La Comisión de Mujeres y Jóvenes aprobó en el pleno mejoras en el acceso al voto de los discapacitados cognitivos

La consejera Nuria Fraile Díaz (Reino Unido) presentó en el pleno y de manera conjunta con la Comisión de Derechos Civiles, una propuesta para lograr mejoras urgentes en la accesibilidad del voto para las personas con discapacidades cognitivas. Dicha propuesta, que contó con la aprobación de los representantes de la emigración, aboga por la simplificación del lenguaje en las papeletas electorales, por proporcionar material de voto accesible, ofrecer asistencia personalizada en los centros de votación, dotar de formación al personal electoral en cuanto a sensibilización, realizar consultar previas al proceso electoral y mantener diálogo con las organizaciones de discapacidad, así como promover la innovación tecnológica, con recursos ‘online’ y ‘apps’, y la participación activa.

Sobre la discapacidad, también se aprobó, a propuesta de la consejera por Alemania Violeta Alonso Peláez, el reconocimiento de la calificación y grado de discapacidad a personas españolas residentes en el extranjero, otorgando una tarjeta acreditativa a los nacionales residentes en el extranjero que les permita disfrutar de ella durante sus desplazamientos a España o para cualquier otro trámite a nivel estatal de los derechos previstos en la legislación. Asimismo, y en este caso, a propuesta de la consejera Nuria Fraile, se solicitó la inclusión, en calidad de vocal, de un miembro del CGCEE con alguna discapacidad en el Consejo Nacional de la Discapacidad.

En materia legislativa, por iniciativa de Fraile Díaz, se acordó solicitar la modificación del real decreto y la orden sobre la convalidación del diagnóstico a personas que hayan obtenido un informe médico de discapacidad en el exterior, especialmente, de aquellas discapacidades reconocidas como crónicas y de por vida, sin requerir una reevaluación médica en territorio español.

Asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer tuvieron también protagonismo durante las sesiones de trabajo, donde se debatió y aprobó, a propuesta de la consejera por Alemania, la tramitación de ayudas económicas para las residentes en el exterior que sufren violencia sexual, ya que, en la actualidad, solo se puede acceder a ellas si se reside en España. También se solicitó al Ministerio de Igualdad y, en concreto, al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, incluir al menos una vocalía en su composición destinada al Consejo General, como organizador de la sociedad civil en representación de las mujeres españolas en el exterior.

El apartado referido a los jóvenes logró consenso para la revisión del acuerdo entre España y Canadá relacionado con su movilidad cuando esta sea necesaria por motivos de estudio o trabajo. A este respecto, se pretende que a las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años le sea concedido un permiso por dos años o puedan solicitarlo por segunda vez.

Las personas de edad avanzada también se podrán ver beneficiadas de la propuesta aprobada para que se implementen medidas que les hagan más accesibles los servicios consulares. A propuesta del consejero por Canadá, Pablo Ruisánchez Ortega, entre las señaladas, se apunta a que los mayores de 65 años no necesiten cita previa para ser atendidos presencialmente, darles prioridad cuando haya afluencia de gente en las oficinas consulares, ofrecer un horario especial y jornadas específicas de atención presencial sin cita previa, garantizar la accesibilidad de las oficinas consulares para los que presenten movilidad reducida y establecer medidas de seguimiento y control que garanticen la efectiva implementación de medidas incluidas en el plan.

Un último acuerdo hace alusión a la dotación de un asesor de carácter técnico en materia de servicios sociales en el Ministerio de Asuntos Sociales, Unión Europea y Cooperación.