse por el Estado a sus ciudadanos como meras concesiones”.
Herrera recordó que “con la generosidad de los emigrantes se dieron mejores condiciones de vida a los que aquí quedaron, dejando espacios para repartir lo poco que había y con la aportación de las remesas”. También que los españoles que emigraron a países desarrollados viven hoy con la protección del Estado de destino pero quienes lo hicieron a los llamados países promesa ayudaron a construir un país y consolidaron su estatus social pero, ante distintos avatares, perdieron la protección social de ese Estado. “Esos son los destinatarios del mayor esfuerzo en el desarrollo del Estatuto”, dijo.
Para ellos, recordó, “la ley reconoce derechos y prestaciones que antes aparecían dispersos y con muchas lagunas, insuficientes en comparación con los españoles residentes en nuestro país y ponía confusión” y avanza en el ejercicio de nuevos derechos para garantizar cotas de bienestar a los ciudadanos españoles en el mundo, procurando la adaptación del sistema de protección social a las necesidades actuales, “modernizando los instrumentos de la acción pública y teniendo como objetivo el reconocimiento pleno del ejercicio de sus derechos”.
También señaló que el Estatuto está favoreciendo la cooperación entre las distintas administraciones para una mejor gestión de los recursos que se destinan a la atención de los ciudadanos españoles en el exterior.
Según el diputado socialista, desde la aprobación de esta ley el Gobierno ha realizado un esfuerzo normativo importante que se ha concretado en tres reales decretos y una orden, “que han hecho posible la plasmación de esos derechos fuera de nuestras fronteras” y ha concretado otras actuaciones no normativas, como la Oficina Española del Retorno, el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Comisión Sectorial de la Ciudadanía Española en el Exterior.
No obstante apreció que es necesario seguir trabajando en este ámbito. Por ello, y recordando que una enmienda introducida por el PSOE incrementó el presupuesto para la emigración en su paso por el Congreso en 3,5 millones de euros, dijo que, sobre esta base, los objetivos prioritarios a acometer respecto a los derechos consagrados por esta ley y que aún no han sido plasmados son, entre otros, extender a la ciudadanía en el exterior el sistema para la autonomía y la atención de la dependencia y fomentar medidas para satisfacer el derecho en materia de empleo.


Enmienda del PP
La enmienda del Grupo Popular, que defendió la diputada Belén do Campo, procuraba, fundamentalmente, el voto en urna para los españoles en el exterior en las mismas condiciones que se realiza para los del interior y que la reforma se realice con la diligencia necesaria para que esté en vigor para las próximas elecciones autonómicas gallegas.
Do Campo consideró que la proposición no de ley que presentaba el Grupo Socialista era insuficiente “respecto a lo que debe ser un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior” y se preguntó por qué después de casi dos años de entrada en vigor del Estatuto no se cumple la disposición adicional segunda que, señaló, autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de las competencias del Estado dicte las disposiciones necesarias para su aplicación y desarrollo, valorando que sin el desarrollo reglamentario se está prácticamente igual que antes.
Según la exposición de la diputada del PP, la enmienda también se refería a otras materias como la Seguridad Social, la atención a la dependencia, la protección de la salud, la educación y la nacionalidad española para los descendientes españoles, pero, como se ha indicado, sobre todo al derecho a la participación.
En este sentido Do Campo recordó que el Parlamento de Galicia aprobó en julio por unanimidad una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y pidió que su contenido esté en vigor para las próximas elecciones autonómicas gallegas, “teniendo en cuenta la importancia que tiene el voto de los españoles residentes en el exterior en todos los procesos electorales ya que son, en la actualidad, 1.222.631”.
“De ellos, 331.191 son gallegos. Es decir, el 27 por ciento del total, lo que supone un 12 por ciento del voto gallego”, añadió para reforzar su enmienda, apuntando además que se trata de un compromiso electoral del presidente del Gobierno de hace ya cinco años sobre el que la secretaria de Estado de Emigración, Consuelo Rumí, le dijo hace cuatro que necesitaba de una reflexión muy tranquila. “Si en las próximas elecciones autonómicas los españoles que viven fuera no pueden votar en urna será porque no hay una voluntad política por parte de este Gobierno, y el responsable será el señor Zapatero”, finalizó.